Sicarios, venganzas, armas y drogas: un tejido social roto y políticas públicas sin efectividad

Tres episodios policiales ocurridos entre el 30 de enero y el 2 de febrero último, en barrio Yapeyú, son una muestra palpable de la descomposición social atravesada por la droga, las armas ilegales, violencia extrema y el inicio temprano en el delito de adolescentes. 

Hay un protagonista relevante, Juan José Juárez, alias “El Negro Juan” (28) y su familia, pero quedarse en la anécdota de su figura y sus frondosos antecedentes, como los de su hermana y su madre, sería detenerse a mitad del camino sin mirar el contexto ni preguntar qué hace el Estado, si está presente, para revertir historias como estas. 

Los expedientes judiciales están en sus inicios, pero los primeros datos son alarmantes.

Historias entrelazadas. La detención de “El Negro Juan” fue el epílogo de una sucesión de hechos violentos cuyo inicio causal podría ubicarse en el crimen de Axel Gómez (25), perpetrado en abril de 2024. Por ese hecho fueron condenados la hermana de El Negro Juan, Aldana Juárez y su novio, Damián “Cara de Gato” Carballo. 

Con esa condena en sus espaldas Aldana fue reubicada en tres oportunidades en diferentes centros penitenciarios. Es una joven con problemática de consumo de drogas y de alto perfil, como le llaman en el Servicio Penitenciario a las y los internos que generan permanentemente conflictos de convivencia. Actualmente está alojada en la cárcel de Villa María. Semanas atrás tuvo un altercado con otra presa y el novio de ésta, también detenido, la amenazó. Todas las comunicaciones se hicieron por teléfonos celulares, a pesar de que están prohibidos en las cárceles provinciales. ¿Cómo los siguen consiguiendo y usando si aumentaron los controles y la tecnología para interceptar señales? 

Un sicario -hay que decirlo con todas las letras a pesar de que las autoridades provinciales niegan que exista el crimen organizado en Córdoba- cumplió la advertencia. Se presentó en la casa de Aldana Juárez, salió una mujer a quien le preguntó si era hermana de Aldana. Le respondió que no -en realidad era inquilina de la vivienda-, no le creyó y disparó. 

El 10 de febrero “el Sicario” fue detenido junto a otras siete personas, de las cuales tres son menores de edad. A pesar de que le llamen “violencia urbana”, el episodio es mucho más que eso.

El caso Luna López.  Horas después, siempre en un radio de 200 metros en el mismo barrio, una pareja de adolescentes, él de 16 y ella de 15 años, protagonizó una discusión violenta. El chico le reclamaba a su novia la devolución de un celular que le había dado. Como el aparato estaba roto, le robó un perro mascota de la casa. La familia pidió el rescate del animal. Intercedió “el Negro Juan” Juárez, una especie de protector del muchacho, quien consiguió la restitución del perro a su dueña.

No todo quedó ahí. Se investiga un episodio posterior. Aparentemente la familia de la chica atacó la casa del muchacho y, como venganza, cuatro adolescentes y “el Negro Juan” fueron a la vivienda de la joven, dispararon con armas de fuego. La hermana mayor de la adolescente que querían atacar es Luna López, a quien alcanzó una de las 21 balas hiriéndola de gravedad hasta dejarla parapléjica.

Luego de este último ataque, los adolescentes amparados por “el Negro Juan” habrían continuado su raid delictivo. Se sospecha que violentaron  a otra joven -menor de edad-, la intentaron asfixiar y le gatillaron para robarle una cadenita de oro.

Todos están detenidos: el Sicario, el Negro Juan y los menores mencionados. Los expedientes se tramitan en la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, a cargo de Silvana Fernández.

Víctimas y victimarios de las historias narradas evidencian un tejido social totalmente roto, personas excluidas del sistema, sin trabajo ni educación, dedicadas a la delincuencia, dependiendo de la droga que consumen y que venden, portando armas que el Estado no sabe de dónde salen porque no hay trazabilidad del circuito ilegal. Así lo reconoció el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

El Negro Juan cayó detenido formalmente por primera vez a los 18 años. Había atacado a balazos a un móvil policial. Cuando salió de prisión volvió a delinquir y se presume que es proveedor -alquila y vende- armas, incluso de guerra, a adolescentes que salen a robar. 

Su madre, Carina Juárez, le imploró que se entregara el jueves pasado al cuerpo de élite ETER. El video difundido por la Policía de Córdoba es espeluznante. “20 años estuve en la cárcel y no fui cobarde. No te dejes matar. Avanzá como un soldado. Acá estoy”, fue la arenga que pronunció a los gritos hasta que su hijo salió con los brazos en alto y fue detenido. La mujer tiene antecedentes por narcomenudeo y por un robo calificado donde una mujer fue torturada. Esto explica las dos décadas que estuvo presa.

Habría que profundizar en las historias de los adolescentes. Según fuentes vinculadas a la investigación tuvieron decenas de “intervenciones” de Senaf desde que son niños. Todos hijos de madres adictas a las drogas, padres presos o ausentes. Por los resultados, la eficacia es nula.

Cadena 3 difundió el viernes pasado un video que grabó “el Negro Juan” Juárez en la terraza de una casa de Barrio Yapeyú donde amenaza aparentemente a bandas enemigas. Aparece con chaleco antibala, encapuchado, mostrando una pistola 9 mm -que usan las fuerzas de seguridad- una escopeta y una ametralladora. “Tengo muchos rosarinos, porteños para descolgar. Yo soy mafioso. No me importa nada. Se te viene la noche” afirma en el reel.

Las políticas económicas de ajuste generan más exclusión. Son generaciones que se caen del mapa social, sin educación, sin posibilidades, sin herramientas para un trabajo digno. 

La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. ¿Es la solución? Los argumentos que se escucharon últimamente afirman: “los menores de esa edad tienen capacidad para conocer las consecuencias de sus actos”. El problema no es el discernimiento, sino qué se hará con ellos. Se sabe que las cárceles -y los casos narrados en esta nota lo acreditan- son universidades del delito.

¿Cuán efectivos son los programas de Senaf? La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, señaló al diario Puntal que “la Provincia viene abordando la complejidad del problema con un nuevo marco legal que le da al Estado más instrumentos para intervenir”. En tribunales se escucha un reguero de quejas porque reciben a adolescentes asesinos y ladrones perfeccionados porque no se intervino a tiempo, cuando eran niños.

¿Las políticas de seguridad, más móviles policiales, cámaras, armas de letalidad reducida, guantes con descargas eléctricas para inmovilizar a delincuentes, son la respuesta? Claramente no. Solo intentan ser un paliativo para menguar la inseguridad cuya raíz es inconmensurable.