La pausa no alcanza: La oposición redobla la ofensiva contra el fiscal que liberó a Barrelier en 2025

Ante la solicitud del Ejecutivo provincial al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que defina durante este mes la fecha de jura de la cúpula de la flamante Procuración Penitenciaria de Córdoba (PPC), la oposición se propone trasladar la disputa política al recinto legislativo.

Aunque la designación de Iván Rodríguez permanecerá suspendida, el juecismo busca que la Unicameral emita un pronunciamiento institucional contra su asunción como procurador penitenciario adjunto, en un mensaje dirigido al TSJ. Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) profundizó la ofensiva opositora y presentó una iniciativa para que se revoque el acuerdo legislativo que permitió la designación del fiscal en la nueva estructura penitenciaria.

De este modo, el nombramiento de Rodríguez volverá a convertirse en un nuevo foco de tensión política. En medio de las derivaciones del caso Barrelier, el juecismo impulsará la discusión en la sesión del miércoles sobre la situación del fiscal que en mayo de 2025 autorizó la liberación de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Así, ambos bloques opositores insisten en trasladar sus cuestionamientos al plano institucional, con críticas dirigidas al gobierno provincial y un mensaje político hacia el máximo tribunal de Justicia. 

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En este escenario, el Ejecutivo provincial busca avanzar con la puesta en funcionamiento de la Procuración Penitenciaria, aunque con la decisión de mantener en pausa la incorporación efectiva de Rodríguez. Fuentes judiciales indicaron que, por el momento, no existe una fecha confirmada para el acto de juramento.

La postergación de la jura del fiscal aparece como una salida política para evitar que la puesta en marcha del organismo quede condicionada por una disputa institucional de mayor escala. No obstante, la oposición considera insuficiente esa señal y decidió ampliar la presión para impedir que Rodríguez acceda al cargo y revisar una designación aprobada en diciembre pasado con los votos del oficialismo y sus aliados.

Una señal política al TSJ

El bloque del Frente Cívico, conducido por Walter Nostrala, llevará el tema al recinto durante el próximo plenario legislativo. Según confirmó el propio legislador a Perfil Córdoba, solicitará el tratamiento sobre tablas de la iniciativa para que la Cámara fije una posición institucional.

La avanzada juecista se desplegó luego de que tomaran estado público las derivaciones políticas del caso Agostina Vega, cuando presentó un proyecto para que la Legislatura solicitara al TSJ diferir o suspender la jura de Rodríguez.

Asimismo, la ofensiva avanzó con la presentación de pedidos de jury contra el fiscal impulsados por distintos sectores opositores, que cuestionan la decisión de haber otorgado la libertad bajo una fianza de entre 5 a 10 millones de pesos a Barrelier, quien había permanecido detenido durante veinte días en una causa por privación ilegítima de la libertad contra una joven de 20 años.

En los fundamentos del pedido dirigido al máximo tribunal, los legisladores del Frente Cívico sostuvieron que la designación de Rodríguez representa "un claro avasallamiento a los pilares fundamentales del constitucionalismo: la división de poderes y la imparcialidad con la que un funcionario público debe ejercer su cargo".

Además, argumentaron que existiría una "falta de idoneidad moral y ética" para ocupar una función cuya misión central será la protección de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

Con este argumento, el juecismo no sólo cuestiona la designación de Rodríguez, sino también el esquema institucional de la nueva Procuración Penitenciaria, un organismo que tendrá autonomía funcional y dependerá del Poder Judicial.

Frente a este escenario, la oposición dura busca que la Legislatura emita una señal política directa hacia el TSJ, más allá de la concesión del Ejecutivo de congelar transitoriamente la incorporación del fiscal cuestionado.

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Revocar el acuerdo legislativo

Por su parte, la bancada radical profundizó la ofensiva a través de una iniciativa impulsada por su presidente de bloque, Matías Gvozdenovich. El proyecto solicita que la Legislatura anule la Resolución R-4228/25, aprobada el 30 de diciembre pasado, mediante la cual se prestó acuerdo para designar a Rodríguez como procurador penitenciario adjunto.

El jefe del bloque radical fundamentó su pedido en "los gravísimos hechos sobrevinientes" vinculados con la actuación de Rodríguez como fiscal durante 2025, particularmente por haber otorgado la libertad bajo fianza a Barrelier mientras permanecía abierta la investigación por privación ilegítima de la libertad.

De igual modo, la UCR incorporó como argumento los pedidos de jury presentados contra el funcionario judicial por presunto mal desempeño y negligencia grave.

"La liberación bajo fianza del imputado refuerza la hipótesis de la parcialidad con la que operó el fiscal Rodríguez y el compromiso que manifiesta de preservar los intereses del poder político de turno", fustigó Gvozdenovich.

El radicalismo también cuestionó que Rodríguez pueda acceder a un cargo vitalicio con máximo nivel salarial al formar porte del nuevo organismo y apuntó contra lo que considera un "premio político" otorgado por el oficialismo.

En concreto, la UCR reclama que la Legislatura se pronuncie por la revocatoria de la designación y que el Poder Ejecutivo presente un nuevo postulante para cubrir la vacante.

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La PPC, bajo tensión política

El Ejecutivo espera que antes de fin de mes pueda ponerse en marcha la Procuración Penitenciaria encabezada por Bettina Croppi, una estructura cuestionada por la oposición, que estará encargada de controlar, monitorear y supervisar el Servicio Penitenciario de Córdoba.

Croppi estará acompañada por Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano como procuradoras adjuntas, mientras que Melani Mattia ocupará la Secretaría Técnica.

Aunque la jura de Rodríguez continuará en pausa, su situación mantiene abierto un conflicto político que promete trasladarse al recinto legislativo y volver a tensionar la relación entre el oficialismo y el arco opositor.