La provincia de Mendoza cerró este martes un capítulo central de uno de los procesos por corrupción judicial más sensibles de los últimos años: el Tribunal Oral Federal N° 2 declaró culpable al exjuez federal Walter Bento por liderar una asociación ilícita que, según el veredicto, convirtió decisiones judiciales en una fuente sistemática de ingresos ilegítimos.
El exmagistrado fue condenado como jefe de esa estructura y hallado responsable por cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica en dos oportunidades y ocultamiento e inutilización de prueba.
Al fundamentar la responsabilidad penal, las juezas dieron por acreditado que la organización funcionó al menos desde 2007, con permanencia en el tiempo y división de roles. La acusación —avalada por el tribunal— describió un mecanismo en el que se cobraban sobornos a personas investigadas en causas federales a cambio de beneficios como libertades, sobreseimientos o recalificaciones favorables.
En esa arquitectura, el fallo ubicó como operador clave a Diego Aliaga, ya fallecido, mencionado como nexo y articulador del circuito de coimas.
Lavado de activos y el entramado patrimonial
Uno de los tramos centrales del veredicto estuvo dedicado al delito de lavado de activos. El tribunal dio por probado que Bento seleccionó oportunidades de inversión, definió titularidades y canalizó fondos a través de un entramado familiar diseñado para otorgar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito.
En ese marco, se mencionó a su esposa, Marta Boiza, y a sus hijos, Luciano y Nahuel Bento, con operaciones cruzadas para justificar movimientos y titularidades. El tribunal también señaló como especialmente grave la utilización patrimonial de un hijo con discapacidad severa, al consignar bienes a su nombre para sostener la apariencia de legalidad.
El veredicto también alcanzó al resto de los imputados que integraban el entramado investigado. Hubo condenas para otros miembros del esquema y Luciano, uno de los hijos de Bento, fue absuelto por falta de acusación del Ministerio Público Fiscal.
Un día antes del fallo, Bento habló ante el tribunal y sostuvo que era inocente. “Esto fue una cacería dirigida”, dijo, y pidió que —si se le atribuía responsabilidad— no se extendiera a su familia.
El debate oral comenzó en julio de 2023 y acumuló más de 130 audiencias y alrededor de 300 testigos, además de evidencia documental y digital de gran volumen. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) estimó que el circuito de sobornos habría movilizado al menos USD 1,7 millones, con pagos en efectivo, vehículos y propiedades.
Bento llegó a la sentencia detenido desde fines de 2023. Ese año fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación por mal desempeño, una decisión que implicó la pérdida de sus fueros y dejó habilitada su detención en el marco de la causa.
Lo que viene
Con el veredicto ya emitido, la causa ingresa ahora en la etapa de cesura. Este miércoles, desde las 13, el tribunal debatirá y fijará el monto de las penas para cada uno de los condenados, mientras que los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en una resolución posterior.
GD / EM
