Revés judicial para De Goycoechea y alerta para los empresarios del caso Cuadernos

La Cámara Federal de Casación Penal asestó un nuevo golpe a los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas. En una decisión que podría extender sus efectos sobre otros imputados, la Sala I del máximo tribunal penal resolvió reponer el bloqueo de activos en cuentas bancarias de Suiza y actualizar los embargos sobre los bienes del empresario Juan Carlos de Goycoechea, uno de los arrepentidos del expediente.

La resolución revocó un fallo previo del Tribunal Oral Federal 7, que había levantado parte de las medidas cautelares dispuestas durante la instrucción de la causa. Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo votaron por restablecer las restricciones patrimoniales, mientras que Diego Barroetaveña se pronunció en disidencia.

Aunque el expediente analizado se refiere exclusivamente al exdirectivo de Isolux Corsán, fuentes judiciales señalaron que el criterio adoptado por Casación podría proyectarse sobre planteos similares impulsados por otros empresarios que enfrentan el juicio oral, según informó La Nación. En concreto, la Cámara ordenó reactivar el bloqueo del remanente de los fondos depositados en una cuenta del banco Intesa San Paolo Private Bank-Suisse, en Lugano, además de restablecer el embargo sobre dos inmuebles ubicados en Chubut y mantener la inhibición general de bienes del empresario.

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La discusión por los fondos en Suiza

Los camaristas cuestionaron la decisión del tribunal oral por considerar que el levantamiento de las medidas carecía de fundamentos suficientes, especialmente porque el juicio oral por los cuadernos continúa en pleno desarrollo. Según los magistrados, las restricciones patrimoniales buscan garantizar el eventual pago de multas, indemnizaciones, costas judiciales y el recupero de activos vinculados con posibles maniobras de lavado de dinero y corrupción.

Uno de los argumentos centrales del fallo fue la desactualización del monto de los embargos. La última revisión se había realizado en abril de 2023 y, de acuerdo con Casación, el contexto económico modificó sustancialmente el valor de las cautelares.

Los jueces advirtieron que, después de más de dos años, el embargo había quedado rezagado frente a “los avatares inflacionarios de público conocimiento y las oscilaciones del valor de la moneda nacional”, una situación que, según señalaron, no fue contemplada por la mayoría del Tribunal Oral Federal.

Los fondos congelados habían sido detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la investigación encabezada por el fallecido juez Claudio Bonadio. De acuerdo con el expediente, De Goycoechea y su esposa figuraban como titulares y beneficiarios finales de cuentas en entidades financieras suizas que acumulaban más de 13 millones de dólares.

El rol de De Goycoechea en la causa

En su voto, Hornos recordó que la investigación gira en torno a una presunta asociación ilícita integrada por funcionarios y empresarios que, entre 2003 y 2015, habría organizado un sistema de recaudación ilegal de fondos provenientes de contrataciones estatales. A De Goycoechea se le atribuyen dieciocho pagos realizados en representación de Isolux Corsán, vinculados con contratos de obra pública, entre ellos el de la central termoeléctrica de Río Turbio.

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El empresario se convirtió en uno de los primeros arrepentidos del expediente cuando declaró, tras haber sido detenido en 2018. En aquella oportunidad admitió haber entregado dinero a funcionarios kirchneristas, aunque negó que se tratara de sobornos y sostuvo que actuó bajo presión. “No tenía más remedio”, afirmó entonces, al asegurar que los aportes estaban destinados a campañas políticas y no alcanzaban los montos consignados por el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos.

Las anotaciones de Centeno lo ubicaron como protagonista de uno de los episodios más resonantes de la causa: la entrega de una valija con supuestos seis millones de dólares a Roberto Baratta, exfuncionario y mano derecha de Julio De Vido, dinero que, según la investigación, habría terminado en manos de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner.

Con esta decisión, la Cámara de Casación reabrió la discusión sobre el patrimonio de los acusados y envió una señal al resto de los empresarios involucrados en el juicio oral, que sigue avanzando después de casi ocho años de investigación.