Día 760: Un RIGI de Milei para la Venezuela de Trump

La comparación tiene su justificación: mientras Argentina diseña un régimen para atraer inversiones con reglas previsibles y multiplicar su producción, con la mirada puesta principalmente en lo energético y Vaca Muerta en particular, Venezuela será objeto de un plan de desarrollo desde Estados Unidos, también con foco en el sector energético.

Los críticos más radicales del RIGI, creado por la Ley 27.742/2024 para atraer grandes inversiones mediante estabilidad jurídica por hasta 30 años y fuertes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, afirman que funciona más como un paquete de privilegios fiscales para grandes jugadores que como un verdadero plan de desarrollo productivo.

Donald Trump, por su parte, ofrece a las empresas petroleras control político y militar, y busca tener el control total del crudo venezolano. Por eso la pregunta no es si Venezuela necesita inversiones, sino si ese esquema puede llamarse desarrollo cuando las decisiones no se toman en Caracas. ¿Y a dónde irán los beneficios?

Cuando Estados Unidos lanzó el Plan Marshall en 1947 para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, no tomó el control de las fábricas, los puertos ni los recursos estratégicos de los países beneficiarios. Inyectó capital, tecnología e infraestructura para que los propios Estados europeos recuperaran capacidad productiva y autonomía económica. El objetivo era reconstruir naciones soberanas, no administrarlas desde Washington. Esto generó un boom económico virtuoso, con obras, empleo y desarrollo, que benefició tanto a Europa como a Estados Unidos.

Mientras el Plan Marshall fue multilateral, consensuado y sin intervención militar directa, el plan petrolero venezolano nace de sanciones, presión política y control geoestratégico. Si el primero ayudó a desarrollar democracias estables, el segundo corre el riesgo de consolidar una economía tutelada.

Es cierto que en el caso del Plan Marshall el gobierno norteamericano era aliado de los gobiernos europeos frente a la competencia geopolítica con la URSS, mientras que, en este caso, el partido que gobierna Venezuela es aliado de China y Rusia. La política internacional condiciona los planes económicos; sin embargo, hay casos donde esto no es tan lineal.

En Japón, que no fue aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se aplicó entre 1949 y 1952 el llamado Plan Dodge, que buscó frenar la inflación, ordenar el presupuesto y reconstruir la industria local mediante disciplina fiscal, control monetario y reglas macroeconómicas estables. Permitió sentar las bases del “milagro económico japonés”, con empresas nacionales fortalecidas y una estructura productiva que en pocos años convirtió a un país devastado en potencia manufacturera.

Algo similar ocurrió en Corea del Sur tras la guerra de 1953. La ayuda masiva de Estados Unidos se combinó con un Estado surcoreano que impulsó una política industrial y educativa agresiva, invirtiendo en infraestructura, formación técnica y planificación productiva.

Ese equilibrio entre respaldo externo y conducción local derivó en uno de los procesos de desarrollo tardío más exitosos del siglo XX, demostrando que la asistencia internacional puede ser virtuosa cuando potencia capacidades nacionales en lugar de reemplazarlas o someterlas a una tutela permanente.

En la historia más reciente, Irak, que fue un país vencido por EEUU y también petrolero, George Bush argumentaba que las empresas norteamericanas ganarían con su reconstrucción, por lo que era conveniente que se desarrolle su industria petrolera. Una crítica del RIGI argentino ha sido que es tan beneficioso para las empresas extranjeras, porque exige tan poco, que los beneficios irían afuera y no serían principalmente para nuestro país. En el caso del plan de Trump para Venezuela ocurre algo similar.

El presidente estadounidense está pensando en bajar los precios de los combustibles en su país, un reclamo de sus votantes, y obligar a Venezuela a comprar productos estadounidenses con el dinero del petróleo. Como Trump sostiene el axioma de que la política internacional es siempre primero política nacional, busca la aprobación interna. ¿Será finalmente “humo” de Trump para generar expectativas y ampliar su popularidad? Como aquella vez que Scott Besent afirmó que vendrían a Argentina antes de las elecciones fuertes inversiones, que finalmente no se concretaron, o los datacenters de OpenAI, que todavía no se han confirmado en la Patagonia.

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Hay otro punto similar de la comparación entre ambas producciones petroleras, la de Argentina y Venezuela, que tiene que ver con los niveles de producción actual de donde se parte, que en ambos países son similares. En Venezuela se extrae petróleo convencional, lo que implica un proceso de menor complejidad técnica, con pozos verticales que hacen que la presión propia del suelo impulse el crudo hacia arriba. En Vaca Muerta, en cambio, se emplea el fracking. El petróleo está incrustado en las piedras y se extrae mediante pozos horizontales con un complejo sistema de fractura mediante presión de agua. Un proceso más costoso, que implica una enorme inversión.

