Idas y vueltas

Yategate: Sofía Clerici fue sobreseída como "testaferro" de Insaurralde, pero los 600 mil dólares siguen en la Justicia

Un día antes de dejar su cargo, el juez Luis Armella determinó que la modelo no fue la testaferro de Martín Insaurralde durante el escandaloso viaje a Marbella. Sin embargo, la mediática deberá explicar el origen de su fortuna en los tribunales de San Isidro.

Sofía Clerici y dolares. Foto: Collage

El escandaloso viaje a bordo del yate "Bandido" por las aguas de Marbella, que dinamitó una campaña electoral en pleno 2023, ya tiene a su primera ganadora en los tribunales. La modelo Sofía Clerici fue sobreseída y la Justicia determinó que no actuó como testaferro ni prestanombres del ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, durante aquellas lujosas vacaciones en el Mediterráneo.

La sorpresiva decisión lleva la firma del juez federal Luis Armella, quien lo hizo exactamente un día antes de abandonar su sillón en Lomas de Zamora. Tal como averiguó Clarín, el magistrado saliente dejó el expediente resuelto antes de entregarle el mando a su sucesor, Juan Tomás Rodríguez Ponte, que acaba de asumir formalmente su cargo en la Corte Suprema de Justicia.

Para desligar a la mediática, el juzgado se apoyó en un peritaje contable profundo. Los números demostraron que no existe ningún documento ni rastro financiero que pruebe que el histórico dirigente peronista le haya transferido plata a la modelo para ocultar su verdadero patrimonio. De hecho, los expertos concluyeron que Insaurralde tenía el saldo en verde suficiente para bancar los lujos de aquel viaje europeo de su propio bolsillo.

"La mera existencia de una relación personal y el hallazgo de dinero no resultan suficientes para establecer una vinculación económica", argumentó Armella en su fallo, descartando la hipótesis de lavado de activos en conjunto. Sin embargo, esto no significa que los problemas legales de la acompañante hayan terminado, ya que todavía tiene que dar explicaciones sobre la montaña de billetes que le encontraron en su domicilio.

 

Durante los allanamientos en su imponente casa de Nordelta, los investigadores le secuestraron casi 570 mil dólares en efectivo, además de un Ford Mustang y decenas de artículos de lujo. En su momento, la defensa de la modelo intentó justificar esa fortuna asegurando que eran los ahorros de veinte años de trabajo como acompañante, una categoría que no existe en los registros oficiales de ARCA.

Como el magistrado entendió que esa plata no tiene relación directa con el ex funcionario público, ordenó abrir una causa paralela en la Justicia federal de San Isidro para que se investigue el origen de esos fondos. Mientras tanto, el sobreseimiento en Lomas de Zamora despertó el enojo del fiscal Sergio Mola, quien había pedido frenar la medida y ahora, al igual que la UIF Poder Ciudadano, tiene la puerta abierta para apelar la decisión.

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Con el frente de Clerici despejado a medias, la causa principal recae ahora en las manos del nuevo juez Rodríguez Ponte, quien hereda un expediente al rojo vivo. A diferencia de la modelo, el peritaje contable fue letal para Insaurralde: determinó que el ex intendente presenta severas inconsistencias en sus números y ostenta un nivel de vida que simplemente no puede justificar con sus ingresos declarados.

El plato fuerte que deberá resolver la justicia es el pedido de indagatoria que la Fiscalía presentó en octubre del año pasado. La solicitud apunta a indagar a su círculo más cercano, incluyendo a sus hijos, un sobrino y a su primera esposa, todos bajo la lupa por presuntas maniobras de ocultamiento de bienes.

El panorama para Jesica Cirio, por su parte, asoma igual de espinoso. La ex pareja del ex funcionario quedó contra las cuerdas a raíz de un material audiovisual verdaderamente explosivo: ella misma registró con su teléfono montañas de billetes verdes apilados en cajones y valijas dentro del domicilio matrimonial. Para intentar anular esa prueba letal, sus abogados ensayaron una maniobra táctica y le exigieron al juzgado que deseche las grabaciones. ¿El argumento? Se aferran a que los expertos informáticos no lograron certificar el día y la hora exacta en la que se encendió la cámara.

TC