Niñas de 11 años y anticonceptivos: qué dice la ley sobre el acceso a un "Chip Sexual"

El dato surgió en el marco de una investigación por grooming y abusos sexuales contra menores en el norte de Córdoba y generó un interrogante que excede la causa judicial: ¿Puede una niña de 11 años acceder a un implante anticonceptivo?

La fiscal Adriana Cepede, que interviene en el expediente, señaló que algunas de las menores involucradas se habían colocado un dispositivo anticonceptivo a una edad muy temprana. Según explicó, el temor a un embarazo aparecía entre las principales preocupaciones de las niñas.

El dato adquiere otra dimensión por el contexto de la investigación: se trata de menores que habrían sido víctimas de situaciones de violencia y abuso sexual, además de grooming.

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Pero que una niña tenga un implante anticonceptivo no implica, por sí mismo, que la colocación haya sido irregular. En Argentina existen normas que garantizan a niños, niñas y adolescentes el acceso a información, asesoramiento y métodos anticonceptivos, aunque establecen reglas específicas según la edad y las características de la práctica.

¿Puede una niña de 11 años colocarse un implante anticonceptivo?

Sí, el acceso a métodos anticonceptivos está contemplado dentro de las políticas de salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Salud de la Nación incluye entre los métodos disponibles al implante subdérmico, un dispositivo que se coloca debajo de la piel del brazo y libera una hormona de manera continua. Su duración depende del dispositivo y puede extenderse entre tres y cinco años.

La propia información oficial sobre salud sexual para adolescentes establece que las personas menores de 13 años tienen derecho a recibir información, asesoramiento y acceder a métodos anticonceptivos. En esos casos, deben prestar su consentimiento con la asistencia de una persona adulta.

Por eso, si las menores de la investigación tenían 11 o 12 años al momento de colocarse el dispositivo, el dato por sí solo no permite concluir que se haya cometido una irregularidad médica.

En Córdoba, este acceso se encuadra además en las políticas provinciales de Salud Sexual Integral en Adolescentes y Juventudes, que contemplan la atención y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva.

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A través de la red de hospitales y centros de salud, la Provincia implementa acciones de prevención del embarazo no intencional, asesoramiento y acceso a métodos anticonceptivos, dentro de las políticas nacionales y provinciales de salud sexual. En este marco también se desarrollaron estrategias vinculadas al Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), que apuntó a reducir los embarazos no intencionales mediante educación sexual integral, asesorías y acceso a métodos anticonceptivos, especialmente entre adolescentes.

La pregunta que corresponde establecer en cada caso es cómo se realizó la práctica, qué información recibieron las niñas, cuál fue su consentimiento y qué participación tuvo el adulto que las acompañó, además de determinar si se cumplieron los protocolos médicos correspondientes.

Qué es el denominado “chip sexual”

La expresión “chip sexual” no es la denominación médica del método. Se trata de un implante anticonceptivo subdérmico, formado por una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel, generalmente en el brazo, mediante anestesia local.

El dispositivo libera un progestágeno que inhibe la ovulación y brinda protección anticonceptiva durante varios años, según el producto utilizado. No protege contra el VIH ni contra otras infecciones de transmisión sexual, por lo que desde Salud se recomienda utilizar preservativo como método de doble protección.

Los anticonceptivos forman parte de las prestaciones garantizadas por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

La edad de las niñas vuelve especialmente relevante el modo en que se tomó la decisión.

Según la información oficial del Ministerio de Salud, hasta los 13 años existe derecho a recibir atención en salud sexual y reproductiva, pero el consentimiento debe darse con asistencia de una persona adulta. Entre los 13 y los 16 años existen otras reglas vinculadas con la autonomía progresiva y el tipo de práctica médica, mientras que a partir de los 16 años se reconoce capacidad plena para decidir sobre el cuidado del propio cuerpo.

Por lo tanto, si las niñas mencionadas por la fiscal tenían 11 años cuando se colocaron el implante, será relevante determinar si existió esa asistencia adulta y si el procedimiento se realizó con la correspondiente información y consentimiento.

Ese aspecto puede adquirir una importancia todavía mayor dentro de una investigación por abuso sexual y grooming, porque la existencia de un método anticonceptivo no permite inferir consentimiento sexual ni modifica la condición de víctima de una menor frente a una situación de abuso.

El dato sobre los implantes puede ser relevante para comprender la situación en la que se encontraban las menores, especialmente si, como señaló la fiscal, algunas buscaban evitar un embarazo frente a situaciones de abuso.

Son elementos que permitirán establecer si se trató de una práctica sanitaria realizada dentro de los protocolos vigentes o si existió alguna irregularidad que deba ser investigada.