Ordenaron detener a cinco imputados por la administración de la Caja Previsional de profesionales de Córdoba

La investigación penal sobre la administración de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción de Córdoba sumó nuevas medidas judiciales. La Fiscalía del Distrito I, Turno 1, ordenó la detención de cinco personas imputadas por presunta defraudación por administración fraudulenta y dispuso la imputación de otra por presunto encubrimiento.

Las resoluciones fueron adoptadas el 19 de octubre y se conocieron a través de un comunicado institucional fechado este miércoles 21. La causa se desarrolla en el marco de la intervención judicial de la Caja, dispuesta oportunamente por el Juzgado de Control y Faltas de Séptima Nominación de Córdoba.

Los cinco imputados cuya detención fue ordenada son Luis Adán Calderón, Carmen Encarnación Rodríguez, Liliana Rosa Scaglia, Inti Manuel Smith y Nicolás Luis Paulín. La Fiscalía señaló que la decisión tuvo en cuenta elementos que darían cuenta de presuntos actos de entorpecimiento de la investigación y posibles incumplimientos de las condiciones impuestas para mantener la libertad de algunos de los involucrados. Según la resolución, esas circunstancias fueron consideradas indicadores de riesgo para el desarrollo de la causa y justificaron la adopción de medidas destinadas a resguardar el proceso penal.

Acceso a documentación y nuevas medidas de control

En una resolución complementaria, la Fiscalía intimó a los colegios profesionales vinculados con la Caja y al Consejo de Control de Gestión a entregar la información requerida por el interventor judicial. También dispuso que se abstengan de convocar asambleas destinadas a modificar o revocar decisiones del órgano de administración mientras continúen la intervención judicial y la investigación penal.

Además, se autorizó al contador Pablo Artino, interventor judicial, a participar en las sesiones del Consejo de Control de Gestión y requerir los informes necesarios para sus funciones. Las facultades incluyen el acceso permanente a las sedes de los colegios profesionales y a registros de obras, tanto en soporte papel como digital, que hayan determinado honorarios o puedan aportar información para establecerlos. El interventor también podrá acceder a los registros de nuevas obras ingresadas, consultar los trámites vinculados con esos expedientes y entrevistar al personal de los colegios que interviene en su gestión. El objetivo es reunir documentación relevante para la investigación y garantizar el cumplimiento de las tareas de control encomendadas judicialmente.

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En la misma resolución que dispuso las detenciones, la Fiscalía ordenó imputar a Pablo Antonio Calapiña por el presunto delito de encubrimiento. También dispuso las diligencias necesarias para su identificación y posterior recepción de declaración.

La causa continúa en etapa de investigación

La Fiscalía informó que continuará con las medidas necesarias para esclarecer los hechos, determinar las eventuales responsabilidades individuales y reunir las pruebas pertinentes para resolver conforme a derecho.

El comunicado también aclaró que las imputaciones y medidas procesales no constituyen un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de las personas involucradas, que deberá establecerse con las garantías constitucionales y las reglas del debido proceso. La investigación apunta ahora a preservar la documentación, asegurar el acceso a la información de los colegios profesionales y garantizar la continuidad de la intervención judicial de la Caja Previsional.