La ONU nació del horror concreto de dos guerras mundiales que demostraron que la anarquía internacional tenía costos intolerables. En octubre de 1945, los Estados triunfantes dieron forma a un sistema imperfecto, pero indispensable: reglas comunes, instituciones multilaterales y espacios de cooperación.
La ONU fue eficaz para su tiempo, pero arrastra hoy tensiones crecientes: su legitimidad y eficacia dependen, cada vez más, de su capacidad de mantener vigencia y actualizar reglas, diagnósticos y responsabilidades en un orden internacional que ya no responde a los supuestos del siglo XX.
Hoy asistimos a un punto de inflexión histórico. El país que diseñó las reglas del sistema internacional manifiesta de manera explícita su voluntad de revisarlas, redefinirlas o, en algunos casos, abandonarlas.
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 7 de enero establece la retirada –o revisión con miras a la retirada– de 66 organismos internacionales, convenciones y tratados que, a juicio de la administración, resulten contrarios a los intereses nacionales del país. El texto sostiene que muchas de estas instancias imponen obligaciones desproporcionadas, limitan la soberanía estadounidense, generan costos económicos injustificados y no reflejan adecuadamente las prioridades estratégicas de EE.UU.
Esta decisión impacta de lleno en el corazón de la gobernanza ambiental global. Su debilitamiento no solo reduce capacidades operativas, sino que reconfigura el equilibrio político y normativo de la agenda ambiental global.
La salida –o hasta ahora amenaza de salida– de EE.UU. de organismos y acuerdos de la ONU, particularmente los ambientales, no es un episodio aislado sino una señal estructural. El problema no es solo lo que EE.UU. deja de hacer, sino lo que habilita a otros a imitar.
La gobernanza ambiental global existe porque ningún Estado, ni siquiera el más poderoso, puede gestionar solo estos riesgos: la atmósfera, los océanos, los ciclos biogeoquímicos y los sistemas ecológicos son bienes compartidos. Sin reglas comunes, el resultado no es soberanía reforzada, sino vulnerabilidad colectiva.
Más allá de tratados y organismos, esta decisión erosiona uno de los principales activos estratégicos de EE.UU.: su narrativa de liderazgo. Este no se impone solo por fuerza; se construye por coherencia. Cuando el principal garante del orden redefine su relación con las reglas que ayudó a crear, la credibilidad del sistema se ve tensionada.
Sin embargo, en un giro tan silencioso como contundente, la gobernanza ambiental empieza a encontrar nuevos impulsores. El sector financiero necesita previsibilidad. Y hoy entiende que la degradación ambiental es un multiplicador de riesgo sistémico.
Por eso, mientras algunos Estados se retiran, el capital presiona para integrar a la naturaleza como lo que es: infraestructura crítica del desarrollo.
Para Argentina, esta es estratégica. El acuerdo UE-Mercosur incluye un capítulo robusto de Comercio y Desarrollo Sostenible que condiciona su entrada en vigor al cumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales, con énfasis en bosques, agua y trazabilidad.
Exportar más, acceder a mercados y atraer inversiones será cada vez más difícil sin estándares ambientales creíbles. Y el sufrimiento de los territorios y las economías regionales será cada vez mayor. La agenda ambiental se consolida como un componente estructural de la competitividad internacional.
Lejos de desaparecer, la agenda ambiental entra en una nueva fase. La naturaleza deja de ser solo algo a proteger y pasa a ser un habilitante del desarrollo.
Cuando el arquitecto se aparta de la obra, las fuerzas estructurales siguen operando y el riesgo sistémico aumenta. El desafío, es construir un nuevo orden que entienda que sin naturaleza no hay economía, y sin reglas no hay futuro.
* Ex Sec. de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Docente Unsam.
