El juez de la Cámara del Crimen de Villa Dolores, Santiago Camogli, condenó a Oscar González por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de un auto, a tres años de prisión condicional. Los fundamentos de su resolución se conocerán el 12 de noviembre próximo.
El defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, adelantó que casará la sentencia porque está convencido de que el impacto no fue imprudencia de González. Descarga la culpa en la víctima fatal, Alejandra Bengoa, conductora de la Renault Sandero que chocó casi frontalmente con el BMW que conducía el exlegislador el 29 de octubre de 2022.
Esa víctima hoy no está, su hija Marina recibió lesiones graves y su amiga Alexa quedó parapléjica y cargará durante el resto de su vida dolencias y una incapacidad inhabilitante.
La fiscal Analía Gallarato -instructora y acusadora en el juicio- había pedido 3 años y 10 meses de prisión. Eso implicaba pena efectiva. El juez no lo convalidó. Si bien no debe sorprender que los jueces apliquen condenas inferiores a las solicitadas por las Fiscalías de Cámara, podría haberla fijado en un monto que implique su cumplimiento efectivo. El juez Camogli no lo hizo. Se posicionó en una pena que lo declara culpable, pero no implicará privar de libertad al condenado.
La querella también dijo que discutirá el fallo, después de analizar los fundamentos del juez Camogli.
Hoy dos familias, la de Alejandra y la de Alexa, siguen padeciendo las consecuencias -la muerte es irreparable- y esperando indemnizaciones acordes a la magnitud del daño causado.
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Las acciones civiles y costas
Además de la responsabilidad penal por la que González fue declarado autor de homicidio agravado y lesiones agravados, el fallo contiene decisiones en materia civil, que discurren por un andarivel diferenciado en relación a las culpas.
En el veredicto, el juez Camogli fijó indemnizaciones sensiblemente inferiores a las solicitadas en la acción civil por las víctimas y les cargó altos porcentajes de costas. A las hijas de Bengoa, Vera Szulewicz, 80%; a su hermana Marina víctima del siniestro, 50% y a Alexa, la amiga que quedó parapléjica, 70%. Como tienen el beneficio de litigar sin gastos, no se ejecutan esos pagos.
En los fundamentos, el juez explicará por qué fijo así las los pagos de gastos del juicio. Por lo general, los fallos los cargan a quienes pierde el juicio. ¿Ganó González y perdieron las víctimas?
La Provincia -aún no se sabe en qué proporción- fue condenada a pagar parte de las indemnizaciones que deben recibir las víctimas.
En total, el juez las fijó en poco más de $2.000 millones, hacia todas las víctimas, las hijas de Alejandra y Alexa.
En síntesis, en la faz penal el juez declaró a González homicida; pero de las decisiones adoptadas en materia civil queda la duda si considera que hubo responsabilidad concurrente de ambos conductores.
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¿González pagará las indemnizaciones?
Por lo general, en juicios de estas características, cuando un funcionario provincial es condenado a indemnizar a víctimas por su accionar, al momento de quedar firme el fallo, la Provincia paga la reparación monetaria.
Después, es el mismo Estado provincial quien interpone una demanda -en este caso a Oscar González- para recuperar lo que pagó. ¿Se llegará a esa instancia?
Pero a este caso hay que sumarle la declaración de insolvencia del ahora condenado.
¿Por qué provoca irritación social el fallo?
En la antesala del debate oral, la defensa intentó una probation que implica un resarcimiento económico a cambio de que el prontuario no se manche con un antecedente penal.
Lo hizo después de que Oscar González se declararó insolvente, a pesar de que ya estaba abierto un expediente por presunto enriquecimiento ilícito. La propuesta enervó a las víctimas y al sentido común. Dijo que el ofrecimiento se haría con una colecta.
El impacto fue mortal para Alejandra Bengoa, se produjo en el carril por donde circulaba la mujer. Hubo sobrepaso previo a un camión. maniobra que también hicieron otros dos automovilistas antes que ella. Conducía una Renault Sandero, un auto de seguridad media. Oscar González iba a bordo de un BMW, auto de alta gama con un elocuente diferencial en seguridad. El choque no le provocó lesiones relevantes.
A ese auto no lo pagó González. Lo recibió en tiempo récord porque era presidente provisional de la Legislatura de Córdoba. Se lo entregó el Tribunal Superior de Justicia el 7 de marzo de 2019, apenas 42 días después de quedar secuestrado en Villa Dolores por tener documentación apócrifa. En la ciudad en la que González tiene contactos aceitados en la Justicia. ¿Pudo saber del secuestro y seguir la ruta del expediente que terminó asignándole a él el vehículo en poco más de un mes? Demasiada casualidad.
En octubre de 2021, la Legislatura pagó dos facturas por un monto total actualizado de $5,7 millones. Los cobró un chapista que hizo arreglos en dos oportunidades al BMW judicializado que tenía González. Es decir, el Estado se hizo cargo de esas averías por trabajos que encargó González. Así figura en el Portal de Transparencia del gobierno cordobés.
El seguro de los autos judicializados, como el BMW con el que González mató a Bengoa, no es privado, no lo contrató ni lo pagó González mientras lo usó. El seguro es la Provincia que deberá pagar la acción civil de las víctimas, cuando quede firme la sentencia.
Causas pendientes
Mientras tanto, en la Justicia Federal a paso de tortuga está pendiente la pericia contable sobre el patrimonio de Oscar González que la ciudadanía conoció después del crimen vial de las Altas Cumbres. En la declaración jurada ante la Legislatura la valuación de bienes figuraba con montos irrisorios.
La misma Justicia Federal lo exoneró de responsabilidad penal por conducir el vehículo entregado por ser autoridad legislativa, porque su condición de legislador pervive las 24 horas del día. El siniestro ocurrió un sábado por la tarde.
La ley, los reglamentos del Poder Judicial Federal, del Tribunal Superior para entregar los autos judicializados, de la Legislatura de Córdoba para asignarlos y pagar los gastos que devien de su uso se explica así: cada trámite se concretó “dentro de un marco normativo”, es decir nada es ilegal. Son prerrogativas esquivas al ciudadano común, por eso los ánimos se enervan.
Una tragedia automovilística que mató a Alejandra Bengoa y afecta gravemente y de por vida a dos jóvenes, como en este caso, mostraron todos los vericuetos legales que exoneran de responsabilidad al Tribunal Superior, la Legislatura y a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación de la cual dependen los peritos contables que deben realizar un dictamen sobre el patrimonio de Oscar González. Mientras González recibió el auto de alta gama a 42 días de su secuestro, el perito de la Corte hace un año analiza la declaración jurada y patrimonial de González. No hay proporción.
¿Un ciudadano común podría haber accedido a un auto de esas características, sin comprarlo ni pagar mantenimiento, chapa y pintura, nafta ni seguro?
El juicio declaró que González cometió un homicidio culposo y no irá a la cárcel. El único cambio será una mancha en el prontuario. Mientras tanto, Alexa cargará su paraplejía a lo largo de la vida que le queda, Marina sus lesiones y ella y su hermana Vera no ven más a su madre en este plano.
