El Gobierno cierra la renegociación de los REPOs para romper el muro de vencimientos de 2027 y evitar turbulencias electorales

El ministro de Economía, Luis Caputo, empieza a moldear la estrategia financiera para evitar que un clima de inestabilidad contamine el año electoral. El Gobierno cerrará esta semana un acuerdo definitivo con un consorcio de bancos internacionales. El objetivo es estirar los vencimientos de préstamos garantizados —llamados REPO— por USD 6.000 millones hasta el año 2028. La jugada busca despejar la concentración de compromisos en moneda extranjera proyectada para 2027 y garantizar un frente cambiario sin sobresaltos.

La arquitectura de esta renegociación ya comenzó a ejecutarse con la aprobación de la garantía del Banco Mundial por USD 2.000 millones y, según supo PERFIL, en estos días ya se firmará el acuerdo con las entidades. Un paso fundamental en esa dirección lo dio el Ministerio de Economía la semana pasada al concretar un canje de bonos estratégico con el Banco Central (BCRA). A grandes rasgos, la autoridad monetaria le entregó al Tesoro títulos atados a la inflación (Boncer) a cambio de dos series de bonos soberanos en dólares: los Bonar 2035 (AL35) y Bonar 2038 (AE38).

Esta operatoria replica la ingeniería utilizada en los últimos días de 2025 para preparar la oficialización de un tramo previo de crédito. Los préstamos REPO (Repurchase Agreement) exigen la inmovilización de un activo de resguardo o colateral financiero, atado a un compromiso de recompra futura. En el pasado, el BCRA había utilizado para este fin sus propios títulos, los Bopreales. Ahora, dotada con los nuevos Bonar, la entidad reguladora cuenta con los instrumentos exigidos para sellar el rollover con bancos que, en su momento, trascendieron como involucrados: el JP Morgan, Bank of America, Santander y BNP Paribas.

El Banco Mundial aprobó garantías por US$ 2.000 millones para la Argentina

El desafío de 2027: dólares, reservas y la "economía serrucho"

Según un análisis de la consultora 1816, el canje de Bonceres por AL35 y AE38 responde a la necesidad inminente de renovar los repos que actualmente tienen como garantía la serie 1-D de los Bopreales (BPOD7), cuyo vencimiento original operaba en octubre de 2027.

Si el equipo de Caputo logra asegurar el financiamiento para los pagos de julio y sella de manera efectiva el rollover del capital de los repos del BCRA por USD 6.000 millones, el horizonte todavía muestra que quedarían vencimientos en moneda extranjera con acreedores privados y el FMI por USD 20.000 millones anuales hasta diciembre de 2027.

En la plaza financiera local e internacional nadie duda de que esos compromisos se pagarán a corto plazo. Las reservas "disponibles" del Central —calculadas como las reservas brutas menos el tramo inactivo del swap con China— rondan en la actualidad los USD 34.000 millones. Si a ese monto se le descuentan los encajes bancarios, el nivel de liquidez real desciende a USD 18.000 millones. Este respaldo es el que justifica que bonos cortos como el A027 rindan en torno al 4,5% contra el dólar MEP.

La verdadera incógnita que analizan los fondos de inversión es con cuántas reservas netas arrancará la próxima gestión política para enfrentar ese piso de USD 20.000 millones. Todo esto enmarcado en la dualidad de un país que proyecta exportaciones récord y crecientes en energía y minería, pero cuya economía real confirma una dinámica en "serrucho", con caídas y rebotes intermitentes en rubros clave como la industria y la construcción.

El modelo ecuatoriano y el waiver sobre las reservas

El primer test para el Tesoro será el próximo mes, cuando deba afrontar USD 4.400 millones en pagos a bonistas. Para sortear el escollo, la cartera económica planea activar un crédito apalancado con garantías de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el BID y la CAF.

Si la operación se materializa y logra descender un par de escalones la prima de riesgo país, hay quienes reflotan la discusión sobre un eventual canje preventivo para barrer los vencimientos de 2027, utilizando un esquema de reestructuración de la deuda similar al que ejecutó Ecuador, planteó el investigador jefe del IERAL, Jorge Vasconcelos.

