Un grupo de 20 personas con armas blancas irrumpió en un juzgado de San Martín para reclamar por 8 detenidos y amenazó al juez

Un grupo de aproximadamente 20 personas con armas blancas invadió la sede del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín, a cargo de Nicolás Schiavo, quien no se encontraba presente en el edificio en el momento. Allí, intimidaron a los funcionarios presentes y lanzaron amenazas contra el juez, mientras reclamaban la liberación de ocho detenidos, incluidos dos menores, involucrados en una causa por la usurpación de un edificio y venta de droga.

El violento hecho sucedió este 4 de febrero a la mañana y los atacantes aprovecharon una circunstancia que los favorecía: las oficinas, ubicadas en Pueyrredón al 3500 de San Martín, no tienen cámaras de seguridad ni vigilancia, detalló Clarín. La invasión terminó con una empleada sufriendo un ataque de pánico.

Un investigador afirmó, sin embargo, que no se trató de una banda criminal profesional porque esta clase de organizaciones no enviaría una patota, considerando que eso solo puede complicarlos más frente a la Justicia.

Fuentes detallaron a La Nación que todo inició en la mesa de entradas, ubicada en la planta baja, donde el grupo ingresó gritando y mostrando armas blancas. Su objetivo habría sido llegar hasta el despacho del juez Schiavo y amenazarlo de muerte; sin embargo, los empleados lograron armar “una especie de barricada” y contenerlos, impidiendo que accedieran al primer piso.

Condenaron al exjuez Walter Bento: el TOF de Mendoza lo declaró jefe de una asociación ilícita

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires publicó un comunicado de prensa que expresa “su más enérgico repudio y profunda preocupación ante el ataque perpetrado contra un juzgado del Departamento Judicial San Martín por un grupo de aproximadamente veinte personas que portaban armas blancas, en represalia por la detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico”.

"El hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales. Asimismo, evidenció la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados para afrontar el impacto operativo derivado de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”, denunció el Colegio.

Caso Rafael Nahuel: ratificaron las penas de los prefectos y la causa quedó en manos de la Corte Suprema

"Estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado… exhortamos a los tres poderes del Estado a adoptar con celeridad medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia, resguardando así su normal funcionamiento y la independencia judicial”, completó.

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín también publicó un texto expresando que “repudiamos todo acto de violencia contra quienes desempeñan funciones en el ámbito judicial y expresamos nuestra solidaridad con el personal afectado. Asimismo, exhortamos a garantizar, con carácter urgente, las condiciones de seguridad indispensables en todas las dependencias de la Suprema Corte y del Ministerio Público Departamentales, a fin de resguardar a los trabajadores y usuarios del servicio de justicia y asegurar el normal y adecuado funcionamiento de las tareas judiciales”.

Según un funcionario judicial que habló con Clarín, esta clase de situaciones ocurren con frecuencia porque los abogados defensores les prometen a los familiares de las personas detenidas su pronta liberación y, de esta forma, les crean falsas esperanzas que terminan en violencia contra los juzgados y las fiscalías, a los que consideran responsables de cualquier demora.

Los antecedentes de la detención y del juez Schiavo

Durante una investigación por la usurpación de un edificio en San Martín, la semana pasada se detuvo a ocho personas. Según las fuentes judiciales, allí también se vendían estupefacientes. Durante los allanamientos la Policía halló armas, incluyendo una escopeta calibre 12/70. 

Por otra parte, el juez Schiavo generó polémica por varios de sus fallos, por ejemplo, en 2008 le dio prisión domiciliaria a Ángel Fernández, luego responsable de la “Masacre de Campana”, donde asesinó al matrimonio compuesto por Marcelo Mansilla y Sandra Rabago y sus hijos de 11 y 8 años; también le dio prisión domiciliaria, en 2009, a un gendarme procesado por “abuso sexual doblemente agravado”. El sujeto, además del delito cometido contra las dos mujeres, les puso su arma reglamentaria en la boca para que obedecieran sus órdenes.

HM/ML