RDI: desde el CECIM La Plata exigen que la Corte avance con la causa contra militares argentinos por torturas en Malvinas
“La causa está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si son crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, indicó para Ronda de Investigación (RDI), el abogado, Jerónimo Guerrero Iraola.
La causa por las torturas a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas permanece a la espera de una resolución de la Corte Suprema. El expediente reúne denuncias de excombatientes sobre distintos abusos sufridos durante el conflicto.
En la Ronda de Investigadores (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola y la periodista Paula Bistagnino analizaron la causa y el rol del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata.
La importancia del CECIM en el caso
Paula Bistagnino puso el foco en la necesidad de analizar Malvinas también desde la perspectiva de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar: “Hay un documental que quiero recomendar, Las voces del silencio, de Gabriela Anazo, pero sobre todo me interesaba que fue el CECIM el que inició esta causa por torturas en Malvinas en 2007, que es gravísima”.
La periodista también describió algunas de las prácticas denunciadas en los testimonios de los ex combatientes. “Malvinas también como, en parte, un campo de concentración más en la Argentina, ¿no?, un centro clandestino donde efectivamente se torturaba a los soldados que habían llevado al combate”, planteó.
Bistagnino señaló además que entre las víctimas hubo jóvenes de apenas 19 años y mencionó distintos métodos de tortura denunciados por los ex combatientes: “Se los estaqueaba, se practicaban estos entierros, que es enterrarlos en la tierra, dejar la cabeza afuera, hacer submarino helado, todo este tipo de cosas, y hasta hacerles comer excrementos”.
Jerónimo Guerrero Iraola explicó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata representa a más de 200 víctimas que declararon en el expediente judicial. “Bueno, nosotros representamos del CECIM a más de 200 víctimas que han declarado en el expediente, la verdad es que se te parte el corazón cada vez que uno se para frente a uno de esos entonces pibes de Malvinas y te cuentan las secuencias”, resaltó.
Las torturas y la doctrina de la seguridad nacional
El abogado vinculó las torturas con la formación represiva de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura y con la denominada doctrina de la seguridad nacional: “La dictadura estaba entrenada en la doctrina de la seguridad nacional, yo la nombré recién en relación a este anuncio del Consejo de Seguridad, la doctrina de la seguridad nacional barrió los límites entre defensa y seguridad interior”.
Guerrero Iraola sostuvo que los militares argentinos habían recibido formación para desarrollar prácticas represivas y ubicó la guerra de Malvinas dentro de la crisis final de la dictadura. “En ese marco, la guerra de Malvinas fue el manotazo de ahogado de una dictadura cívico-militar que vio resquebrajar su plan, digamos, de exterminio, pero también su plan económico, el plan económico de Martínez de Hoz”, recalcó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.
La Corte Suprema debe definir si fueron crímenes de lesa humanidad
Según explicó Guerrero Iraola, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el máximo tribunal debe determinar si las torturas denunciadas pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.
“Bajo esa premisa, fueron a Malvinas sin ningún tipo de planificación, en todos los documentos no hay ni una sola planificación entre Galtieri, Anaya y Lamidoso, entre ninguna de las tres armas, una planificación estratégica, y bajo esa premisa, los soldados, los pibes de Malvinas, que son los soldados Colimba que fueron llevados a esta guerra, fueron cruelmente torturados”, expresó.
Y agregó: “Hoy la causa está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si son crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”.
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