Día 1000: Milei prometió otra Argentina y esto es lo que tenemos

Como la princesa Sherezade de “Las Mil y Una Noches”, que contaba un cuento cada noche al Rey para mantenerlo entretenido, Milei consiguió durante estos mil días encadenar la atención de los argentinos con una historia detrás de otra para explicar por qué el país estaba como estaba. Al principio fueron los setenta años de decadencia; después, la casta aferrada a sus privilegios y sus “curros”; más tarde, arremetió contra la comunidad LGBT, el riesgo “Kuka”, los periodistas “ensobrados”, los “mandriles”, etc, etc. y ahora modificando su posición sobre Malvinas.

La clave no estuvo necesariamente en que toda la sociedad creyera cada una de esas explicaciones, sino en conseguir que se enganchara con ellas, que discutiera, se indignara y mirara hacia donde el Gobierno señalaba. Durante mucho tiempo, Milei consiguió así algo fundamental para cualquier gobierno: conservar el control de la agenda. Pero, a diferencia de Sherezade, después de mil y un cuentos el pueblo argentino parece no haberse enamorado del protagonista. De hecho, parece estar comenzando a romperse el hechizo.

Las historias ya no alcanzan, porque mil días son suficientes para que un gobierno deje de ser una promesa y se pueda hacer un balance. Javier Milei llegó a la Casa Rosada con promesas completamente ambiciosas: romper con el modelo económico y político que, según su diagnóstico, había llevado a la Argentina a décadas de decadencia. Prometió transformar completamente la Argentina, y en algunos sentidos lo hizo, aunque no de la manera esperada por quienes lo votaron. 

Vamos a ver, a modo de recordatorio, cómo la plaza que fue a escuchar el discurso de Milei cuando asumió, festejaba que el presidente diga “No hay plata”.

La fuerza de aquel Milei inicial estuvo, en buena medida, en la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba diciendo en voz alta lo que la política tradicional se negaba a admitir. La frase “No hay plata” fue celebrada porque condensaba un sinceramiento frente a años de discursos que prometían pero no cumplían. En ese contexto también encontró terreno fértil el discurso contra “la casta”: no era solamente una denuncia contra los políticos, sino la expresión de un hartazgo acumulado contra una dirigencia que había perdido credibilidad.

Milei consiguió presentarse como alguien dispuesto a decir una verdad incómoda, aunque esa verdad implicara sacrificios. Y ese relato funcionó para mantener el apoyo de la sociedad aún cuando su política económica generaba daño a sus propios votantes. 

Después del trauma social que representó la pandemia del Covid-19 y la frustración acumulada por años de inflación, Milei consiguió frenarla, pero no eliminarla. El 13% mensual de noviembre de 2023 parecía anunciar una espiral ascendente. En julio de 2026, el IPC fue del 2,1%, acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año y 33,8% interanual. Pero esa desaceleración que aún no es una verdadera estabilización además tuvo un costo que no puede omitirse: el ajuste golpeó los ingresos, deterioró el poder adquisitivo y dejó a amplios sectores de la sociedad con menos capacidad de consumo que antes. La inflación bajó, pero los salarios y las jubilaciones bajaron y no recuperaron en la misma proporción lo perdido durante el proceso. 

El segundo gran resultado que exhibe el Gobierno es fiscal. El Gobierno hizo algo que durante décadas había parecido políticamente casi imposible: ajustar el gasto hasta conseguir equilibrio financiero. El FMI proyecta para 2026 un superávit primario de 1,4% del PBI. La discusión es qué se decidió dejar de financiar para conseguirlo. 

Ahí empieza la otra mitad del balance. La motosierra no fue una metáfora: fue una decisión sobre la distribución de los recursos públicos. Obra pública, universidades, ciencia, organismos estatales, jubilaciones, subsidios y programas sociales quedaron sometidos a una lógica nueva: “no hay plata”. Puede ser que en algunos casos se hayan eliminado gastos superfluos; pero mayoritariamente se redujeron políticas que cumplían funciones que el mercado no necesariamente reemplaza. 

Es cierto que la economía volvió a crecer levemente. El FMI proyecta una expansión interanual de 2,7% para 2026 rebajado del 3,1% que había pronosticado a comienzo de año. Pero tampoco alcanza con decir “la economía crece”. Como es repetido una y otra vez, la industria manufacturera continúa mostrando una recuperación mucho más débil y desigual, mientras sectores como energía, minería, agro y actividades vinculadas a las exportaciones aparecen mejor posicionados en el nuevo esquema. 

Menos recaudación y más ajuste: el Gobierno recortó 10% el gasto y redujo al mínimo los giros a las provincias

El RIGI expresa esa transformación con claridad. La Ley Bases habilitó un régimen de incentivos extraordinarios para grandes inversiones y consolidó una política económica orientada hacia la energía, la minería, la infraestructura y las exportaciones. El mensaje es que la Argentina debe dejar de vivir mirando exclusivamente su mercado interno y convertirse en una plataforma para producir y exportar. Pero eso supone que muchas actividades van a destruirse y desaparecer. El problema político consiste en saber qué hará el Estado con quienes queden del lado perdedor de esa transición.

