El femicidio de Agostina Vega sigue generando consecuencias políticas e institucionales en Córdoba. Esta vez, el foco se trasladó al Concejo Deliberante, donde comenzó el debate de cinco proyectos que buscan reforzar los controles sobre empleados municipales luego de que se conociera que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente, trabajaba en la Municipalidad pese a registrar antecedentes penales recientes.
La discusión se abrió en la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, que puso bajo análisis distintas iniciativas orientadas a detectar situaciones que hoy podrían pasar inadvertidas dentro de la estructura municipal.
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Uno de los proyectos centrales es el impulsado por el intendente Daniel Passerini. La propuesta plantea incorporar al Estatuto del Personal Municipal la obligación de presentar periódicamente documentación oficial que permita acreditar la situación judicial y administrativa de cada trabajador.
Entre los requisitos figuran certificados nacionales y provinciales de antecedentes penales, constancias de no inscripción en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual y certificados que acrediten no integrar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
El caso Barrelier expuso fallas en los controles
Durante el debate, varios concejales coincidieron en que el caso de Barrelier dejó al descubierto debilidades en los mecanismos de supervisión del municipio.
La concejala Elisa Caffaratti reclamó conocer con precisión cómo funciona actualmente el sistema de control interno y pidió explicaciones sobre un dato que generó fuerte impacto político: el acusado estuvo alrededor de 20 días sin asistir a su puesto laboral porque se encontraba detenido y esa situación no habría sido detectada por la administración municipal.
En la misma línea, Graciela Villata planteó que cualquier reforma debe alcanzar no solo a empleados de planta permanente, contratados o transitorios, sino también a monotributistas y becarios, figuras que hoy representan una parte importante del personal vinculado al municipio.
Cruce de datos con la Justicia y la Policía
Otra de las propuestas en análisis apunta a reducir la carga burocrática para los trabajadores y fortalecer los controles desde el propio Estado.
El concejal Sergio Piguillem propuso crear un sistema municipal de actualización permanente de antecedentes mediante el cruce de información con organismos judiciales y fuerzas de seguridad, evitando que cada empleado deba presentar documentación periódicamente.
Durante la reunión también expuso el director de Política Judicial de la Provincia, Pablo Sánchez Latorre, quien sostuvo que actualmente existen registros de antecedentes tanto a nivel nacional como provincial y consideró necesario avanzar hacia una integración de bases de datos.
Según explicó, el principal obstáculo no es la falta de información sino la demora y complejidad administrativa para procesarla de manera eficiente.
La comisión avanzó además sobre otro capítulo derivado del caso Agostina. Por unanimidad, los concejales aprobaron un despacho que expresa repudio hacia la conducta atribuida al exconcejal Ricardo Moreno.
La decisión se fundamenta en que Moreno reconoció haber recomendado a Barrelier para ingresar a la Municipalidad y posteriormente asumió su defensa en una causa penal, una situación que varios bloques consideraron incompatible con los principios de ética pública, transparencia e idoneidad.
