Ley Antibúnker: el oficialismo marcó la cancha a horas de su sanción y la oposición habló de "sobreactuación"

La ley Antibúnker es el tema central de la genda política del día en Córdoba y por ello hubo un despliegue oficial para anunciarlo. El acto reunió al gobernador Martín Llaryora, al ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, además de la cúpula policial y penitenciaria, en una conferencia de prensa que antecedió por apenas unas horas al debate en el recinto legislativo.

La escena llamó la atención en los pasillos legislativos por un motivo puntual: la ley ya contaba, según pudo reconstruir PERFIL CÓRDOBA, con un dictamen de consenso que incorporaba cerca del 90% de las propuestas presentadas meses atrás por el legislador del PRO Oscar Agost Carreño, además de aportes sustanciales del proyecto radical de Oscar Saliba.

Llaryora pidió reflexión y respaldó a la Policía tras los incidentes: "No es justo que algunos delincuentes empañen el festejo"

Ese dato -la ley que la Unicameral sancionará este miércoles por amplia mayoría lleva la impronta de tres bancadas y no solo la del Ejecutivo- convivió con un anuncio en el que el oficialismo volvió a ocupar en soledad el centro de la escena mediática.

En el encuentro, López explicó el origen de la iniciativa a partir del trabajo con fiscalías antinarcotráfico y fuerzas de seguridad, y detalló que la norma prevé una etapa administrativa -a cargo del Ministerio de Seguridad- y otra judicial, que habilitará en última instancia el derribo de los inmuebles.

Llaryora cerró el acto con una definición que la oposición interpretó como un intento de capitalización política antes de la votación: presentó la ley como "una herramienta central" y "de innovación" para la provincia, y remarcó que en más de una oportunidad su gestión debió avanzar "en soledad" con normativas de seguridad sin acompañamiento legislativo, un contraste que esta vez no se sostiene, porque tanto el PRO como la UCR y el juecismo adelantaron su apoyo al proyecto.

Una marca de cancha antes de la votación

El nuevo despliegue no fue un dato menor para los bloques opositores. Legisladores juecistas consultados por medios locales calificaron el anuncio de esta mañana como una sobreactuación del oficialismo, en momentos en que la propia gestión de Quinteros enfrenta cuestionamientos por la seguidilla de incidentes tras los festejos futboleros y por el impacto político del femicidio de Agostina Vega.

En el radicalismo remarcaron que acompañarán la sanción, aunque advirtieron que lo harán "después de lo que nos mostró" el caso Vega, en referencia a lo que consideran una reacción tardía del Estado provincial ante los reclamos de seguridad.