"Van a destruir un tesoro ambiental": critican proyecto de ruta pavimentada que atraviesa reserva natural en Córdoba
La legisladora Brenda Austin advirtió sobre el alto impacto ambiental y patrimonial de la obra anunciada por el gobernador Martín Llaryora, que demanda una inversión de 18 mil millones de pesos y fragmentaría uno de los principales pulmones verdes de Córdoba.
Tras la polémica por el quebracho trasladado de la avenida Luchesse, el gobierno de Córdoba enfrenta cuestionamientos por el anuncio sobre la pavimentación de la ruta E-64, que conecta La Calera con Malagueño, por atravesar la Reserva Natural de la Defensa La Calera. La legisladora Brenda Austin (UCR) cuestionó con dureza el proyecto que demandaría una inversión de 18 mil millones de pesos.
"Uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la provincia, sobre todo en las zonas urbanas, clave para el corredor biológico de Sierras Chicas, está viéndose amenazado hoy por un anuncio del gobernador", declaró Austin en una entrevista radial en el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba.
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La legisladora radical explicó que el proyecto implica "convertir una ruta que hoy es un camino rural de tierra prácticamente no transitado" en "una vía central que une dos localidades", lo que representaría "la violación de un montón de normas" al tratarse de "una zona federal que forma parte del ejército" y que, además, "es una reserva natural".
Reserva de alto valor ecológico y patrimonial
La Reserva Natural de la Defensa La Calera, creada en 2009, abarca 13.628 hectáreas y protege 343 especies nativas, entre ellas 32 especies amenazadas. Se ubica en la zona de transición entre las ecorregiones del Chaco Seco y el Espinal, y su objetivo es conservar parte de la cuenca del río Suquía y una porción del bosque chaqueño serrano.
El área protegida surgió de un proceso participativo que comenzó en 2007 con el apoyo del Aula Abierta de Montaña de la Universidad Nacional de Córdoba y organizaciones sociales que conformaron el Grupo EsCALERA.
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Austin destacó que la reserva funciona como "un colchón fenomenal entre Córdoba, Carlos Paz, La Calera y Malagueño" y representa "un tesoro que tiene nuestra provincia". La legisladora sugirió que "deberían estar pensando en cómo potenciarlo y no en cómo destruirlo y atravesarlo con una obra de infraestructura de estas características".
Implicancias históricas y judiciales
El proyecto también genera preocupación por aspectos históricos y judiciales. El camino atraviesa tierras donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla durante la última dictadura, y existe una causa judicial en curso sobre "enterramientos" que investiga la ubicación de cuerpos de desaparecidos.
Desde el Espacio para la Memoria La Perla expresaron su preocupación señalando que "la búsqueda no está agotada" y que deben agotarse "múltiples instancias en la causa 'Enterramientos'" antes de cualquier intervención territorial.
Críticas al negacionismo y falta de planificación
Austin enmarcó su crítica en un contexto más amplio sobre la falta de políticas ambientales serias en la provincia. La legisladora se mostró como una de las pocas voces opositoras que se manifestó públicamente sobre el tema.
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"Lo que se necesita es seriedad y políticas públicas de largo plazo", sostuvo, alertando sobre la ausencia de "conciencia de algo que en el mundo ya se está empezando a discutir: cómo preparamos a las comunidades para el impacto que el cambio climático y los eventos climáticos extremos están teniendo".
En sus redes sociales, la legisladora fue más contundente: "Ni negacionismo climático, ni greenwashing en la política. Córdoba necesita pensar su crecimiento de manera compatible con la preservación de sus ecosistemas".
Austin cerró su intervención con un llamado a la responsabilidad hacia las futuras generaciones: "No hay desarrollo posible si no se contempla la preservación de los recursos naturales, nos guste o no. Creo que ahí está un poco la clave, integrar el crecimiento económico con la preservación para generaciones futuras".
Hasta el momento, el gobierno provincial no proporcionó información pública sobre estudios de impacto ambiental ni convocó a audiencia pública sobre la obra, como reclaman organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
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