Ley contra naranjitas ilegales: Llaryora da el paso y Quinteros endurece el mensaje de "mano dura"

Tras el anuncio del gobernador Martín Llaryora de enviar a la Unicameral un proyecto de ley para prohibir la actividad de los “naranjitas” ilegales, el ministro Juan Pablo Quinteros salió a marcar la línea política del Ejecutivo: “En Córdoba el orden público no se negocia”, afirmó el funcionario en un mensaje que combina endurecimiento del discurso con presencia estatal en la calle.

La iniciativa del Ejecutivo plantea la prohibición de la actividad informal vinculada a los cuidacoches, aunque deja abierta la posibilidad de que los municipios, en uso de su autonomía, regulen esquemas de trabajo formal a través de cooperativas. En ese marco, Quinteros enfatizó que la decisión de Llaryora “es firme” y que será acompañada “con decisión” por su cartera.

El ministro buscó deslegitimar el encuadre laboral de los llamados cuidacoches al sostener que “no hay derecho a disfrazar de trabajo lo que en la calle es apriete, ocupación indebida y, muchas veces, violencia”. Bajo esa premisa, planteó un enfoque centrado en la restitución del orden público: “Eso no es convivencia, es desorden. Y el desorden no se tolera ni se acepta”.

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Con un tono alineado a la narrativa de mano dura, Quinteros puso el eje en los derechos de los ciudadanos: “La libertad de circular sin miedo, de estacionar sin ser hostigado y de usar el espacio público sin presiones está por encima del ánimo extorsivo de unos pocos”. Y agregó: “No cedemos ante el apriete ni naturalizamos lo que está mal. Defendemos al vecino que cumple”.

En paralelo, el funcionario anticipó un refuerzo operativo en la vía pública. “Desde el Ministerio de Seguridad, junto a la Policía de Córdoba, vamos a estar en la calle con controles y presencia para cuidar a los cordobeses”, aseguró, en línea con una estrategia de mayor visibilidad policial. En ese sentido, remarcó que “el Estado actúa cuando se rompe el respeto a la ley” y que “el orden no se declama, se garantiza”.

Los datos oficiales funcionan como respaldo del endurecimiento: en el primer trimestre de 2026 ya fueron detenidos 156 “naranjitas”, según precisó el propio ministro. Para Quinteros, esas cifras reflejan “más controles, más trabajo en calle y cero tolerancia al abuso y el apriete”.

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El posicionamiento del titular de Seguridad también tuvo una lectura política hacia adentro del sistema: “El gobernador toma una decisión firme donde otros dudan”, señaló, marcando diferencias implícitas con sectores que proponen abordajes más flexibles frente al fenómeno.

Así, mientras el proyecto se encamina a su discusión legislativa, el Gobierno provincial busca instalar un mensaje claro: avanzar contra la ilegalidad en el espacio público, sin resignar el margen de acción de los intendentes, pero con una premisa innegociable. “En Córdoba —insistió Quinteros— el orden público no se negocia”.