Encarcelada, Jeanine Áñez entró en huelga de hambre

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, encarcelada preventivamente durante seis meses por presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras la crisis poselectoral de 2019, se declaró en huelga de hambre, ya que “no quiere luchar”.

Áñez también está profundamente deprimida, reveló la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos (Apdhb), Amparo Carvajal, después de visitar a la ex mandataria en la cárcel de mujeres de Obrajes, donde ingresó el lunes.

Según Carvajal, Áñez “está en huelga de hambre. No quiere luchar. Tiene una depresión muy fuerte, profunda. Nadie pudo visitarla, ni sus familiares, solo su abogado”.

A pesar de los intentos de animarla de la activista, cuenta la propia Carvajal, Áñez reiteraba una y otra vez que “quiere morirse, porque ¿para qué vivir?”.

Carvajal visitó el establecimiento penitenciario junto a una delegación de la Defensoría del Pueblo tras la negativa de las autoridades de la prisión a autorizar la hospitalización de la ex presidenta, cuyos familiares han denunciado que presenta problemas de hipertensión y depresión.

El miércoles, Áñez sufrió una grave descompensación y estuvo “en estado crítico” por una subida de presión, denunció su abogada, Norka Cuéllar. “Estuvo con oxígeno y bastante afectada”, agregó. 

Áñez fue detenida el sábado pasado y cumple prisión preventiva a la espera de un juicio en el marco del “caso golpe de Estado”, por lo sucedido tras las elecciones generales bolivianas de 2019.

Por otra parte, la hija de la ex presidenta, Carolina Ribera, permanece en “vigilia” fuera de la prisión, esperando que se le autorice visitarla. En el lugar también se congregaron simpatizantes de la ex mandataria para exigir que sea trasladada a un centro médico.

Ribera también informó que se reunirá con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer el caso de su madre. Desde la oposición han criticado duramente la detención de Áñez y otros miembros de su gabinete al tildarlo de una detención política, mientras que el gobierno ha reiterado que se están respetando todos los derechos de la ex presidenta.