¿Les interesa a los argentinos la educación? ¿La consideran una prioridad? ¿Cuál es la valoración social que se tiene de las políticas educativas y del rol de la escuela? Estas son algunas de las preguntas que surgen tras el último informe de Argentinos por la Educación, “Percepción social sobre la educación y la política educativa”, que muestra que sólo el 5% de los argentinos considera a la educación como el principal problema del país.
El estudio revela que en Argentina, la educación se ubica en el séptimo lugar dentro del ranking de las problemáticas nacionales, por detrás de temas como economía, política, desempleo e inseguridad, entre otros. Lo paradójico es que la mayoría de las personas encuestadas se muestra insatisfecha con las políticas educativas. ¿Cómo se explica?
“El informe revela que apenas el 5% de los argentinos cree que la educación es el principal problema del país frente a otras 45 opciones de respuesta. Esto no significa que no nos importe, sino que la crisis educativa es una variable latente que no afecta el bolsillo de manera inmediata”, explica Inés Insúa, licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés (Udesa) y líder de Ciudades de la Educación en la asociación civil Red de Innovación Local (RIL).
La especialista, que trabaja en el diseño e implementación de proyectos que combinan el desarrollo humano, las políticas públicas y la educación, explica que, en contextos de alta inflación o inseguridad, las urgencias materiales monopolizan el centro de la agenda pública. “Cuando la prioridad diaria de una persona es cubrir los gastos cotidianos o conseguir empleo, lo estructural pasa a un segundo plano. Por eso es fundamental entender este dato en clave de contexto: la emergencia cotidiana posterga el mediano plazo”, agrega.
En esta línea, el estudio muestra algunas diferencias de percepción entre sectores socioeconómicos altos y bajos. El 8% de los ciudadanos en la cúspide de la pirámide social considera a la educación como el principal problema del país, mientras que en los sectores bajos esa proporción es del 6%. Insúa explica que si bien se trata de una diferencia estadísticamente significativa, la brecha es estrecha.
“Al igual que en el escenario general, esta variación se explica por la jerarquía de necesidades. No hay que caer en la interpretación lineal de que a una familia de un barrio popular le interesa menos la educación que a una de nivel alto”, subraya. El dato
-añade- demuestra que, en su realidad subjetiva, existen urgencias de subsistencia mucho más acuciantes. “La educación es una inversión de largo plazo que, por definición, no resuelve las carencias del presente inmediato”, sostiene.
Valoración social
Gran parte de la población está insatisfecha con las políticas educativas, pero esa disconformidad no aparece como un problema en la agenda pública. ¿Nos acostumbramos a una educación que funciona mal? Insúa remarca que actualmente, el 68% de la población sostiene que está nada o poco satisfecha con la política educativa nacional. “Es probable que nos hayamos habituado al discurso del deterioro y que, como consecuencia, la capacidad de movilización y reclamo social se haya debilitado”, piensa.
En este punto, la experta considera que opera una “disonancia cognitiva”. Es decir que mientras sólo 5 de cada 10 familias considera que la educación del país es buena, 9 de cada 10 madres valoran la escuela de sus propios hijos como buena o muy buena. “Existe una tendencia generalizada a pensar que el problema pertenece de manera abstracta ‘al sistema’, y no a la institución a la que se asiste”, apunta. Esta fragmentación -agrega- diluye la demanda colectiva. “Sostener que la educación construye futuro exige devolverle la centralidad en el financiamiento, la valoración social y la discusión pública”, opina.
Tomás Besada, economista y analista de datos de Argentinos por la Educación y uno de los autores de este informe, explica que un aspecto relevante de los resultados del estudio es que la posición relativamente baja de la educación en el ranking de preocupaciones ciudadanas no constituye una particularidad argentina. “En 2024, apenas el 3,4% de los latinoamericanos señaló a la educación como el principal problema de su país y, en la mayoría de los países analizados, esta temática se ubicó entre el sexto y noveno lugar del ranking de preocupaciones”, detalla.
Agrega que incluso en Argentina, que se encuentra entre los que registran mayores niveles de preocupación relativa por este tema en la región, la educación ocupa el séptimo lugar detrás de cuestiones vinculadas a la economía y la seguridad.
“Que la educación no encabece el ranking de preocupaciones no necesariamente implica una baja valoración social de su importancia. Más bien, sugiere que, en contextos marcados por urgencias económicas y sociales, las demandas ciudadanas se orientan prioritariamente hacia aquellos problemas cuyos efectos se perciben de forma más directa e inmediata”, señala, en coincidencia con Insúa.
Promesa de ascenso social
Para algunas personas, los indicadores que muestran que la educación no es hoy una prioridad podría ser el resultado de años en que la educación dejó de ser sinónimo de movili dad social. Pero la apreciación tiene sus bemoles.
Insúa reconoce que la ruptura de la promesa de ascenso social erosiona el contrato implícito con la institución escolar. Sin embargo, señala que en una Argentina donde más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza cabe preguntarse “si puede la escuela ser el único motor de movilidad en un escenario de vulnerabilidad estructural”.
La experta detalla que cuando la pobreza es multidimensional, condiciona las trayectorias de vida desde diversas maneras: hábitat precario, sistemas de salud saturados, deficiencias nutricionales y exposición a redes de delincuencia. “En este entorno, la escuela asume muchos roles en simultáneo. Se convierte en comedor, centro de vacunación, sostén emocional y un espacio seguro de cuidado y acompañamiento”, dice.
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En esa línea, agrega que “esto no exime de responsabilidad al Estado ni a quienes conformamos el sistema educativo; nuestra tarea es garantizar una oferta de excelencia, fundamentalmente para los sectores más vulnerables. Pero la escuela no puede, ni debe, responder en soledad a una crisis social de esta magnitud”.
Para Insúa lo que ha entrado en crisis no es el valor de la educación en sí, sino su efectividad como único mecanismo de integración en un mercado laboral fragmentado. “Obtener el título secundario es una condición necesaria, pero ya no es suficiente si las reglas del juego fuera del aula están rotas”, puntualiza.
Sostiene que hay evidencia interesante al respecto. Por ejemplo, un estudio experimental publicado por el BID demostró que los jóvenes residentes en barrios populares tienen, en promedio, un 40% menos de probabilidades de recibir un llamado para una entrevista de trabajo que un postulante con exactamente el mismo currículum y formación que vive en un barrio formal. “El sesgo geográfico penaliza el esfuerzo pedagógico”, subraya.
Añade que si a esto le sumamos salarios docentes deprimidos, deficiencias en los aprendizajes y una agenda mediática que sólo visibiliza la educación ante el conflicto salarial o el episodio violento, la tensión institucional es evidente. “La sociedad sigue valorando el estudio, pero constata que la promesa de movilidad está condicionada por el código postal de origen”, asegura.
La urgencia material
¿Cómo se explica que la ciudadanía deje en un segundo plano a la educación que es la base de todo desarrollo? “Se entiende, fundamentalmente, por la percepción de la urgencia material”, insiste Insúa. En este sentido explica que resolver las condiciones básicas de subsistencia es el requisito indispensable para que una sociedad pueda destinar capital mental y político a debatir sus reformas de fondo. No obstante, y dicho esto, la experta cree que la educación necesita recuperar urgencia y centralidad.
“Es la inversión social prioritaria para que el desarrollo sea viable y equitativo. Desatenderla es cerrar la posibilidad de construir proyectos de vida autónomos y plenos, independientemente del contexto en el que se haya nacido”, concluye.
