Sin avales ni consultas: por qué el municipio de Córdoba se desmarca de la nueva campaña de Uber

La empresa Uber lanzó esta semana en Córdoba su campaña "Bondi + Uber", con descuentos de hasta el 50% para viajes cortos pensados para cubrir el primer y último tramo del recorrido en colectivo. La respuesta del municipio no tardó: Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno, salió a marcar territorio y cerró la puerta a cualquier lectura que vincule la iniciativa privada con la estrategia oficial de movilidad urbana.

"No tenemos ninguna normativa que establezca un complemento del sistema de transporte público con el sistema de aplicaciones", afirmó Fernández, tajante, a PERFIL CÓRDOBA. La declaración apunta directamente al corazón de la campaña de Uber, que desplegó cartelería junto a paradas estratégicas de la ciudad y activó un código promocional aplicable desde los 700 pesos para viajes que, según la empresa, se combinan con el uso del colectivo.

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La postura de Fernández no es solo un rechazo a Uber en particular. Es una defensa del modelo de transporte municipal como sistema autónomo y autosuficiente. "El transporte funciona bien, está estable, está mejorando, estamos recibiendo inversiones y reestructurando el sistema para que mejore", sostuvo el funcionario, en una caracterización que choca con la percepción de miles de usuarios que en las últimas semanas vivieron interrupciones de servicio tras la salida abrupta del Grupo FAM de varios corredores.

Para Fernández, el horizonte del transporte cordobés está trazado sin actores privados del sector de aplicaciones: "No va a ser complementado con nada que no sean más colectivos, más frecuencias y más líneas".

Reguladas, pero al margen

El secretario fue cuidadoso en distinguir dos planos. Por un lado, reconoció la existencia de un marco normativo para las plataformas de transporte por aplicación: "La movilidad de desplazamiento a través de aplicaciones también tiene una ordenanza, tiene una reglamentación, está en un proceso de normalización de las empresas y de los choferes, y tienen reglas y obligaciones y derechos claros". Uber opera en Córdoba dentro de ese esquema, con habilitación municipal vigente.

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Pero una cosa es operar en la ciudad y otra muy distinta es integrarse al sistema público. Fernández trazó esa línea sin ambigüedades: "De ahí en más, todas las propuestas y las promociones que va realizando cada empresa, no somos parte y tampoco conocemos el objeto en sí". El municipio no participó de la campaña, no fue consultado y no la avala, aunque tampoco tiene herramientas para impedirla.

La incomodidad del timing

Lo que el funcionario no mencionó -pero flota en el aire- es que Uber eligió lanzar su campaña en el momento de mayor exposición de las debilidades del sistema público. La revocación del contrato al Grupo FAM, el esquema de emergencia activo hasta el 31 de marzo y la transición hacia nuevas empresas operadoras en los corredores 5 y 7 configuran un escenario en el que la promesa de "llegar mejor" con un descuento en la app tiene más resonancia que en cualquier otro momento.

El municipio responde con un discurso de fortaleza institucional. Fernández insistió en que el sistema "funciona como todos lo conocemos" y que no hay "variables" en eso. La solidez del mensaje contrasta con una ciudad que todavía procesa una crisis de servicio de alcance inédito en años recientes.

Uber, por su parte, no necesita que el municipio la avale. Le alcanza con pegar sus carteles donde el colectivo no llega a tiempo.