Se viene un debate de alto voltaje en Laboulaye por la ley de “Igualdad Territorial” de Llaryora

El proyecto de ley girado por el Ejecutivo provincial en febrero de este año, pero que recién en la tarde de este lunes el PJ trató y despachó con un texto modificado, al cual la oposición accedió al inicio del plenario de comisiones, alimentó el fuego cruzado entre opositores y oficialistas. Los halcones cambiemistas apuntaron duro por la "delegaciones de facultades" y la "discrecionalidad" que tendrá el Poder Ejecutivo.

Se trata de un régimen de incentivos fiscales para empresas con proyectos de inversión que generen empleo en estas regiones. Con la ley se destinará hasta el 5% del total de la recaudación de Ingresos Brutos en proyectos de desarrollo para el Noroeste y el Sur-Sur de la provincia. Habrá incentivos de entre el 100% y el 50% de desgravación de IIBB a las inversiones industriales, de desarrollo turístico y del agro.

Como invitado, estuvo Gerardo Pintucci, secretario de Ingresos Públicos provincial. "Esto es darle mayor importancia a las regiones Noroeste y Sur, que tienen menor desarrollo económico, para tratar de equipararlas con las regiones más favorecidas", dijo y comentó que el proyecto brinda beneficios para los sectores de la industria, el turismo y el sector primario, a través de exenciones tributarias y reducción del impuesto a los Ingresos Brutos. Su participación dejó sabor amargo entre los opositores.

Voces opositoras

El arco opositor -en las voces de Walter Nostrala y los radicales Fernando Luna, Oscar Saliba y Brenda Austin, pidió más tiempo para tratarlo en comisión, incluso con la participación de los actores involucrados, incluidos los intendentes de las regiones que serán objeto del régimen de promoción para el desarrollo productivo del Noroeste y Sur-Sur cordobés.

Pese a la demanda de los halcones cambiemistas, el bloque del PJ decidió avanzar con el dictamen de mayoría (oficialista) de la iniciativa que concentrará el debate caliente de la sesión especial del miércoles en Laboulaye, la cual tendrá continuidad el martes próximo en Cruz del Eje para su aprobación definitiva.

De este modo, la reunión conjunta de las comisiones de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y de Legislación General fue a pura tensión. Lo "exprés" del tratamiento, según cuestionaron los opositores, cobró mayor volumen por los cruces de acusaciones que promete alto voltaje en la guerra discursiva en el plenario de Laboulaye.

Ante el accionar del oficialismo de avanzar con un dictamen de mayoría "a libro cerrado", el ultrajuecista Nostrala reafirmó que las sesiones en el interior por esta ley serán "dos actos de campaña". La crítica fue compartida -aunque en otro tono- por los radicales halcones y palomas.

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"No entendemos la celeridad en su aprobación para no admitir la discusión. Nadie se va a oponer, pero hay algunas cuestiones que hay que debatir, por caso la sostenibilidad de los emprendimientos en esas regiones", advirtió Luna en su rechazo a "la lógica electoralista".

Al respecto, el departamental de Cruz del Eje focalizó su demanda en el costo de las tarifas eléctricas, el aumento del Inmobiliario Urbano y la infraestructuras vial y básica (gas y agua) que "hace falta" en el Noroeste para brindar servicios a nuevas inversiones privadas. En igual sentido, se pronunció Oscar Saliba, quien insistió en el tratamiento en conjunto con su proyecto integral -cajoneado- sobre el Plan de Desarrollo del Departamento General Roca, creando el Polo Agroindustrial y de Valor Agregado.

"Hay que darles (a los inversores) otras condiciones que hay que discutir", remarcó el departamental de General Roca al pronunciarse en línea con el planteo de Luna."“Esta ley debe salir por unanimidad, pero no se puede aprobar entre gallos y medianoche", lanzó el radical sensiblemente molesto.

"Hay algunos puntos que debemos discutir. Falta trabajo para agregar algunas cuestiones", se quejó la amarilla Patricia Botta al hacer hincapié en las obras que se necesitan en materia de caminos, luz, gas, salud y educación. "Tienen que estar en el proyecto todos estos servicios", subrayó. La integrante del PRO también rechazó -como sus pares juecistas y radicales- que se quiere llevar a los "empujones" a la oposición.  

