El gobierno de Martín Llaryora dio un paso concreto para destrabar la puesta en marcha de la Procuración Penitenciaria de Córdoba: solicitó al Tribunal Superior de Justicia que fije la fecha de jura de sus nuevas autoridades y ofreció cuatro opciones en la última semana del mes, que se precisará más pronto que tarde.
El organismo, creado por ley en diciembre de 2025, nunca llegó a funcionar. Su lanzamiento acumuló postergación tras postergación hasta quedar atrapado en el peor momento político posible: la conmoción pública por el femicidio de Agostina Vega.
El nombre que no aparecerá en ese acto es el de Iván Rodríguez. El fiscal tiene pliego aprobado por la Unicameral para asumir como Procurador Penitenciario Adjunto, pero su trayectoria reciente lo convirtió en una figura imposible de sostener en cualquier escenario de visibilidad institucional.
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Rodríguez fue el fiscal que en mayo de 2025 autorizó la liberación de Claudio Barrelier –principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años- tras apenas 20 días de detención y una fianza de cinco millones de pesos, mientras el expediente por privación ilegal de la libertad agravada de otra mujer permanecía abierto y sin resolución.
El acto lo protagonizarán Betina Croppi, quien asumirá como Procuradora General, las adjuntas Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano, y Melani Mattia como secretaria técnica. Pero la jura tiene una derivación que en el llaryorismo prefieren no subrayar demasiado: la salida de Croppi de la Fiscalía General abre el lugar que ocupará Néstor Gómez, funcionario de estrecha confianza del gobernador.
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La oposición llegó al escenario con munición propia. UCR, Frente Cívico, PRO, La Libertad Avanza y otros bloques presentaron pedidos de jury contra Rodríguez y contra el fiscal Raúl Garzón, responsable de la investigación del femicidio. Las críticas a Garzón apuntan a la demora en los allanamientos, la tardanza en activar el Alerta Sofía y una conferencia de prensa en la que calificó el crimen de Agostina como "homicidio".
La exclusión de Rodríguez del acto de jura es la única concesión visible que el Ejecutivo ofreció hasta ahora en este conflicto. No es una sanción: el fiscal conserva su cargo, sus funciones y su designación en la Procuración formalmente intacta. Es, en todo caso, una pausa táctica. El jury no opera con plazos fatales, requiere revisión formal, remisión de actuaciones del propio Ministerio Público Fiscal y decisión del Jurado de Enjuiciamiento, sin fechas comprometidas en ninguna de esas etapas. Esa arquitectura procesal le otorga al oficialismo tiempo para administrar el desgaste: cuanto más tarde el proceso, más probabilidades tiene el ruido de ceder antes de que el jury obligue a tomar decisiones de fondo.
