El oficialismo puso en marcha el debate de la llamada Ley Joaquín, una iniciativa impulsada por el gobierno de Martín Llaryora que busca reforzar los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. Aunque la oposición adelantó su respaldo en general, planteó la necesidad de incorporar aportes propios y hacer ajustes técnicos al texto. A su vez, advirtió sobre la importancia de garantizar recursos para que la norma pueda aplicarse de manera efectiva.
La discusión comenzó en el seno de la Comisión de Seguridad de la Unicameral, presidida por el legislador Juan Manuel Llamosas, donde el oficialismo presentó el proyecto que propone crear un Régimen de Protección de Víctimas de Delitos, para lo cual se modificará el Código Procesal Penal provincial, vigente desde 1991.
La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado el 29 de junio de 2023 en Laboulaye por un compañero de escuela de 13 años, un menor inimputable. El caso generó un fuerte impacto público y abrió el debate sobre las limitaciones del sistema judicial para contener y acompañar a las familias de las víctimas.
Durante la reunión de comisión, el ministro de Justicia y Trabajo de la provincia, Julián López, defendió la reforma y sostuvo que el proyecto apunta a introducir un “cambio de paradigma” dentro del proceso penal. Según explicó, el objetivo es equilibrar el lugar de la víctima sin alterar las garantías del imputado ni la estructura acusatoria del sistema judicial.
“El sistema penal debe resguardar el debido proceso, pero también asegurar que la víctima no quede desdibujada, expuesta o desinformada”, planteó el funcionario ante los legisladores oficialistas y del arco opositor.
Para el gobierno provincial, si bien el sistema penal contempla instancias de intervención para las víctimas, en la práctica persisten asimetrías de información, barreras de acceso y situaciones de revictimización. En ese contexto, el proyecto busca establecer un piso común de protección en toda la provincia y convertir en operativos derechos que muchas veces quedan en declaraciones formales dentro del expediente judicial.
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Participación activa
El ministro sostuvo que la reforma pretende evitar que la víctima sea un “sujeto paralelo o ausente” en el proceso penal y garantizarle participación en momentos clave de decisión, sin romper el equilibrio entre las partes ni afectar las garantías constitucionales.
En el plano político, Llamosas explicó que la iniciativa responde a un compromiso asumido por el gobernador Llaryora durante la apertura de sesiones del 1 de febrero y destacó que el objetivo es dotar al sistema judicial de herramientas concretas para garantizar que las víctimas sean escuchadas.
El oficialista remarcó que una de las principales innovaciones del proyecto es ampliar la participación de las víctimas —y también de sus familiares— dentro del proceso penal, incluso cuando no estén constituidas como querellantes.
Según detalló, la reforma prevé que puedan ser convocadas y escuchadas en decisiones relevantes como los juicios abreviados, las suspensiones de juicio a prueba, las prisiones domiciliarias o el cierre de los debates. “Se incorpora una instancia de participación que hoy la víctima no tiene”, señaló.
Reformas procesales
El proyecto también propone una serie de cambios procesales orientados a garantizar que esos derechos puedan ejercerse en la práctica. Entre ellos, la posibilidad de que las víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes, el refuerzo de las obligaciones de información hacia las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad y la adopción de medidas para prevenir situaciones de revictimización.
Asimismo, se establecen modalidades especiales para la toma de declaraciones en delitos sensibles —como violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar— y se amplía la participación de la víctima en decisiones vinculadas a la ejecución de la pena, como la prisión domiciliaria o la libertad condicional.
Otro de los puntos que incorpora la iniciativa es la obligación de informar a la víctima cuando se avance en un juicio abreviado en delitos graves, como homicidios, delitos contra la integridad sexual, robos agravados o hechos vinculados a violencia de género.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma "no introduce privilegios procesales" ni altera el equilibrio del proceso penal, sino que busca garantizar respuestas más rápidas y efectivas, en línea con los estándares que exige la Corte Suprema de Justicia.
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Apoyos y aportes
En la discusión política, el proyecto encontró aceptación entre los distintos bloques legislativos, aunque la oposición planteó la necesidad de sumar aportes propios. Actualmente existen al menos seis iniciativas vinculadas a la protección de las víctimas presentadas por diferentes bancadas. Los legisladores Brenda Austin (UCR) y Oscar Agost Carreño (PRO) afirmaron que se trata de "una ley ambiciosa" al hacer hincapié en el cómo se instrumentará —la gestión y los recursos— y pedir ajustar la "letra fina" del texto.
Llamosas anticipó que en las próximas semanas se trabajará en la búsqueda de consensos para unificar criterios y avanzar hacia un texto común. También confirmó que la familia de Joaquín Sperani será invitada a participar del debate en comisión para aportar su testimonio.
Uno de los puntos que concentró parte de las intervenciones opositoras fue la necesidad de garantizar recursos para que los derechos que consagre la ley puedan implementarse efectivamente. El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá asegurar las partidas necesarias mediante reasignaciones presupuestarias o previsiones específicas.
En ese sentido, desde el oficialismo reconocieron que la aplicación de la norma requerirá fortalecer los programas de asistencia a víctimas que ya funcionan en la provincia, con acompañamiento psicológico y social tanto para las víctimas directas como para sus familias.
En la oposición, por caso Alejandra Ferrero (UCR) y Nancy Almada (juecismo), entre otros, criticaron que "la ley provincial llega tarde" tras recordar el caso Sperani. La juecista sostuvo que no duda que hubo apoyo a las víctimas, pero "fue insuficiente". "Con esta ley se viene a reparar", dijo la legisladora del Frente Cívico.
La iniciativa fija la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura. Para Ferrero, más que un observatorio hace falta un organismo con un equipo multidisciplinario de profesionales que hagan un seguimiento de las víctimas. Desde la cartera de Justicia se advirtió que funciona desde hace décadas el dispositivo de asistencia a las víctimas del delito.
Para Llamosas, si finalmente se aprueba, la norma podría convertirse en un punto de inflexión en el sistema judicial provincial. “Va a ser un hito en el Código de Procedimiento Penal de Córdoba”, resaltó el titular de la comisión de Seguridad, al considerar que incorpora una mirada sobre los derechos de las víctimas que no estaba presente cuando se sancionó el marco procesal vigente hace más de tres décadas.
Lo que viene
En lo inmediato, se convocará una nueva reunión de comisión, donde participarán los familiares de Joaquín Sperani para brindar su testimonio y su pedido de avanzar con la ley. Asimismo, se receptarán los aportes de la oposición para luego concentrarse en avanzar en los ajustes del texto que llegará al recinto en las próximas semanas. El oficialismo fijo prioridad para la sanción de esta norma y relegó a un segundo plano la discusión por el tema "naranjitas y limpiavidrios. Opositores apuntan contra el cardenal Ángel Rossi por el "freno" a las iniciativas que buscan su prohibición.