Réplica oficialista

Al salir al cruce del embate opositor, Juan Blangino le pidió a la oposición no poner "excusas" y advirtió que el gobernador anunció este programa el 1 de febrero (apertura de sesiones en Deán Funes). "Esto es necesario", remarcó el oficialista y señaló que "se han tenido en cuenta las voces del territorio". A lo que sumó: "Hay mucho por hacer, pero el gobierno viene desarrollando un plan sostenido y federal" en la provincia.

"Necesitamos que esta ley salga", aportó Victoria Busso, quien oficiará de anfitriona el miércoles en su territorio. "Necesitamos esta herramienta", aseguró al defender este régimen de incentivos fiscales para empresas con proyectos de inversión que generen empleo en las regiones del Noroeste y Sur-Sur cordobés.

"No es electoralista. Nos va a beneficiar a todos", enfatizó la oficialista y agregó que "el agua (en su localidad) llegó en 2011 y la fibra óptica llegó con el gasoducto". "Es un momento oportuno para sacar esta ley", aseveró Mariano Ceballos Recalde, departamental de San Alberto. "Esta ley es histórica", sumó Abraham Galo y defendió el rol del “Estado presente” en Córdoba.

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La peronista Karen Acuña rechazó las críticas de la oposición y aseguró que este proyecto del Ejecutivo "busca hacer una distribución federal de las inversiones" y "lo hace garantizando reglas claras, transparencia y un cupo presupuestario específico que hace que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar". 

Pero, en otro pasaje de su intervención, Acuña detonó los puentes con los opositores del juecismo, la UCR y del PRO. "Es más electoralista venir a acá a hablar de la presencia del Estado, de la obra pública y del desarrollo productivo cuando acompañan a un Presidente que dice querer dinamitar el Estado". "Lo que han manifestado acá tiene más de electoralista que un proyecto de ley a debatir en dos sesiones”, dijo y tildó de "hipócritas" lo que desató el malestar opositor.

Facultades y discrecionalidad

Al entrar en el análisis del texto del despacho del PJ, la oposición alertó sobre la “delegaciones de facultades” al Poder Ejecutivo -a funcionarios de turno- y la “discrecionalidad” en el manejo de este régimen que otorgará la norma que se sancionará el martes 16 en Cruz del Eje.

El liberal Gregorio Hernández Maqueda cuestionó que la iniciativa encierra "delegación de facultades y más discrecionalidad para el Ejecutivo". Al hacer foco en el articulado del despacho, el opositor indicó que será "el funcionario de turno quien defina" el otorgamiento del beneficio fiscal a los proyectos. "Esto se presta para la corrupción", apuntó. 

La apreciación fue compartida por Rodrigo Agrelo. Al redoblar su crítica, el vecinalista sostuvo que "la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de seleccionar los proyectos… es fuente de corrupción". Y advirtió que la iniciativa no prohíbe que “los dueños de casinos vengan a invertir en el sector turístico” en esas dos regiones que son objeto de esta ley.

"Tiene un montón de discrecionalidad", declaró Austin al cuestionar el proyecto y su tratamiento exprés. También demandó que se garanticen por ley los Consejos Asesores que participarán en el proceso de selección y aprobación de los proyectos que fija la norma con la participación de los legisladores. "Convoquen al diálogo a la oposición. Aprendan de lo que pasó ayer", fustigó la radical al aludir al revés que sufrió el gobierno de Javier Milei en las elecciones de Buenos Aires.

El oficialismo y sus aliados convertirá en ley el programa de "Igualdad territorial" para el desarrollo productivo del Noroeste y Sur-Sur cordobés que implica un régimen de incentivos fiscales para empresas con proyectos de inversión que generen empleo en estas regiones.

Ante las objeciones mencionadas, pero sin margen político para poder rechazar el objetivo central de la iniciativa, la oposición adelantó que irá con despachos alternativos. Tanto la UCR como el PRO indicaron que impulsarán sendos dictámenes con disidencias parciales. El juecismo expresó su rechazo al despacho del PJ, pero dijo que "no pondrá palos en la rueda".