Ley Joaquín: claves de la reforma de Llaryora que busca cambiar la relación entre víctimas y Justicia

El proyecto de ley que ya se discute en la Unicameral pretende convertir el impacto del caso de Joaquín Sperani en una reforma institucional. La iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora propone crear un régimen de protección de víctimas de delitos, lo que implica modificar el Código Procesal Penal de Córdoba (CPPC).

Se busca garantizar el acceso a la información, la participación y la asistencia a quienes atraviesan un proceso judicial tras haber sufrido un delito. Sin embargo, el trasfondo de la reforma implica una respuesta política a una demanda social: redefinir el lugar de las víctimas dentro del sistema de justicia.

La ley distinguirá conceptualmente entre víctima y querellante.

El oficialismo quiere aprobar en las próximas semanas esta norma que lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado el 29 de junio de 2023 en Laboulaye por un compañero de escuela, un menor inimputable. La oposición adelantó su apoyo, aunque con reparos en la efectiva implementación. El planteo pasa por la capacidad de gestión del Estado y los recursos necesarios para que la ley no sea “letra muerta”.

Del mensaje de elevación de Llaryora se desprenden las definiciones clave, mientras que los aspectos más técnicos los aportó el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, al detallar los cambios que se introducirán en el CPPC. De ese conjunto de fundamentos emergen cinco claves para entender el alcance político y jurídico de la reforma.

Un régimen integral

La primera clave es la creación de un régimen provincial integral de protección de víctimas de delitos. La propuesta busca ordenar derechos hoy dispersos en distintas normas y establecer estándares mínimos en materia de trato digno, acceso a la información, participación en el proceso penal, asistencia institucional y reparación.

La finalidad es pasar de derechos formales a derechos efectivos dentro del proceso penal. En ese plano, Llaryora afirmó que “los derechos de la víctima deben ser exigibles y operativos, no meramente declarativos”. No obstante, se aclaró que la ley a sancionar “no introduce privilegios procesales ni altera el equilibrio propio del proceso penal”.

Un diagnóstico crítico

La reforma parte de una evaluación explícita sobre el funcionamiento del sistema penal. Según el gobierno, pese a las garantías existentes, muchas víctimas enfrentan dificultades para acceder a información clara o comprender decisiones judiciales.

El texto del Ejecutivo sostiene que en la práctica persisten “asimetrías de información, obstáculos de acceso, demoras, dispersiones funcionales y riesgos de revictimización”.

Este diagnóstico funciona como punto de partida de la reforma y refleja una mirada crítica sobre un sistema históricamente diseñado para garantizar derechos del imputado, pero que no siempre logró contener a quienes sufren un delito.

Nuevas obligaciones

Otro eje central apunta a las obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales. El proyecto fija estándares de actuación para que las víctimas reciban información clara desde el primer contacto con el sistema y accedan a apoyos cuando existan barreras sociales o psicológicas.

También incorpora el principio de no revictimización, que busca evitar prácticas que profundicen el daño sufrido, como declaraciones reiteradas o citaciones innecesarias. Según explicó López, el objetivo es que el sistema judicial adopte “estándares claros de actuación” que garanticen información y acompañamiento a lo largo del proceso.

Cambios en el proceso penal

La iniciativa introduce modificaciones en el CPPC. Entre ellas, la incorporación de un artículo 3 que funcionará como cláusula interpretativa para asegurar que todas sus normas se apliquen garantizando la efectividad de los derechos de las víctimas.

El proyecto también reforma el artículo 96 para sistematizar un catálogo de derechos, como el acceso a información del expediente, la posibilidad de intervenir en determinadas etapas del proceso y la notificación de decisiones relevantes.

La oposición calificó al proyecto como una "ley ambiciosa".

Uno de los cambios conceptuales más relevantes es la distinción entre víctima y querellante. Según explicó el ministro, muchas personas afectadas por un delito no desean o no pueden constituirse como querellantes, lo que hoy las deja fuera del expediente. La reforma busca que igualmente tengan acceso a información y participación.

La iniciativa también establece que determinadas resoluciones judiciales —definidas como “decisiones críticas”, como el archivo de una causa o la cesación de una prisión preventiva— deberán ser notificadas a la víctima. Incluso prevé su participación en instancias como el juicio abreviado, aunque su opinión no tendrá carácter vinculante.

La respuesta política

Aunque el proyecto tiene un alcance más amplio, su impulso político está vinculado al caso Sperani. Definir la norma como “Ley Joaquín” busca transformar esa conmoción social en una reforma estructural del sistema judicial.

En términos políticos, la iniciativa forma parte de una estrategia del gobierno provincial para instalar una agenda de justicia centrada en las víctimas y mostrar capacidad de respuesta institucional frente a demandas sociales de mayor protección.

