Súper RIGI: Qué es, quiénes están a favor y los principales cuestionamientos

A finales del mes de mayo, el Gobierno envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones Nuevas Industrias, mejor conocido cómo Súper RIGI, una versión expandida del actual régimen para atraer inversiones.

Con este nuevo proyecto, el Gobierno busca extender y ampliar los incentivos para atraer nuevas inversiones a nuevas industrias en el país. Según lo mencionado por el propio Javier Milei semanas atrás, tendrá “mayores ventajas que el RIGI original y aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

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Entre los puntos fuertes del nuevo proyecto se encuentran:

• El monto mínimo de inversión será de, al menos, US$ 1.000 millones.
• Las empresas contarán con la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos a un 15% entre los incentivos impositivos. Con el RIGI original, la baja de Ganancias era del 25%.
• El plazo para la presentación de solicitudes de adhesión será de cinco años, prorrogable por única vez por hasta un año.
• Por otra parte, se establece una amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura; la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal; y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Otra novedad es la inclusión de mecanismo de Certificados de Crédito Fiscal para la cancelación del IVA sobre inversiones en activos computables; y la exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y los productos obtenidos al amparo del proyecto.
• En materia de generación de empleo, se prevé una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la fecha de adhesión.
• El nuevo esquema también contempla una serie de beneficios cambiarios. Entre ellos la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación —con un esquema escalonado de 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación— y se suma la no obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto.

El objetivo será que, bajo este nuevo régimen, se puedan crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, multiplicando la cantidad de empleos.

La iniciativa se extenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculados a infraestructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto.

“Quedan expresamente excluidos del presente régimen aquellos proyectos cuyo objeto, alcance o ejecución consistan en la ampliación, adecuación, modernización, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes”.

Luciano Villegas, economista de la Fundación Libertad, comentó respecto al RIGI: "Argentina necesita inversión de largo plazo, y el capital internacional tiene alternativas. El Ejecutivo sostiene que el país quedó rezagado frente a otros por "décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva y restricciones cambiarias".

Asimismo, el economista destacó que el Super RIGI ofrece algo que Argentina raramente garantizó: previsibilidad. "La estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria se extiende por 30 años a partir de la fecha de adhesión. Para un inversor que piensa en horizontes de 15 o 20 años, esa garantía vale tanto como cualquier beneficio impositivo puntual".

Sin embargo, alertó sobre ciertos puntos del proyecto, al señalar las zonas grises. "El RIGI original, para el cual ya se concretaron anuncios por cerca de 81.000 millones de dólares, apenas concretó poco más de 700 millones en inversión real. El entusiasmo declarativo raramente se convierte en capital de riesgo de manera automática".

También señalo un posible riesgo institucional, debido a que el régimen abre la vía para dirimir eventuales controversias con el Estado argentino mediante tribunales de arbitraje internacionales. Esa cláusula, que los inversores valoran, recorta la soberanía regulatoria del Estado en un horizonte de tres décadas. No es un detalle menor: implica que futuras mayorías legislativas no podrán modificar las condiciones sin consecuencias legales y financieras".

Por último, se refirió a ciertos riesgos en la pata fiscal. "Una reducción tan profunda de la carga impositiva sobre las inversiones más grandes concentra los beneficios en el segmento corporativo de mayor escala, mientras la presión tributaria sobre pymes y asalariados permanece intacta. El modelo puede generar enclaves de alta productividad sin derrame evidente sobre el tejido productivo local si no se diseñan mecanismos de encadenamiento más robustos".

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La importancia del proyecto

Durante estas últimas semanas distintos funcionarios del Gobierno asistieron a distintas reuniones conjuntas de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en donde explicaron la importancia del proyecto y debatieron con miembros de la oposición. 

Desde el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, hasta el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, compartieron su punto de vista del proyecto y dieron definiciones precisas, al explicar los beneficios y objetivos de la iniciativa.

"El super RIGI es continuidad y evolución del RIGI”, explicó González. Y argumentó: “Creemos que el RIGI fue exitoso en mover la inversión en Argentina, ahora, es momento de pensar el siguiente paso".

"Los proyectos que queremos que capture el Súper RIGI, hoy, no están en Argentina. Estamos compitiendo por proyectos con jurisdicciones de todo el mundo, por eso, tenemos que generar condiciones que hagan que Argentina esté en el tope de la lista", señaló González.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea, puntualizó en la necesidad de “construir las condiciones para que el potencial que tiene el sector se transforme en realidad”.  Además, afirmó que "esto puede ser un motor importante en el desarrollo de la economía del país”, al remarcar: “Queremos que nuestros proyectos sean elegidos vs. otros”.

Asimismo, Ormachea aseguró: “La respuesta del sector a la posibilidad que se abrió con la sanción de la Ley Bases y su capítulo del RIGI, ha sido muy positiva y evidente". "El RIGI es válido como instrumento y es adecuado, puntual y funciona como un cebador para que un proyecto arranque".

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, defendió el RIGI, al sostener que "este nuevo menú que ha traído este régimen de inversiones ha hecho que Argentina esté, por lo menos en materia minera, nuevamente en el foco de la decisión de inversiones".

También, destacó que “el RIGI ha cambiado la percepción respecto de la Argentina”. “Tenemos que trabajar para que la mayor cantidad de empleo posible sea local y que la mayor cantidad de proveedores sean locales, pero para eso tenemos que construir un camino donde tenemos que ser mucho más competitivos”, consideró.

En tanto, el asesor Legal de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), Esteban Gramblicka, explicó que “la implementación del RIGI ha sido muy positiva, al sostener que, entre otros beneficios, “actúa como un puente de competitividad frente al riesgo país; habilita y destraba inversiones".

Alertas desde la CAME y la UIA

Asimismo, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expusieron este martes en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados y alertaron sobre la situación crítica que atraviesa el sector.

La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, destacó que si bien la actividad económica registró una leve recuperación en el último mes, la industria quedó rezagada. “Hoy estamos un 10% abajo del año 2022 o 2023”, explicó. Y agregó: “La caída de la actividad tiene correlato en la caída del empleo formal. Desde agosto de 2023 hemos perdido 75 mil puestos de trabajo directos”.

Respecto al RIGI, comentaron: “Desde la UIA estamos a favor y acompañamos estos regímenes que promuevan las inversiones. Pero al otorgar estos beneficios se reconoce que las condiciones en las que nosotros competimos son desfavorables. Es importante que sirvan para traccionar al entramado productivo local”, dijo la directora ejecutiva de la central industrial.

En concreto, desde la UIA propusieron replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación obligatoria para bienes con valor agregado local; que el cupo tenga ampliación gradual a lo largo de la inversión y operación, en vistas que son actividades nuevas y se espera que se desarrollen localmente; y que la Autoridad de Aplicación establezca reglas claras con sector privado para controlar que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad y se otorguen medidas a las empresas locales para poder competir.

Por el lado de CAME, la secretaria genera de la entidad, Beatriz Tourn, destacó como coincidencia con el Gobierno nacional la idea de romper el aislamiento respecto al mundo, pero le reclamó medidas compensatorias para las pequeñas industrias cada vez que se tomen medidas que beneficien el ingreso de productos importados. “No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado industrial que tiene Argentina no lo defienda”, concluyó María Laura Bermúdez.

FN/MSS