Venezuela liberó a 71 presos políticos, pero el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa detenido e incomunicado

En medio de un escenario de alta tensión geopolítica, con Estados Unidos retomando una postura más dura frente a Venezuela tras la asunción de Donald Trump, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a al menos 71 presos políticos detenidos luego de las protestas por las elecciones de 2024. La medida, sin embargo, no incluyó al gendarme argentino Nahuel Gallo, que permanece detenido e incomunicado y mantiene abierto un frente de conflicto con la Argentina.

Las liberaciones se concretaron en la madrugada del jueves 25 de diciembre y fueron confirmadas por organizaciones integradas por familiares de detenidos. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se registraron excarcelaciones en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, en el centro de detención Las Crisálidas —donde permanecían mujeres presas políticas— y en La Guaira, donde había adolescentes detenidos.

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“Cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”, señaló esa organización, aunque advirtió que el proceso es insuficiente. En el mismo sentido, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad reclamó una amnistía general y subrayó que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.

La identidad completa de las personas liberadas no fue informada oficialmente. No obstante, el Foro Penal Venezolano indicó que entre las beneficiadas se encuentra la doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, condenada a 30 años de prisión por un mensaje crítico enviado por WhatsApp antes de las elecciones del 28 de julio de 2024.

En contraste con estos anuncios, Nahuel Gallo permanece detenido en el penal El Rodeo I, cercano a Caracas. El gendarme argentino fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó legalmente a Venezuela para visitar a su esposa, María Alexandra Gómez, y a su hijo de dos años, que se encontraban de vacaciones en ese país. Desde entonces, lleva más de un año privado de la libertad.

Según denunció su pareja, Gallo se encuentra aislado, incomunicado y sometido a “tortura psicológica” y amenazas de muerte. “Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y directores del penal”, afirmó Gómez, quien aseguró que la familia nunca tuvo contacto físico ni telefónico con el detenido desde su captura, situación que calificó como una desaparición forzada.

De acuerdo a su testimonio, el gendarme no cuenta con una defensa legal efectiva ni fue presentado ante tribunal alguno. “El director del penal advirtió que si los extranjeros intervienen en Venezuela, los primeros que morirán serán los extranjeros”, relató. Aunque el Ministerio Público venezolano informó que Gallo fue imputado por terrorismo, espionaje e instigación al odio, su esposa sostiene que no existe un expediente real ni pruebas en su contra. “Todo fue una farsa”, aseguró.

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Desde el Gobierno argentino, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la situación como “inadmisible” tras reunirse con la familia del gendarme. El caso se inscribe en un contexto de fuerte presión internacional sobre el régimen de Maduro, que en los últimos meses anunció excarcelaciones parciales mientras continúa denunciado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La liberación de presos políticos fue presentada por el Ejecutivo venezolano como un gesto de distensión en medio de un escenario de alta conflictividad política, marcado por el endurecimiento del vínculo con Estados Unidos y el aislamiento diplomático. Sin embargo, la continuidad de la detención de Nahuel Gallo refuerza las críticas sobre el carácter selectivo de las excarcelaciones y mantiene abierta una causa que sigue siendo central en la agenda de derechos humanos de la región.

GD/fl