EE.UU.: nuevo cierre de gobierno

Estados Unidos volvió a entrar en una parálisis presupuestaria a la madrugada de ayer, aunque esta vez todo indica que el cierre del gobierno federal será breve. La falta de acuerdo definitivo en el Congreso activó un nuevo shutdown parcial que, según anticipan tanto la Casa Blanca como los líderes parlamentarios, podría resolverse a comienzos de la próxima semana con una votación pendiente en la Cámara de Representantes.

El Senado aprobó el viernes pasado un proyecto de presupuesto con amplio respaldo bipartidista, pero el trámite quedó inconcluso al no llegar a tiempo el aval de la Cámara baja. 

La situación recuerda inevitablemente al cierre ocurrido en octubre y noviembre del año pasado, el más prolongado de la historia estadounidense, aunque en esta ocasión las consecuencias prácticas se prevén limitadas: el bloqueo podría durar apenas un fin de semana y afectar a un número reducido de empleados públicos.

El nuevo episodio de parálisis presupuestaria tiene un trasfondo político sensible. El principal escollo fue la negativa de los demócratas a aprobar una partida destinada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de la conmoción provocada por la muerte de dos manifestantes durante operativos migratorios ordenados por el gobierno de Donald Trump en el estado de Minnesota. Los hechos, ocurridos en Mineápolis reavivaron el debate sobre los métodos de las fuerzas federales de inmigración y endurecieron la posición opositora.

El texto aprobado en el Senado –por 71 votos a favor y 29 en contra– fue el resultado de una negociación directa entre la Casa Blanca y un grupo de senadores demócratas. 

El acuerdo contempla la aprobación de cinco de los seis capítulos presupuestarios, mientras que el apartado correspondiente al DHS quedó excluido y será renegociado en las próximas dos semanas. Esa concesión permitió destrabar el trámite legislativo, aunque no evitó el cierre técnico del gobierno.

Desde la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca se pidió a los distintos departamentos que activaran los protocolos previstos para un shutdown, al tiempo que se expresó la expectativa de que el bloqueo sea de corta duración. El mensaje buscó transmitir calma a los mercados y a los empleados federales, todavía marcados por la experiencia del cierre de 43 días del año pasado.

La presión política aumentó tras la muerte de Alex Pretti y de Renee Good, ambos abatidos por agentes federales en operaciones vinculadas al control migratorio.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reclamó públicamente “frenar a ICE y poner fin a la violencia”, y propuso medidas como la prohibición del uso de pasamontañas por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “No más policía secreta”, lanzó en el recinto.

Las reglas del Senado obligan a reunir al menos sesenta votos para aprobar un presupuesto, lo que forzó a los republicanos –mayoría en esa cámara– a negociar con la oposición. 

A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando la disputa por los subsidios a los seguros de salud derivó en un cierre prolongado que dejó a cientos de miles de empleados sin cobrar durante semanas, esta vez ninguna de las partes parece dispuesta a estirar el conflicto.

El shutdown en curso confirma, una vez más, la fragilidad del sistema presupuestario estadounidense y la centralidad que han adquirido los conflictos políticos en torno a la inmigración. 

Aunque todo indica que el cierre será breve, el episodio deja en evidencia un clima de polarización persistente y un Congreso que sigue funcionando al borde del bloqueo institucional.