Quién es Hernán Luque, el ecuatoriano detenido en Argentina que se metió en la interna libertaria

Un exfuncionario ecuatoriano, detenido en Argentina desde hace más de dos años, fue el último capítulo de la interna que avanza en el gobierno de Javier Milei. Se trata de Hernán Luque Lecaro, exdirector del área de empresas públicas del gobierno de Guillermo Lasso, un caso de corrupción internacional que volvió a exponer las diferencias entre figuras que responden a distintos sectores del oficialismo: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller Pablo Quirno. 

Luque Lecaro, un banquero devenido en funcionario público, había abandonado Ecuador en medio de una investigación por su participación en una red de corrupción ligada a los contratos en el sector energético, hasta que fue detenido por Interpol en 2024. Su extradición a Quito, ratificada el pasado viernes por la Corte Suprema, fue leída en clave local en medio de una semana caliente para La Libertad Avanza. Bullrich, por un lado, venía de pedirle públicamente al jefe de gabinete Manuel Adorni que acelerara la presentación de su declaración jurada, mientras que el presidente Javier Milei lo respaldaba ante su gabinete en Casa Rosada.

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Envalentonada por sus números en las encuestas, la actual senadora nacional volvió a marcar su impronta con el caso del exfuncionario ecuatoriano el sábado pasado, cuando salió a celebrar en redes lo que presentó como un hecho consumado. "Hoy ya está autorizada su extradición", publicó la exministra de Seguridad, con el clásico "el que las hace, las paga" que popularizó durante su paso por el gabinete de Milei.

Horas después, el ministro de Relaciones Exteriores, una cartera bajo la órbita de Karina Milei, contradijo la versión de la jefa del oficialismo en el Senado. Sin nombrarla, Quirno habló de "versiones periodísticas" que hablaban de la extradición de Luque Lecaro, sostuvo que la información era "errónea" y que el proceso de extradición "continúa pendiente de resolución judicial". 

¿Quién es Hernán Luque?

Luque Lecaro fue designado ante el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entre julio de 2021 y noviembre de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso. El cargo le daba poder real sobre los nombramientos en las gerencias de las empresas públicas del Estado ecuatoriano. Su perfil era el de un hombre del sector privado metido en la función pública: fue vicepresidente del Banco Amazonas, vicepresidente Comercial del Banco de Guayaquil y administrador de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

El caso judicial en su contra se armó por vía doble: por un lado, por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales mientras trabajaba en el estado ecuatoriano. Según la investigación, en julio de 2021, había declarado más de 580.000 dólares en bienes. Cuando dejó el cargo, en noviembre de 2022, le quedaban 56 dólares con 54 centavos en sus cuentas bancarias, y ya no tenía ni la casa ni la oficina que había declarado. Una caída patrimonial de más de 339.000 dólares en poco más de un año.

Pero el caso escaló luego de que se filtraran audios atribuídos a Luque según la fiscalía ecuatoriana, donde se lo escucha decir que "preferiría que me des 150.000 dólares mensuales", mencionando, además, cuentas en Andorra, anteriormente considerada un paraíso fiscal.

Como parte de la imputación se destaca su participación en una red presuntamente liderada por Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso, y Rubén Cherres, un empresario cuyo asesinato (en 2023) estuvo vinculado a una banda internacional de narcotráfico. La investigación apunta a un esquema de direccionamiento de contratos y nombramientos en empresas públicas del sector energético, especialmente CNEL EP y BanEcuador. 

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El estado real del expediente 

Finalmente fue detenido en Buenos Aires el 8 de febrero de 2024 por Interpol. Dos años después, el pasado 30 de abril el máximo tribunal argentino selló su extradición para enfrentar el juicio en su país. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti convalidaron la sentencia de primera instancia dictada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La defensa de Luque había apelado alegando persecución política, pero no prosperó.

Bullrich, por su parte, se hizo eco de la noticia que involucra un punto sensible para el electorado argentino: corrupción y empresas públicas. En esa línea buscó capitalizarlo como un triunfo propio: publicó la noticia, contó que el propio Lasso la había llamado para pedir que le quitaran el beneficio de asilo político con el que Luque permanecía en el país.

"Como Ministra de Seguridad Nacional en ese entonces, lo hice", publicó Bullrich en X, en un posteo donde también acusó al kirchnerismo de haberle dado ese status al exfuncionario ecuatoriano "para protegerlo". "Argentina no es guarida de delincuentes que quieren escapar de las leyes de sus países", publicó Bullrich en X.

Según la normativa argentina, que la Corte haya ratificado la decisión del juzgado federal no significa que el trámite esté terminado sino que resta la firma del Poder Ejecutivo. Así lo establece la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, que indica que el juzgado debe remitir el expediente completo a Cancillería. 

Desde entonces, el titular del Palacio San Martín tiene 10 días hábiles desde su recepción para resolver de manera definitiva si aprueba o rechaza la extradición (una facultad que el Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Relaciones Exteriores).  Si no hay resolución expresa en ese plazo, la entrega a Ecuador se considera aprobada de manera automática. Una vez concedida, Ecuador tendría 30 días corridos para concretar el traslado. 

En tanto, ese punto fue el que Quirno resaltó para marcar el punto de Casa Rosada frente a los festejos de la expresidenta del PRO: que el expediente todavía no llegó a esa instancia.

"Más allá de las versiones periodísticas que atribuyen erróneamente la resolución de la extradición del ciudadano ecuatoriano Luque Lecaro basada en fuentes no oficiales, se informa que, si bien se han registrado avances en distintas etapas del proceso, la misma continúa pendiente de resolución judicial", puntualizó el funcionario a través de sus redes sociales.

CD / EM