CRA, una de las entidades del campo, impulsa una reforma del Código Penal para penalizar el vandalismo rural: de qué trata el proyecto

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades rurales con mayor representación entre los productores agropecuarios, presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que busca incorporar la figura de “vandalismo rural” al Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria.

La iniciativa apunta a cerrar vacíos legales que hoy dificultan una respuesta judicial eficaz frente a ataques a silobolsas, cultivos, ganado e infraestructura rural.

En los últimos años, los hechos de violencia en el ámbito rural se consolidaron como una de las principales preocupaciones del sector agropecuario. El abigeato —robo y faena clandestina de ganado— y el vandalismo rural, especialmente los ataques a silobolsas e infraestructura productiva, se repiten en distintas regiones del país, con impactos económicos, productivos y sociales significativos.

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En muchas zonas, la baja presencia policial rural, las distancias y la dificultad para identificar a los responsables derivan en bajos niveles de judicialización, lo que refuerza. 

Vale señalar que el vandalismo rural se caracteriza por su difícil encuadre penal, ya que muchas conductas quedan subsumidas en figuras genéricas de daño, con sanciones consideradas leves frente al perjuicio causado.

Tanto el abigeato como el vandalismo rural trascienden al productor individual. Las pérdidas impactan en la economía regional, reducen ingresos fiscales, desalientan inversiones y profundizan la sensación de inseguridad en comunidades del interior, donde el establecimiento rural suele ser también el lugar de vivienda y trabajo familiar.

Qué propone el proyecto de CRA que busca penalizar el vandalismo rural

La propuesta plantea modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorporar el artículo 184 bis, que crea la nueva figura de vandalismo rural. Según el texto, el delito se configurará cuando se afecte el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de bienes esenciales para la actividad agropecuaria, entre ellos:

-Granos y silos bolsa

-Cultivos y plantaciones

-Ganado y forrajes

-Infraestructura y otros activos productivos del campo

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El proyecto establece penas de prisión de dos a cinco años, con el propósito de equiparar la sanción a la magnitud del perjuicio económico y productivo generado.

El diagnóstico del sector: delitos reiterados y penas insuficientes

Desde CRA sostienen que los ataques al campo se han vuelto recurrentes y que el marco penal vigente no refleja la gravedad del daño que provocan estas conductas. En particular, remarcan que la ausencia de una tipificación específica deriva en procesos judiciales débiles y, en muchos casos, en impunidad.“No se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, señalaron desde la entidad.

Además del nuevo tipo penal, la iniciativa propone actualizar el delito de estrago, incorporando nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y estableciendo escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia. También se prevén agravantes cuando los hechos pongan en riesgo la vida humana o generen consecuencias fatales.

Por qué CRA pide una reforma del Código Penal

La entidad gremial argumenta que el Código Penal actual presenta falencias para abordar delitos modernos que afectan a la producción rural. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo”, sostienen, en referencia a daños intencionales que hoy no encuentran encuadre penal acorde.

Con esta iniciativa, CRA busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural, disuadir ataques contra la producción agropecuaria y proteger el desarrollo económico y social de las comunidades del interior. El proyecto abre ahora el debate parlamentario sobre la necesidad de un marco penal específico para el campo, en un contexto de reclamos crecientes por mayor protección frente al vandalismo rural.

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