La Cámara de Diputados avanza con el tratamiento de una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, en medio de reclamos de prestadores, transportistas y familias. El debate también alcanza el cumplimiento de la normativa vigente y la actualización de los valores que reciben los distintos sectores vinculados con las prestaciones.
En Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Leandro Bravo explicó los principales puntos de la discusión y los reclamos que atraviesan al sector.
Reclamo por las pensiones y las prestaciones
Según explicó Leandro Bravo, el problema no pasa solamente por extender la emergencia, sino por el incumplimiento de las disposiciones ya aprobadas. “Rige, pero no está completa la ley del año pasado, el Gobierno no está cumpliendo con la ley totalmente”, sostuvo.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la actualización de los valores. Bravo explicó que la normativa establece un mecanismo vinculado a la inflación, pero que el Ejecutivo optó por actualizar mediante el nomenclador. “Lo que hace el Gobierno es no respetar la ley y actualizar por nomenclador”, afirmó.
En ese contexto, las pensiones no contributivas por invalidez laboral se encuentran muy por debajo del costo de vida. “Una pensión por discapacidad con el bono llega a 370.000. Aún así, está muy lejos de lo que es la compra esencial de bienes y servicios. Muy poco”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.
Auditorías y suspensión de pensiones
Otro de los puntos señalados fue la decisión del Gobierno de avanzar con auditorías que derivaron en la suspensión de más de 100.000 pensiones, según explicó Leandro Bravo. “El Gobierno tomó esa decisión política, que bueno, teníamos los recuerdos de Adorni anunciándolo de una forma socarrona, una canchera en conferencia de prensa”, sostuvo.
El periodista agregó que muchas personas y organizaciones recurrieron a la Justicia para intentar recuperar las prestaciones suspendidas: “Obviamente la Justicia, amparo mediante, hizo que muchas personas y organizaciones que no tenían bienes hayan generado que se hayan restituido a través de una presentación judicial”.
Transportistas y prestadores, entre los más afectados
La movilización frente al Congreso reunió a distintos sectores vinculados con la discapacidad: familias, transportistas, prestadores, asistentes terapéuticos y profesionales de la salud. “Ellos estaban cobrando, hasta el momento de que se pone en agenda la ley del 2025, cerca de $500 por kilómetro para transportar a un chico con discapacidad”, relató.
El reclamo era llevar ese valor hasta $2.400 por kilómetro, pero la actualización efectivamente aplicada fue considerablemente menor. “El Gobierno ahora no, en su momento, cuando la ley entró en la agenda, actualizó el nomenclador pero lo llevó de 500 a $700 y ahora está rondando los $900. Y nosotros tenemos aumentos de combustible constantemente”, señaló.
Para Leandro Bravo, la consecuencia es un desfasaje cada vez mayor entre los costos reales y los valores reconocidos por el Estado: “Quedó muy atrás todavía. Lo mismo con las prestadoras. Hay profesionales que estaban cobrando haberes mensuales cercanos a los $200.000”, afirmó.
