España: la inédita condena al fiscal general golpea al gobierno socialista

La condena en España al fiscal general por violar el secreto judicial, una decisión inédita en la historia reciente del país, sacudió el polarizado panorama político que enfrenta al socialismo en el poder con la derecha opositora.

Álvaro García Ortiz, nombrado en 2022 a propuesta del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), recibió dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa en euros, un revés importante para el presidente Pedro Sánchez, quien lo defendió reiteradamente.

García Ortiz se sentó en el banquillo en el Tribunal Supremo a principios de noviembre, acusado de haber filtrado información confidencial sobre la causa que investiga el presunto fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una influyente figura de la oposición de derecha.

Además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que lo obliga a dejar el puesto, García Ortiz también deberá indemnizar con 10.000 euros a González Amador.

Este polémico caso se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia de covid-19. En marzo del mismo año, varios medios publicaron información sobre las conversaciones entre la fiscalía de Madrid y el abogado de González Amador para llegar a un posible acuerdo si se declaraba culpable.

La revelación de esta oferta podía generar dudas sobre la inocencia del empresario, quien recurrió entonces a la Justicia, convencido de que el fiscal general había organizado esta filtración a los medios para perjudicar a su novia, Díaz Ayuso.

“En el caso del fiscal general, hay una ruptura en el país, como en dos partes antagónicas: de los que piensan que era culpable y de los que piensan que era inocente”, explica la politóloga Paloma Román.

Esto se produce en un momento en que el mandatario socialista está debilitado por otras causas, como las que afectan a su esposa, su hermano menor y varios excolaboradores cercanos suyos.

Consecuencias. La medida judicial tiene un fuerte impacto sobre Sánchez, quien negó que el fiscal haya divulgado la información, asumiendo incluso el riesgo de ser acusado de atentar contra la independencia judicial.

El juicio al fiscal general es, además, el primero de los que podrían involucrar a miembros de su entorno, como su esposa Begoña Gómez, su hermano David o antiguos aliados políticos como su exministro y cercano colaborador José Luis Ábalos. Todos son objeto de diferentes investigaciones judiciales por hechos de corrupción.

Tras el anuncio del veredicto, la oposición apuntó a Sánchez, exigiendo una vez más su dimisión y criticando un “abuso de poder” y una “burda operación política”.

Enfrentamiento. La presidenta madrileña fustigó en X al gobierno, afirmando que “no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo”. “Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España”, remarcó.

“Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo”, lamentó Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, derecha), quien exigió a Sánchez pedir “perdón a los españoles”.

Desde el oficialismo dijeron que respetarán la medida. “El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”, reaccionó el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

“El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general”, aseguró.