Retenciones Cero: el monumental negocio para siete cerealeras fue denunciado también en Córdoba

El diputado nacional Oscar Agost Carreño denunció al gobierno nacional por la aplicación temporaria -solo 72 horas- de Retenciones Cero a las exportaciones agrícolas. La presentación recayó en la Fiscalía Federal 3, a cargo de Maximiliano Hairabedián.

Concretamente, el legislador pide que se evalúe si a través del Decreto N° 682/2025, que suspendió temporalmente los derechos de exportación, se cometieron delitos como administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Agost Carreño ponderó que la medida habría causado un perjuicio fiscal de aproximadamente U$S 1.500 millones, al tiempo que benefició desproporcionadamente a un reducido grupo de cerealeras y exportadoras, algunas de las cuales supuestamente declararon exportaciones sin la tenencia física de los granos. 

Deja planteada la sospecha de un acuerdo previo y confidencial con esas firmas. Se menciona que los funcionarios denunciados habrían actuado con conocimiento y voluntad de favorecer a este grupo.

A diferencia de estas compañías, la mayoría de los productores agropecuarios quedaron excluidos de la ventana de excepción, o resultaron perjudicados, ya que habían liquidado sus granos con las retenciones vigentes y, por ende, con una rentabilidad mucho menor.

Agost Carreño solicita se investigue al ministro de Economía, Luis Caputo, ideólogo de la medida. Y menciona al titular de Arca, Juan Pazo, quien admitió públicamente que varias empresas declararon exportaciones sin contar con la tenencia física de los granos.

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Otras dos denuncias en el país

La presentación de Agost Carreño es la tercera. 

Hay una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presunta administración fraudulenta que ingresó el viernes 26 de septiembre, que apunta al presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, además de señalar como "partícipes necesarios" a cinco exportadoras principales: Bunge Argentina, LDC Argentina, Cofco Internacional Argentina, Viterra Argentina y Cargill SACI.

La otra se realizó ante la Justicia Federal, en Caba, y fue presentada por Jonatan Baldiviezo (fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), junto con Claudio Lozano (candidato a diputado y Presidente de Unidad Popular), María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, contra los mismos funcionarios y empresas, por delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y defraudación en perjuicio de la administración pública.

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Siete gigantes beneficiados

Según el sitio Política Argentina, las empresas que consiguieron liquidar y completar el cupo de US$7.000 millones son las siguientes:

1. Louis Dreyfus Company (LDC Argentina): 3.546.300 toneladas (18,1% del total)

2. Cargill: 3.500.000 toneladas (17,9%)

3. Bunge Argentina: 2.675.195 toneladas (13,7%)

4. Aceitera General Deheza: 2.506.984 toneladas (12,8%)

5. Cofco International Argentina: 1.868.026 toneladas (9,5%)

6. Molinos Agro: 1.459.250 toneladas (7,4%)

7. Viterra: 1.457.800 toneladas (7,4%).

En total, el Gobierno consiguió que se anoten DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) por US$7.012.598.143, con un volumen total de 19.591.831 toneladas en los tres días que duró la medida.