El caso Claudio Barrelier volvió a ocupar el centro de la escena política en el Concejo Deliberante de Córdoba, en medio del debate por la modificación de la normativa local que regula el ingreso, permanencia y control de antecedentes de los empleados municipales.
La comisión de Legislación General, presidida por Nicolás Piloni (HUxC), recibió este miércoles al secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, quien defendió los cambios propuestos al Estatuto del Empleado Municipal y respondió los pedidos de informes de la oposición vinculados a la situación laboral de Barrelier.
La presencia del funcionario se produjo en un contexto marcado por el fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición por las derivaciones políticas del caso. Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, había tenido vínculo laboral con el municipio dentro de la Escuela de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito.
Ante los concejales, Lorenzatti ratificó la postura expresada por el intendente Daniel Passerini: reconoció que hubo fallas en los controles internos y sostuvo que, por ese motivo, se decidió apartar a los funcionarios involucrados. En esa línea, defendió la decisión de descabezar la estructura jerárquica de esa dependencia municipal.
Sin embargo, desde la oposición remarcaron que existió un acto administrativo que permitió a Barrelier avanzar desde la condición de becario hacia una contratación bajo el artículo 8°. Se trata de un mecanismo que puede funcionar como una vía hacia la estabilidad dentro del Estado. La incorporación se realizó mediante la Resolución 1553/2026, según había señalado la concejala radical Verónica Garade Panetta.
Lorenzatti insistió en que Barrelier “nunca fue empleado municipal” y explicó que la resolución firmada establecía la posibilidad de pasar a la condición de contratado junto con otras nueve personas, siempre que cumplieran determinados requisitos. Según relató, pocos días después de esa disposición ocurrió el femicidio de Agostina, con lo cual ese proceso no llegó a completarse y Barrelier continuó únicamente como becario.
Asimismo, el funcionario señaló que otros becarios fueron dados de baja mediante distintas resoluciones administrativas por no cumplir con las condiciones exigidas.
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El control de antecedentes
Frente a este escenario, el eje de la discusión pública se trasladó hacia la necesidad de reforzar los controles sobre los agentes municipales. El proyecto enviado por la gestión Passerini propone modificar el Estatuto para ampliar los mecanismos de verificación de antecedentes penales, incorporar nuevos requisitos de ingreso y establecer controles periódicos durante la relación laboral.
“El objetivo es advertir temprano si hay agentes que pueden implicar un riesgo y tomar conocimiento en tiempo y forma de sus antecedentes. Pero tenemos que decidir con racionalidad y lejos del estrépito”, afirmó Lorenzatti durante la reunión de comisión.
El funcionario explicó que un certificado de antecedentes limpio refleja una situación determinada en un momento concreto, pero no permite anticipar la comisión futura de un delito. Con ese argumento, sostuvo que el desafío del municipio es contar con información actualizada sin afectar garantías constitucionales.
La propuesta oficial establece una actualización de antecedentes cada seis meses y suma controles vinculados al consumo de sustancias psicotrópicas ilegales.
“Passerini es una persona de bien, no protegió a nadie. Asumimos la responsabilidad por el error y echamos a quienes se equivocaron. Ahora hay que mejorar hacia adelante, porque el compromiso de esta gestión es hacer las cosas bien”, afirmó Lorenzatti.
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La cadena de mando, el eje de la oposición
Desde los bloques opositores cuestionaron que el municipio no haya actuado con mayor rapidez ante las advertencias internas sobre la situación judicial de Barrelier y señalaron que el problema excede la existencia o no de certificados de antecedentes.
La titular del bloque juecista, Graciela Villata, sostuvo que la principal falla estuvo en la cadena de mando y en la falta de reacción de los funcionarios responsables.
“Más allá del certificado de antecedentes que presentó Barrelier en noviembre de 2024 y que figuraba limpio, el problema grande acá fue la cadena de mando”, cuestionó la concejala.
Villata sostuvo que, si una persona vinculada al municipio permanece más de 20 días sin presentarse a trabajar, la administración debería activar mecanismos de desvinculación. En ese sentido, cuestionó que una directora haya informado que Barrelier estaba detenido y que, aun así, no se haya producido una baja inmediata.
“Puede haber muchas ordenanzas, pero si la cadena de mando no está aceitada y no nos hacemos responsables de las decisiones, esto vuelve a pasar”, advirtió la edila, al tiempo que cuestionó una protección interna. En ese plano, afirmó que “hubo alguien superior que dijo: ‘con los compañeros no se meten, no se toca’”.
Tras la reunión de comisión, el radical Sergio Piguillem sostuvo que las respuestas del funcionario “fueron generales, sin brindar precisiones ante preguntas puntuales”. “La negativa a brindar respuestas por escrito es una constante en el Ejecutivo municipal. No contribuye en nada a dar transparencia a los actos de gobierno”, criticó.
En esa línea, el edil radical afirmó que Lorenzatti “convalidó las expresiones del ministro Daniel Pastore respecto de la precarización laboral instrumentada desde 2019”, y cuestionó que el Ejecutivo presente como un logro “el no ingreso a planta de agentes” mientras, al mismo tiempo, incorporó trabajadores bajo modalidades precarias.
“Es increíble que funcionarios del peronismo se refieran a los derechos laborales como un problema y naturalicen la informalidad laboral”, completó.
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Dos modelos en discusión
Además del proyecto del Ejecutivo, el Concejo analiza una iniciativa impulsada por Piguillem que apunta a establecer un sistema permanente de actualización de antecedentes para todo el personal municipal: planta permanente, planta transitoria y contratados.
La propuesta opositora plantea que la verificación no dependa del trabajador, sino que sea el propio municipio el encargado de cruzar información con la Provincia y la Justicia.
Según explicó el concejal, Lorenzatti señaló que el Ejecutivo “está estudiando” su proyecto y que existen "dudas" respecto de una eventual afectación de garantías constitucionales, aunque cuestionó que el funcionario no haya brindado precisiones sobre ese punto.
De este modo, el debate legislativo se concentra en una misma problemática: cómo transformar un esquema basado en controles iniciales en un sistema continuo que permita detectar cambios en la situación judicial de los agentes. Pero los proyectos del Ejecutivo municipal y de la UCR difieren en la lógica propuesta para resolver la falla estructural que, según la oposición, quedó expuesta tras el caso Barrelier.