Apoyo, pero con ajustes

El inicio del debate legislativo mostró amplio consenso para avanzar en la reforma bajo este nuevo paradigma centrado en las víctimas. Sin embargo, desde la oposición reclaman incorporar aportes y realizar ajustes técnicos en la letra fina.

En este sentido, opositores coinciden en que la reforma apunta a un objetivo legítimo, pero ponen el foco en garantizar recursos y capacidad de gestión estatal para que el nuevo régimen no quede en “letra muerta”.

Aunque también la UCR, el juecismo y sectores liberal-libertarios lanzaron la crítica de que “la ley llega tarde”, al recordar el caso Sperani. En el oficialismo, en cambio, defendieron el proyecto como una respuesta institucional frente a una demanda social en crecimiento.

La oposición calificó como una “ley ambiciosa” y centró su mirada en el interrogante que atraviesa el debate: cómo se instrumentará en la práctica. Según plantearon, la discusión no pasa sólo por la norma sino por la capacidad del Estado para sostenerla con equipos interdisciplinarios, recursos y coordinación institucional.

Lo que viene

El oficialismo convocará a un plenario de las comisiones de Seguridad y Legislación General, donde está previsto que participen los familiares de Joaquín Sperani. Mientras tanto, el PJ se muestra receptivo a aportes de la oposición para ajustar la letra fina del texto, que —según la hoja de ruta— llegará al recinto en las próximas semanas como una de las principales reformas judiciales impulsadas por Llaryora.

La oposición aporta cambios al proyecto de Llaryora

El arranque del debate del proyecto que el gobernador Martín Llaryora denominó “Ley Joaquín” dejó un escenario de coincidencias en su objetivo, pero también de contrastes en lo puntual. La oposición anticipó que acompañará la iniciativa, aunque reclama cambios para que los derechos de las víctimas tengan impacto real dentro del proceso penal.

La propuesta crea el Régimen de Protección de Víctimas de Delitos y modifica el Código Procesal Penal. El amplio consenso en torno a la reforma convive con los reparos sobre la letra fina del proyecto, la estructura estatal que deberá sostenerlo y los recursos para hacerlo operativo.

La oposición abrió fuego por la demora del Estado provincial en avanzar con la norma, a tres años del crimen de Joaquín Sperani y casi una década después de la ley nacional. El juecista Walter Nostrala adelantó el apoyo, pero cuestionó el retraso: “Córdoba nunca quiso adecuar su legislación procesal para garantizar el derecho de las víctimas. Sólo silencio”. El ministro de Justicia, Julián López, replicó que la norma nacional no prevé una simple adhesión, sino la adecuación de cada legislación provincial.

La Unicameral ya debate la Ley Joaquín: el PJ defiende el proyecto de Llaryora y la oposición apoya, pero pide ajustes

Desde la UCR, Brenda Austin habló de una “ley ambiciosa” y afirmó que su bloque quiere “mejorar” el proyecto. Planteó dudas sobre cómo se instrumentará la asistencia integral y advirtió que el texto no debería dejar excesiva discrecionalidad en manos de los fiscales, en especial en decisiones vinculadas a la información que reciben las víctimas o a la libertad del imputado. También pidió contemplar los casos de violencia institucional.

En la misma línea, Alejandra Ferrero hizo foco en dos proyectos propios para crear programas de asistencia a víctimas del delito y de violencia vinculada al narcotráfico. Además, alertó sobre posibles tensiones jurídicas en el artículo referido al cese de la prisión preventiva y reclamó garantizar una estructura estatal con recursos para evitar que la ampliación de derechos quede “en letra muerta”.

Más aportes

Oscar Agost Carreño valoró que el proyecto incorpore a la víctima dentro del proceso penal, pero advirtió sobre su impacto presupuestario. También pidió ajustar la “letra fina” para evitar “cataratas de nulidades” y corregir “errores graves” en dos artículos del código original.

Gregorio Hernández Maqueda sostuvo que Córdoba llega tarde y reclamó precisiones sobre cómo se aplicarán los derechos de las víctimas en las distintas instancias del Estado y qué organismos deberán garantizarlos. El vecinalista Gerardo Grosso pidió modificar artículos para que la obligación del Ministerio Público Fiscal de informar a las víctimas quede explícita.

Agustín Spaccesi propuso que el Estado financie peritos de parte para víctimas que no puedan costearlos. A su vez, la legisladora Karina Bruno planteó crear un defensor público de la víctima y un fondo de emergencia para asistencia inmediata.

Aunque el proyecto del Ejecutivo cuenta con respaldo político, el arranque del debate dejó claro que la oposición intentará pulir la iniciativa con sus aportes antes de su llegada al recinto.