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A fines de enero, el país sudamericano retornó a los mercados con la emisión de USD 4.000 millones en nuevos bonos (con finalización en 2034 y 2039) para recomprar USD 2.500 millones de sus títulos con vencimiento en 2030 y USD 600 millones de la serie 2035. Al absorber de manera anticipada los bonos cortos —que incluían amortizaciones pesadas e inmediatas—, Ecuador logró comprimir sus spreads y empujar su brecha de financiamiento a territorio negativo.

"Obviamente, para el caso argentino te diría que tendría que ser bastante mayor, dada la magnitud de los vencimientos de 2027", advirtió Vasconcelos. El economista explicó el dilema contable detrás de un potencial canje voluntario: "Como los bonos que circulan actualmente en el mercado son producto de la última reestructuración de deuda, los cupones de interés de esos títulos son bajos. Emitir nuevos títulos para un canje implicaría reconocer cupones de interés para adelante mayores a los que actualmente se pagan". Sin embargo, subrayó que el costo real es bajo, frente al alivio operativo. "Eso puede ser cuestionado políticamente, pero no financieramente. Por ejemplo, una emisión de 15.000 millones que alargue sustancialmente los plazos de pago implicaría un encarecimiento del costo financiero de la deuda de aproximadamente 0,1% del PBI", detalló.

La pulseada con las mesas de dinero y la sintonía de Wall Street

Operadores del sistema financiero miran de cerca la actitud del ministro Caputo y advierten que en los mercados todavía persiste el apetito por que el Gobierno valide una salida formal a las plazas internacionales de crédito. "Lo que puede complicar son esos 20.000 millones, pero con la salida a los mercados, los vencimientos se disipan más rápido y de manera más natural", advirtió un importante hombre financiero con un pie en Wall Street. Según calculan en las mesas de dinero, con una tasa del 8,5% el Gobierno ya podría gestar buenos resultados globales. Con el riesgo país consolidado en el área de los 425 puntos básicos, ese objetivo técnico está cerca. Sin embargo, a la vez, en el sector privado cuestionan que la conducción económica sobreactúa sus buenos resultados financieros sin haber logrado todavía ese hito definitivo de financiamiento genuino, por lo que miran con cierta indiferencia los ruidosos retuits del fin de semana del ministro.

La discusión sobre el timing óptimo para regresar al mercado voluntario de deuda se trasladó al debate público. “Cuando el riesgo país estaba cercano a 600 puntos, muchos analistas decían que había que salir al mercado para que termine de bajar. Nunca entendí el concepto, pero hubiéramos pagado 175 bps de tasa innecesarios. Buena decisión del Gobierno. Los cambios llevan tiempo y la ansiedad no es buena consejera”, analizó el director de Research for Traders y asesor de La Libertad Avanza, Darío Epstein.

La réplica de Caputo no tardó en convalidar ese diagnóstico, redoblando la posición oficial frente al mercado: “Desde que los bonos rendían 12 por ciento que varios analistas y gente de mercado repetían ese argumento, sin ninguna mala intención, pero pensando más en el pasado. Siempre expliqué lo mismo: cuando la macroeconomía está en orden, el paso del tiempo juega a favor, no en contra. Argentina es hoy un ejemplo de prudencia fiscal y monetaria. Las mejoras crediticias de Fitch y S&P son la consecuencia lógica de este nuevo orden, y el riesgo país está ajustando de manera acorde". 

La doctrina del FMI: refinanciar en lugar de reestructurar

Pese a la presión de los informes privados, el Gobierno no muestra signos de querer activar un canje de bonos a gran escala, intentando despegarse por completo de cualquier semántica vinculada a una "reestructuración" de deuda.

Esta postura oficialista se encuentra delineada en la letra chica del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El reporte técnico del organismo subraya que la estrategia central de la Argentina no es alterar los contratos vigentes, sino refinanciar los compromisos. La hoja de ruta marca que, a medida que se desplome el riesgo país, el Estado retornará a los mercados financieros internacionales emitiendo nueva deuda para fondear el pago de la vieja.

AM/ML