CAMBIO DE GESTIÓN

El 40% de los programas de Justicia aún no ejecutó presupuesto este año

Juan Bautista Mahiques recibe un ministerio en el que casi la mitad de los programas y acciones presentan nulo gasto en lo que va del año. Entre los más significativos están los orientados a la restitución de víctimas de trata. Como contrapartida, otros gastos presentaron incrementos considerables: para “limpieza, aseo y fumigación” ya están comprometidos $ 2.800 millones. El presupuesto de 2026 creció para este fin un 13.150% en relación a 2023.

Mahiques. El flamante ministro asume una cartera que ejecutó el 9% de su presupuesto 2026, pero cero en 12 de las 30 acciones. Foto: Presidencia

Juan Bautista Mahiques asumió como titular de un Ministerio de Justicia que ejecutó, según los registros oficiales y en los primeros dos meses del año, el 9,2% de su presupuesto. De las 30 actividades y programas que figuran en los datos abiertos, 12 no presentan gastos devengados en el primer bimestre del año. Es decir, el 40% de las acciones previstas no devengaron ni un solo peso de los que el mismo Gobierno consideró necesarios para llevarlas adelante cuando realizó la proyección de gastos para el año en curso.

Según el mismo presupuesto, el programa de Política Criminal tiene el objetivo de optimizar el servicio de justicia para la ciudadanía, brindar asistencia técnica a las jurisdicciones provinciales, coordinar con otros países y organismos internacionales políticas comunes en materia de política criminal y diseñar mecanismos de prevención e investigación del delito de trata de personas y protección integral de las víctimas, entre otras. Algunas de las acciones para llevar adelante este último objetivo son las de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, con $ 1.000 millones presupuestados; y las de Reparación Integral a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, con $ 850 millones disponibles. El fin de estas políticas es facilitar la reinserción laboral mediante la capacitación. Además, se prevé en este marco el otorgamiento de un subsidio equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por un período de tres meses. 

Las últimas estadísticas del Ministerio de Justicia informaron que, en lo que va de 2026, se realizaron 422 consultas a la línea 145, de las cuales 219 terminaron formalizándose en la Justicia. El 72,7% de las víctimas son mujeres y el 60% de los denunciados, hombres. El 40% de los casos corresponde a explotación laboral y el 29,3% a explotación sexual.

Sin embargo, la asistencia del Estado –al menos en términos presupuestarios–, llega hasta el rescate: es decir, hasta el momento de sacar a la víctima del lugar de explotación. Las acciones orientadas al rescate y acompañamiento ejecutaron $ 668 millones en los dos primeros meses del año, lo que representa el 15% de lo previsto. Sin embargo, y como ya han explicado distintos especialistas a PERFIL, sin un acompañamiento posterior las víctimas tienen un alto riesgo de volver a caer en estas redes. 

El Registro de reincidencia y estadística criminal tiene para este año $ 6.106 millones disponibles, pero tampoco presenta gastos. Lo mismo ocurre con las actividades concentradas en la mediación y resolución de conflictos (con $ 1.845 millones intactos) o el programa de Conservación, Administración y Disposición de Bienes Cautelados y Recuperados por Proceso Judicial (con $ 1.250 millones). 

Como contrapartida, el programa de Control Anticorrupción presenta una sobreejecución: del 30,5%. El presupuesto detalla que, a través de esta iniciativa, “se canalizan las acciones destinadas a prevenir, investigar y perseguir casos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal”.

Más allá de los programas y acciones específicas del Ministerio de Justicia, la cartera ya devengó $ 3.707 millones de los $ 42.652 millones que tiene vigentes para el concepto “Servicios no especificados”.  En 2023 el monto disponible para estos servicios que –como la definición lo indica– no se especifican, era de $ 4.782 millones: desde el inicio de la gestión actual creció un 791% en términos nominales. 

Quizás el dato más llamativo es el que figura en el presupuesto como el dinero asignado a “limpieza, aseo y fumigación”. Para el primer bimestre el Ministerio ya tiene comprometidos $ 2.800 millones de los $ 6.890 millones habilitados para este año. De esos $ 2.800 millones ya comprometidos se abonaron $ 471 millones. Si se compara este mismo dato con el de 2023 para esta misma función las diferencias son notables: ese año se ejecutaron apenas 20 mil pesos de los $ 52 millones presupuestados. Lo proyectado para 2026 ya presenta un crecimiento del 13.150% en comparación con 2023. En 2024 no se destinó dinero a este ítem, mientras en 2025 se invirtieron $ 5.671 millones.

Todo esto de acuerdo con la información que se encuentra disponible para su consulta pública en el presupuesto abierto.