Wachitas, la noche y el poder

El 2 de junio de 2026, nueve días después de la desaparición de Agostina Vega, la Municipalidad de Córdoba habilitó Wachitas Bar. El mismo día, horas más tarde, lo clausuró. Al día siguiente, alguien removió las fajas. No es un error administrativo: es el retrato de cómo funciona el poder en esta ciudad y el motivo por el que la oposición pidió tratarlo sobre tablas el jueves en el Concejo.

Las tres puertas del bar

Wachitas entra en la causa por varias puertas. La más directa es Soledad Andreani, la tercera detenida, acusada de encubrimiento por ser la dueña del Ford Ka en el que, según la fiscalía, Barrelier trasladó el cuerpo; era encargada de producción del bar. La segunda apareció en el allanamiento al local de Ituzaingó al 500: en un video que difundió el periodista Lázaro Llorens y replicó LN+, se ven habitaciones con camas matrimoniales detrás del sector de recreación, que no figuraban en la habilitación, lo que abrió la sospecha, sin imputación, de prostitución o trata.

La tercera puerta es la propiedad. El bar figura a nombre de una joven de 22 años sin empleados, leída en Tribunales como prestanombre, pero el inmueble es, según el Registro de Rentas, de la familia Huespe. La Municipalidad llegó a recomendar el bar en su web oficial y borró la recomendación tras el femicidio. Quien emite esas habilitaciones es el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), creado en febrero de 2024 por el intendente Passerini, que concentró habilitaciones y espectáculos en una sola unidad. Actualmente lo dirige Ezequiel Hormaeche Actis, a quien el jueves el Concejo le exigió explicaciones, sin éxito: el bloque peronista bloqueó el tratamiento. No es la primera vez que llega a la Justicia: en noviembre de 2025, el concejal Sergio Piguillem lo denunció penalmente por el alquiler de la sede del Ente, y la causa quedó ante el fiscal Raúl Garzón, el mismo que hoy investiga el femicidio.

El padrino de Barrelier

Detrás del caso se repite un nombre: Ricardo Moreno. El abogado penalista, hoy exconcejal del PJ y jefe de las 62 Organizaciones, conecta más puntos que nadie. En enero de 2021, durante la intendencia de Llaryora, gestionó el ingreso de Claudio Barrelier a la Muni como becario, sin concurso; lo admitió en un audio. Barrelier terminó en el área de Tránsito y aparecía junto a Moreno en actos del peronismo. El 21 de mayo de 2026, tres días antes de la desaparición, una resolución lo ubicaba en el puesto 45 entre 324 becarios que pasarían a planta. Ya tenía antecedentes: en mayo de 2025 había sido detenido, acusado de retener a una joven de 20 años, atada y amordazada, en la misma casa de Cofico donde un año después moriría Agostina. Su defensor fue el propio Moreno. Quedó libre a los 20 días, tras una fianza de cinco millones de pesos que le concedió el fiscal Iván Rodríguez.

Las alertas que nadie escuchó

El municipio tuvo más de una chance de sacarlo y no lo hizo. Según la reconstrucción mediática, cuando volvió de esos 20 días preso, la titular de Tránsito, Florencia Barrionuevo, avisó por WhatsApp que había faltado por estar detenido. Su superior, Iván Contreras, frenó el despido: “Hay que cuidar a los compañeros”, dijo en un audio, en alusión a la militancia. En diciembre de 2025, un ajuste sumó a Barrelier a una lista de becarios para desafectar. Permaneció igual. El municipio admitió después que nunca supo que su empleado había estado preso. Tras el femicidio, el secretario de Gobierno Rodrigo Fernández desplazó a 13 funcionarios; entre los renunciados están Contreras y el exsecretario Eduardo Ramírez.

Caso Agostina: el Concejo avanza con controles de antecedentes, drogas y conducta para empleados municipales

Cuando Barrelier fue detenido por el femicidio, la defensa pasó primero a Jorge Sánchez del Bianco, socio del estudio de Moreno y esposo de su hija Carla, funcionaria provincial; renunció antes del hallazgo del cuerpo, y Barrelier quedó con el defensor oficial Jorge Cassini. La salida de Moreno del Concejo tampoco fue espontánea: según fuentes al tanto de la negociación, el paso al costado habría tenido precio. La tensión no se quedó en el recinto: el concejal y dirigente sindical Gustavo Pedrocca denunció esta semana que recibió amenazas tras pedir la salida de Moreno, y que el primer mensaje le llegó a su hija. Llaryora no se pronunció sobre el desempeño de sus funcionarios.

“La política está hasta las manos”

El senador Luis Juez fue el más explícito. “La política está hasta las manos. Hay un entramado construido desde hace muchísimo tiempo, hoy extremadamente perfeccionado desde los máximos lugares de poder”, dijo el jueves en Punto a Punto Radio. Según él, en la pandemia, un grupo de dirigentes políticos se quedó con cerca del 90% del negocio nocturno comprando fondos de comercio y blindó ese control con una ordenanza que concentró las inspectorías. Sobre la chance de que la causa pase al fuero federal, agregó: “Están trabajando para no perder el control del expediente, porque ahí no podrían garantizar la impunidad”.

Las líneas de narco y trata tienen quien las sostenga, aunque sin imputación. La que fue más lejos fue Fernanda Alaniz, abogada del padre, que habló de un “grupo criminal organizado”2 y planteó la sospecha. Es su hipótesis, no una conclusión de la fiscalía. Del otro lado, Carlos Nayi, abogado de los abuelos maternos, la enfría: sostiene que fue un abuso seguido de femicidio, con posibles encubridores, y parece descartar una banda.

El reclamo a la Justicia

El reclamo judicial ya tiene forma institucional: la oposición presentó en la Unicameral un pedido de jury contra dos fiscales, Iván Rodríguez, que liberó a Barrelier en 2025, y Raúl Garzón, que conduce la causa. La abogada de aquella primera víctima, Mónica Picco, sumó un señalamiento al “Juzgado de Género”, que durante un año no llamó a declarar a la joven y dispuso tarde la protección.

En los próximos días se levantan dos cerrojos: las indagatorias de los tres detenidos, postergadas por las crisis psiquiátricas de Barrelier y Andreani, tras las cuales se espera que caiga el secreto de sumario vigente desde el 3 de junio; y la comparecencia de Hormaeche Actis ante el Concejo por Wachitas.

El caso Agostina Vega sacudió a Córdoba y al país con la brutalidad de un femicidio atroz. Lo que se construye a su alrededor es otra cosa: el mapa de una ciudad donde la habilitación de un bar, la designación de un funcionario y la protección de un acusado convergen en un mismo circuito.