Río Cuarto: liberan a dos técnicos del Conicet detenidos por uso privado de laboratorio en la UNRC

La Justicia Federal de Río Cuarto investiga a cinco investigadores vinculados al Conicet por el presunto uso indebido de un laboratorio de alta tecnología de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) con fines privados. Dos de los técnicos detenidos inicialmente fueron liberados, mientras que sigue la detención de una docente y un nuevo arresto por encubrimiento confirmado este jueves.

El caso comenzó en mayo de 2024, tras la denuncia de una docente del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas. Desde la institución reconocieron que personal del Conicet estaba utilizando insumos y equipamiento de un laboratorio universitario para actividades particulares, entre ellas la prestación de servicios de análisis de hormonas vegetales para empresas agrobiotecnológicas.

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En diciembre de ese año, el juez federal Carlos Ochoa abrió una causa, delegada al fiscal Rodolfo Cabanillas. En abril de 2025, la Justicia ordenó allanamientos en el campus y domicilios particulares, que derivaron en la detención de tres investigadores: Lucas Gallarato, Oscar Masciarelli y Judith Reynaga. Posteriormente, se imputó a otras dos personas que permanecen en libertad.

El fiscal rechazó los pedidos de excarcelación de los primeros tres detenidos al detectar indicios de maniobras para destruir pruebas y entorpecer la investigación. Sin embargo, el 22 de mayo se ordenó la liberación de Gallarato y Masciarelli, mientras que Reynaga continúa detenida y se sumó la detención de un hombre ajeno a la universidad, acusado de colaborar para encubrir pruebas.

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La UNRC, a través del decano de Exactas, Germán Barros, y la rectora Marisa Rovera, manifestó su colaboración con la Justicia y confirmó que abrió un sumario interno desde la denuncia inicial, que también motivó la suspensión temporal de convenios y la división de insumos para evitar el uso compartido de los espacios.

La causa sigue bajo secreto de sumario, y la calificación legal definitiva está pendiente. Se presume que los hechos podrían encuadrarse en delitos de peculado, administración infiel y defraudación en perjuicio de la administración pública.