Porque los ganadores empiezan a estar bastante definidos. La energía tiene una oportunidad histórica con Vaca Muerta. La minería recibe condiciones largamente reclamadas por los inversores. El sector agroexportador opera con un Estado menos intervencionista. Las grandes empresas encuentran un horizonte regulatorio más favorable. Los propietarios de activos financieros y quienes tienen capacidad de ahorro pueden aprovechar mejor la estabilización. Para ellos, la Argentina de 2026 puede ser considerablemente más atractiva que la de 2023.

Pero para una parte importante de los trabajadores la palabra “estabilidad” significa algo diferente. La desocupación llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026. Y si bien no hay desempleo masivo, hay una transformación de la estructura laboral, una migración hacia empleos precarios o de peor calidad. Menos empleo privado formal, mayor informalidad y una expansión de ocupaciones de menor protección. La nueva legislación laboral profundizó esa orientación. El Gobierno sostiene que flexibilizar las condiciones de contratación permitirá crear empleo formal; sus críticos advierten que puede abaratar el despido y debilitar el poder de negociación de los trabajadores y no crear más empleos formales. Después de mil días, todavía no hay signos de mejora para las condiciones de vida de millones de trabajadores.

RDEco: qué le reclaman los empresarios a Caputo para impulsar la economía real

La contracara más concreta de la desprotección de la industria está en quienes directamente se quedaron sin trabajo. Fábricas que apagaron sus máquinas y trabajadores que dejaron de tener un lugar al que volver. El caso más contundente es el de FATE, que cerró en febrero de 2026 su histórica planta de San Fernando y dejó en la calle a casi 1000 empleados; antes, Whirlpool había cerrado su fábrica de lavarropas en Pilar y despedido a 220 trabajadores. A esos casos se suman suspensiones, retiros y despidos en distintas ramas de la industria. La propia Unión Industrial Argentina advirtió que la industria acumulaba una pérdida cercana a 65.000 trabajadores en dos años y el total de trabajadores registrados, en blanco con jubilación y aguinaldo superó los 450 mil menos durante el gobierno de Milei y promete llegar a medio millón menos a fin de este año sobre noviembre de 2023.

Por otra parte, el salario mínimo fijado para septiembre de 2026 en $383.800 vuelve todavía más visible esa contradicción. Es un piso legal extremadamente bajo frente al costo de vida y frente a las necesidades de una familia. ¿Puede considerarse exitoso un modelo económico si el trabajo deja de garantizar por sí mismo un piso razonable de bienestar? La estabilidad de precios es una condición necesaria para recuperar el salario. Pero no es suficiente.

Cada vez con mayor insistencia, Milei parece necesitar prometer el futuro para sostener un presente que todavía no termina de convencer. Después de mil días de gobierno, el horizonte vuelve a desplazarse hacia adelante: primero fueron los sacrificios inevitables, después “los mejores 18 meses” y ahora la promesa de que la Argentina está en el camino irreversible para convertirse en una potencia mundial, como dijo en una entrevista de hace algunas semanas. Vamos a recordar ese momento.

El problema es que cuanto más lejos se coloca la prosperidad, más se parece la promesa a una nueva historia destinada a mantener la expectativa.

La pobreza ofrece otro balance contradictorio. Después del salto provocado por la devaluación y el ajuste inicial, la tasa comenzó a descender y quedó por debajo del pico post devaluación. Pero una reducción de la pobreza respecto de una situación extraordinariamente mala no significa que el problema esté resuelto. La línea de pobreza sigue alcanzando a una porción enorme de la población. El Gobierno puede decir que redujo la pobreza. Sus adversarios pueden señalar que la mejora es mínima frente a millones de personas continúan sin alcanzar condiciones de vida dignas. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente.

La imagen que emerge no es solamente la de una pirámide con menos pobres, sino la de una pirámide que se está achatando en su centro. La reducción de la pobreza puede coexistir con el deterioro de la clase media: familias que no están estadísticamente por debajo de la línea de pobreza pero que pierden capacidad de ahorro, consumo y previsibilidad, y quedan mucho más cerca de caer. Argentina puede mostrar mejores indicadores de pobreza y al mismo tiempo una sociedad más empobrecida, más frágil, más desigual y con menos movilidad social.

También, cambió la Argentina jurídica. La Ley Bases, el DNU 70/2023, el RIGI y la reforma laboral no son simplemente herramientas económicas: modifican derechos, regulaciones y relaciones de poder. El Estado tiene hoy menos instrumentos para intervenir en determinados mercados y mayores incentivos para atraer capital privado. En paralelo, el Gobierno endureció su política frente a la protesta social. La disputa sobre el derecho a manifestarse y el uso de la fuerza dejó de ser marginal para convertirse en una de las principales discusiones institucionales de la era Milei. La Argentina de 2026 no solamente tiene otros precios y otro déficit: tiene otras reglas.

