Régimen penal juvenil: un especialista explicó en RDE que “hay un gran interrogante dentro del Poder Judicial”

El periodista de Política y editor del diario Perfil, Claudio Mardones, explicó los alcances del planteo presentado ante la Justicia por los Hogares de Cristo, organización con una fuerte presencia territorial y vinculada al trabajo del padre Pepe Di Paola. La presentación fue recibida por Marta Elba Pascual, jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, quien hizo lugar al pedido y dispuso la suspensión de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil durante 60 días en la provincia de Buenos Aires.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Mardones señaló que la medida puso en el centro del debate una pregunta que ya venían planteando especialistas y actores judiciales: si la Provincia cuenta con la infraestructura necesaria para aplicar la reforma.

Las dudas sobre la infraestructura penal juvenil

El nuevo régimen reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y contempla modificaciones en las penas y en las medidas aplicables a los adolescentes. Sin embargo, Mardones sostuvo que la discusión no pasa solamente por el contenido de la norma, sino también por las condiciones materiales para llevarla adelante.

“Hay un gran interrogante dentro del Poder Judicial sobre cuál es la capacidad de la infraestructura penal en este momento, así como están las cosas, para poder aplicar esta reforma”, explicó.

El periodista recordó situaciones registradas en distintas oportunidades con jóvenes alojados en comisarías y advirtió sobre el riesgo de que una implementación sin establecimientos adecuados termine agravando las condiciones del sistema penal juvenil.

La reacción de La Libertad Avanza y las impugnaciones

La decisión judicial generó una rápida reacción política, particularmente desde La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mardones señaló que Sebastián Pareja anticipó que pedirían el juicio político contra la magistrada.

Durante el intercambio, Alejandra Gallo recordó que Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra Pascual, al considerar que el fallo interfiere sobre una ley sancionada por el Congreso luego de su correspondiente tratamiento parlamentario.

Mardones sostuvo que todavía resta determinar cómo avanzarán las distintas impugnaciones y si finalmente se formalizará un pedido de jury de enjuiciamiento. “Hay que ver qué es lo que va a pasar en tribunales después de todas estas impugnaciones”, afirmó.

El Congreso y las facultades del Poder Judicial

Frente a los cuestionamientos, Mardones explicó que la aprobación de una ley por el Congreso no impide que el Poder Judicial intervenga cuando recibe un planteo sobre su aplicación.

“Las leyes las sanciona el Congreso, pero el que se encarga de su aplicación es el Poder Judicial”, sostuvo. Según su análisis, los magistrados cuentan con facultades constitucionales para examinar las condiciones en las que una norma puede aplicarse.

El periodista también destacó el peso de los actores que impulsaron la presentación. “Hogares de Cristo, y Pepe Di Paola, no son átomos sueltos de la Iglesia”, afirmó, al referirse a su inserción dentro de la estructura eclesiástica.

El alcance de la privación de libertad

Otro de los puntos abordados fue el objetivo central de la reforma. Gallo señaló que, como contraargumento, quienes defienden la norma sostienen que el encarcelamiento no constituye su “corazón o espíritu troncal”, sino que la reducción de la edad de imputabilidad es uno de sus principales ejes.

Según esa posición, la privación de libertad quedaría reservada para situaciones extremas. La discusión sobre la implementación incluye, por lo tanto, tanto las condiciones de los establecimientos como las medidas de acompañamiento y las respuestas previstas para adolescentes que no sean privados de su libertad.