PAMI: deuda de $500.000 millones, cortes de servicios y sistema de salud tensionado

La crisis financiera del PAMI dejó de ser una advertencia para convertirse en un problema concreto que ya impacta en la vida cotidiana de millones de jubilados. Con una deuda que supera los $500.000 millones, el organismo nacional enfrenta un deterioro progresivo en su capacidad de pago que comienza a reflejarse en el funcionamiento del sistema: prestaciones restringidas, cobros indebidos y derivaciones crecientes al sector público.

El cuadro es especialmente delicado porque se trata de una red que atiende a más de 5,5 millones de personas y que depende de un entramado de clínicas, profesionales y proveedores que hoy advierten por la inviabilidad económica del esquema. En ese contexto, la falta de pagos no sólo afecta balances, sino que impacta directamente en la continuidad de tratamientos y en el acceso efectivo a la atención médica.

En la práctica, esto se traduce en situaciones cada vez más frecuentes: pacientes que deben pagar consultas de su bolsillo, reintegros que llegan tarde y cubren sólo una parte del costo, y especialidades que directamente dejan de atender por PAMI. El desfasaje entre costos reales y pagos del sistema genera un cuello de botella que expone a los afiliados a una cobertura cada vez más limitada.

El deterioro del sistema se explica, en gran medida, por la situación de los prestadores. Clínicas, sanatorios y profesionales independientes comenzaron a reducir servicios o directamente abandonar la atención por PAMI, ante la imposibilidad de sostener costos sin ingresos regulares. Esta retracción no es homogénea, pero se vuelve cada vez más visible en distintas especialidades, desde prácticas ambulatorias hasta servicios de mayor complejidad.

En paralelo, el sistema se mantiene apenas en funcionamiento gracias a los médicos de cabecera, que continúan cobrando con mayor regularidad. Sin embargo, incluso allí aparecen distorsiones: el cobro de plus por fuera del sistema —una práctica prohibida— se vuelve más frecuente como mecanismo informal para compensar la caída de ingresos.

A esto se suman denuncias sobre limitaciones operativas, como cupos encubiertos en los sistemas de autorización, que restringen la cantidad de consultas y estudios diarios. De este modo, aun cuando un paciente cuenta con una orden médica válida, puede encontrar dificultades para acceder a la prestación, lo que profundiza la sensación de deterioro del servicio.

Córdoba: impacto directo en municipios

En Córdoba, el impacto de esta crisis nacional adquiere características propias. Intendentes del interior ya elevaron reclamos formales por deudas vinculadas al PAMI, en un contexto donde los gobiernos locales deben absorber parte de la demanda sanitaria que el sistema nacional deja de cubrir.

Este desplazamiento de la demanda genera un efecto inmediato sobre el sistema público: hospitales provinciales y municipales reciben más pacientes, con recursos que no crecen al mismo ritmo. Al mismo tiempo, clínicas privadas reducen prestaciones o limitan el ingreso de afiliados, lo que profundiza el desbalance.

Por caso, el intendente de Luque, Diego Viano, sostuvo en Punto a Punto Radio 90.7, que “la situación es muy complicada”. En concreto, sostuvo que “la única clínica que había en la localidad cerró, así que el municipio tuvo que hacerse cargo. Empezamos con atención básica y hoy prácticamente sostenemos una clínica municipal, lo que implica un costo muy alto”.

Viano añadió que, para entender la magnitud del impacto en las arcas municipales, “el año pasado destinamos alrededor del 65% del presupuesto entre salud y acción social. Es muchísimo para un municipio de 9.000 habitantes”. Y añadió: “Tenemos atrasos en los pagos del PAMI y también de otros organismos. Eso agrava aún más la situación. Los municipios somos la primera línea de respuesta frente a la gente, pero también somos los más postergados en términos de recursos. Hoy los municipios estamos sosteniendo gran parte de la salud y la asistencia social, pero con menos recursos. Es una situación muy compleja y difícil de sostener en el tiempo”.

El problema también alcanza a proveedores de insumos médicos, que advierten por atrasos en los pagos que afectan la disponibilidad de productos críticos, desde prótesis hasta equipamiento especializado. La combinación de estos factores configura un escenario en el que la red de atención comienza a mostrar signos de saturación.

Críticas al esquema libertario y foco en Patiño Brizuela

El conflicto en torno al funcionamiento del PAMI en Córdoba suma un componente político que promete crecer con el paso del tiempo. Intendentes afectados por la crisis del sistema sanitario comenzaron a señalar directamente al diputado libertario Gabriel Bornoroni como responsable del esquema de conducción del organismo en la provincia.

Las críticas apuntan a la estructura que administra el PAMI Córdoba, actualmente a cargo de Marcos Patiño Brizuela, dirigente cercano a Bornoroni y parte de su círculo político. La relación entre ambos no es sólo política: compartían vínculos profesionales en el ámbito privado, lo que profundiza los cuestionamientos sobre el armado local del oficialismo.

El malestar crece en paralelo a los problemas en la prestación de servicios y la acumulación de deudas con prestadores. En ese contexto, jefes comunales advierten que la crisis sanitaria también expone decisiones políticas en la gestión del organismo, con impacto directo en jubilados y en los sistemas de salud locales.

La figura de Patiño Brizuela también quedó bajo la lupa por antecedentes recientes. Según publicó en octubre del año pasado el sitio LPO, el actual titular del PAMI Córdoba accedió a un crédito millonario del Banco Nación en condiciones cuestionadas, lo que generó ruido incluso dentro del propio espacio libertario.

El episodio se suma a otras tensiones en el armado provincial de La Libertad Avanza, donde dirigentes que provienen del ámbito privado pasaron a ocupar lugares clave en organismos nacionales como PAMI y ANSES.