Y esa transformación institucional tiene un costo que no aparece en el resultado fiscal. Cuando el Gobierno decide no ejecutar una partida, no sólo está ahorrando dinero: está determinando qué función pública deja de realizarse. Cuando una universidad pierde financiamiento, cuando una ruta no se construye, cuando un organismo se desmantela o cuando una política científica se interrumpe, el resultado no necesariamente aparece al mes siguiente en el IPC, por ejemplo. Puede aparecer años después, cuando la infraestructura se deteriora, un investigador se va, un profesional abandona una carrera o una familia queda sin una red de protección. El ajuste tiene costos que muchas veces se pagan diferidos.

La ciencia y la educación son, quizá, el mejor ejemplo. El Gobierno considera que buena parte del aparato científico y universitario argentino se convirtió en una estructura sobredimensionada y capturada por intereses corporativos. Con esa excusa, está destruyendo capacidades estratégicas acumuladas durante décadas. La inversión científica cayó fuertemente y las universidades atravesaron una crisis presupuestaria de enorme magnitud. Es una contradicción evidente, porque para producir más valor agregado el país necesita conocimiento, y el conocimiento necesita instituciones capaces de producirlo.

Pero Milei no prometió solamente terminar con el déficit o bajar la inflación. También prometió algo mucho más ambicioso: “la moral como política de Estado”. Vamos a escuchar estas palabras, pronunciadas recientemente, en marzo de este año ante el Parlamento.

Milei construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que ellos eran distintos, y cada escándalo que obliga al Gobierno a dar explicaciones acerca de privilegios, negocios, favores o comportamientos incompatibles con aquella prédica golpea directamente sobre esa identidad.

Los escándalos que involucraron a figuras centrales del oficialismo —desde Adorni y Espert hasta el caso Kueider, las valijas y otras denuncias que fueron salpicando al Gobierno, como el caso $Libra, Scatturice o ANDIS— volvieron a poner en escena prácticas que Milei había prometido desterrar.

Su discurso de campaña construyó a la política tradicional como una casta corrupta, privilegiada y parasitaria, mientras presentaba al nuevo gobierno como una ruptura ética con ese pasado. La vara, por lo tanto, no podía ser la misma: quienes habían llegado denunciando los privilegios ajenos tenían que demostrar que estaban dispuestos a vivir bajo las mismas reglas que exigían para los demás.

El desencanto, entonces, tiene un doble derrumbe de expectativas. Por un lado, está el que surge de la vida cotidiana: para una parte importante de la sociedad, el sacrificio prometido todavía no se tradujo en una mejora suficiente de los salarios, el acceso a la salud, la educación, el empleo o las condiciones materiales de vida. Pero hay un segundo derrumbe, quizá más profundo para la identidad política de Milei: el del relato. El gobierno que llegó prometiendo sinceridad, austeridad y una ruptura moral con la vieja política también empezó a acumular sus propias contradicciones, escándalos y explicaciones. Así, no solamente se vuelve más difícil creer que el sacrificio conduce a un futuro mejor; también se vuelve más difícil creer en quienes lo reclaman como una condición para alcanzarlo.

El 31% de quienes votaron a Javier Milei en la primera vuelta de 2023 hoy desaprueba su gestión, un grupo que representa al 12% del electorado. Según una encuesta nacional de QSocial realizada en julio sobre 1.539 casos, el desencanto se concentra especialmente en sectores populares y personas con menor nivel educativo y recursos. El ajuste económico aparece como el principal motivo: el 91% de los llamados “arrepentidos libertarios” considera que Milei perjudica a los sectores vulnerables y el 89% cree que el ajuste “no valió la pena”.

El caso Mastellone: frente a una crisis de consumo que se profundiza, las grandes empresas exportan para salvarse

El rechazo también se proyecta sobre la continuidad del Gobierno: el 62% de estos votantes cree que un triunfo de Milei sería peor para el país que una victoria del peronismo. A la hora de buscar alternativas, el peronismo muestra mayor apertura, con 40% de apoyo potencial mientras que el centro reúne un 27%. Los datos sugieren que el voto que se alejó de Milei todavía no tiene un destino definido, pero sí evidencia un fuerte cuestionamiento a los resultados concretos de su gestión.

Mil días después, la pregunta ya no es si Milei cambió la Argentina. La cambió, claro que la cambió. La pregunta es si la Argentina que está construyendo podrá transformar estabilización en desarrollo, inversión en empleo, crecimiento en salarios y libertad económica en movilidad social. El éxito de un gobierno debería evaluarse por cuántas personas pueden construir una vida digna dentro del país que gestiona. El verdadero balance de los mil días de Milei no estará escrito en el resultado fiscal ni en el índice de precios: estará en saber si la mayoría de los argentinos termina viviendo mejor después de haber pagado el costo de la transformación.

MEG/LT