El financista Martín Migueles en Comodoro Py: admitió intermediación en los SIRA pero negó coimas

El financista Martín Migueles se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse en la causa que investiga presuntas maniobras con permisos de importación SIRA y el denominado “rulo cambiario” durante el gobierno de Alberto Fernández. El empresario y pareja de Wanda Nara, reconoció haber actuado como intermediario en algunas gestiones, pero negó haber pagado sobornos o haber tenido contacto directo con funcionarios públicos.

Acompañado por su abogado, Yamil Castro Bianchi, Migueles ingresó a la fiscalía a las 7:30 con el objetivo de brindar una versión "preliminar y de buena fe" sobre los hechos. En su escrito, el empresario naturalizó su rol y afirmó que las tareas de intermediación son "habituales" en el mundo de los negocios.

"Alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un profesional y solicito una comisión por la referencia; así pudiera seguir al infinito", sostuvo, comparando la gestión de permisos estatales con la compraventa de vehículos o servicios contables.

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La investigación tomó impulso la semana pasada, luego de que se conocieran chats y audios extraídos del celular secuestrado al empresario. En esas conversaciones de 2023, Migueles aparecía gestionando aprobaciones de SIRA —el sistema utilizado durante el cepo para autorizar importaciones— y mencionando presuntos porcentajes vinculados a coimas para acelerar trámites.

En ningún momento de su descargo Migueles habla de sobornos. Sin embargo, la conversación con su contacto Ariel Saponara —quien figura como personal de Presidencia— comienza con un mensaje explícito: "Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos".

Migueles admitió su intervención pero aclaró que los porcentajes de dinero mencionados en los chats no eran sobornos propios, sino montos que "terceros" le informaban que se cobraban para acelerar los expedientes. "No tuve contacto directo con funcionarios públicos", remarcó, despegándose de la ejecución directa de cualquier maniobra ilegal, a pesar de que la justicia lo investiga por facilitar el acceso al mercado de cambios mediante influencias.

También admitió conocer a “Pato”, una de las personas mencionadas en la investigación judicial, aunque evitó identificarla formalmente. 

"Aclaro expresamente que yo no le pagué a ningún funcionario público. La persona con la que tuve contacto fue ´Pipo´”, explicó Migueles en su escrito, identificando a Héctor "Pipo" Caputto como su nexo.

De los chats surge que ambos hablaban de “Pato” y “La Señora” como eslabones vinculados al entramado, posiblemente funcionarias públicas.

A partir de esos elementos, la Fiscalía pidió informes a la Secretaría de Comercio para identificar qué funcionarios intervinieron en las autorizaciones de importaciones sospechadas de haberse aprobado a cambio de pagos ilegales.

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Según los mensajes de marzo de 2023, el empresario negociaba comisiones de entre el 11% y 12% para agilizar trámites, bajo la promesa de que las autorizaciones salían 'al toque' gracias a sus contactos. En dichas conversaciones con Ariel Saponara —quien solicitó su ayuda para destrabar la importación de maquinaria— Migueles sostuvo que su rol fue puramente de intermediación.

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'Mi intervención fue de intermediación. No tuve contacto directo con funcionarios públicos ni con la persona que supuestamente podía resolver el trámite, si es que existía', señaló en su descargo.

Respecto de los porcentajes mencionados en los chats incorporados a la causa, Migueles sostuvo que eran referencias que recibía de terceros sobre montos que supuestamente se cobraban para acelerar autorizaciones. Según afirmó, nunca intervino “en situaciones contrarias a la ley”.

La causa está a cargo del fiscal federal Franco Picardi y apunta a determinar si existió un esquema de venta irregular de dólar oficial y cobro de coimas para aprobar importaciones durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.  

La investigación también incorporó fotos y videos hallados en el celular del empresario, donde se lo ve con autos de lujo y relojes de alta gama. En este caso, el financista aseguró que los relojes eran imágenes enviadas por terceros y los vehículos "eran para la venta".

El fiscal Picardi, investiga no solo las coimas en la Secretaría de Comercio, sino también operaciones ilegales en casas de cambio. Una de ellas, ARG Exchange, propiedad de Migueles y sus socios Elías Piccirillo y Francisco Hauque. Migueles negó irregularidades en la firma y aseguró que muchas conversaciones fueron "sacadas de contexto".

Hacia el final de su presentación, el empresario reconoció que mantiene pendientes cuestiones vinculadas a su situación patrimonial y fiscal. “Quiero aclarar que no tengo declaraciones cerradas de varios períodos, cuestión que procuraré ordenar y aportar con mi defensa”, señaló en el escrito.

Tras dejar la documentación en la fiscalía, Migueles se retiró de Comodoro Py y adelantó que continuará realizando presentaciones en el expediente. “Este descargo es preliminar”, expresó.

GD