Sin embargo, ambos países están en niveles de producción comparables. Juan José Carbajales, a quien entrevistamos en este mismo programa este miércoles pasado, dijo: “Hoy se producen alrededor de 100 millones de barriles por día a nivel global, y Actualmente está en 870.000, pero busca llegar a un millón y luego dar un salto a 1,5 millones. Al alcanzar su máxima capacidad, Vaca Muerta podría producir 1,5 millones para exportar un millón. Ese es el objetivo".

Sobre Venezuela, explicó: "Hoy Venezuela es Argentina. Es todo esto que estamos viendo para un país que aporta casi un millón de barriles a los mercados globales, y llegó a tener 3,5 millones. Fíjate la diferencia entre las reservas y lo que efectivamente producía". Si Estados Unidos se pusiera a producir a pleno con el planteo de Trump, podría duplicar y triplicar la producción. 

La diferencia de método de extracción implica una mayor dificultad para la Argentina. En Vaca Muerta se necesita convencer a inversores para hacer pozos horizontales y fracturar roca madre para extraer el crudo mediante el fracking. Un régimen de incentivos como el RIGI, o los acuerdos previos con Chevron en Vaca Muerta, quizás se justifiquen más por la dificultad de la inversión. Venezuela, en cambio, tiene el crudo “servido”. Es de mucho más fácil acceso.

No se trata de una revolución petrolera mediante el descubrimiento de un nuevo método de extracción, como ocurrió en Vaca Muerta; es un cambio de jugadores. Ahora van a producir las propias empresas americanas para vender al mercado americano. Pero el RIGI ha sido hasta ahora más proyectos que realizaciones. En la práctica, el impacto real aún es incierto: solo unos pocos proyectos han avanzado y muchos aún no generaron flujo de dólares ni actividad productiva sustancial.

Así como el RIGI, también el plan de Estados Unidos podría demostrarse incierto. Para desarrollar esta columna consultamos a un economista experto en petróleo, quien aseguró que, según Rystad, se requieren al menos 10.000 millones de dólares por año durante los próximos 3 a 5 años para duplicar la producción.

El ex CEO de Chevron, Alí Mishori, dijo que ello dependerá de los precios, puesto que, si siguen bajos, las compañías serán más renuentes a invertir. Sin embargo, las posibilidades objetivas, por nivel de reservas, existen. Que los niveles de producción actuales entre Argentina y Venezuela sean similares es llamativo cuando vemos con qué reservas de petróleo cuenta cada país.

Un gráfico publicado por Chequeado muestra las reservas mundiales. Venezuela se muestra en el primer puesto, con el 19,4% del total, por encima de países como Arabia Saudita, Irán e Irak. Estados Unidos se encuentra en el noveno lugar, y Argentina en el doceavo, con menos del 1%. 

Sin embargo, los datos de producción petrolera indican que Venezuela no es ni siquiera el mayor productor de la región. La producción de petróleo en Brasil en 2024 fue casi el cuádruple de la venezolana, que solo representó un 13% de la producción de América Latina, cuando probablemente concentre más del 90% de las reservas latinoamericanas.

La tendencia es decreciente desde 2005, aunque esa merma se profundizó a partir de 2018. Otro gráfico indica que hasta 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, la producción del país era mayor a la de Argentina y Brasil. Hoy, es casi igual a la de nuestro país, mientras que la de Brasil se triplicó desde 1998. Estados Unidos, por su parte, la multiplicó en el mismo período. 

Desde 2019, Venezuela se encuentra sometida a sanciones de Washington a pesar de concentrar cerca del 20% de las reservas petroleras del planeta. Durante décadas fue un abastecedor estratégico para el mercado estadounidense y alojó a numerosas empresas norteamericanas, hasta su retirada en 2007. Pero, según datos de la OPEP, en 2024 su producción apenas rondó el 1% del total global, reflejo de un prolongado deterioro provocado por la falta de inversiones, los castigos económicos y los bloqueos comerciales.

Es evidente que, en términos objetivos, Venezuela necesita un plan para reactivar la producción de petróleo. Pero una cosa es un plan de desarrollo en base a inversiones en un país soberano y otra cosa una intervención económica desde Washington, basada en el poderío militar que se traduce en apropiación directa del recurso. ¿Se garantizará que, si hay un boom, eso impacte en la economía venezolana?

Milei, siempre defensor del presidente estadounidense, dijo: “Es una estupidez decir que Trump se apropia del petróleo. Lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, a las instituciones, a la vida y a la libertad. Eso es lo que genera riqueza. Venezuela tenía un millón de dólares per cápita en reservas y hoy tiene 90% de pobres. Japón es una isla de piedra y es rico".

Donald Trump recibirá este viernes en la Casa Blanca a los máximos directivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips para abrir formalmente una nueva etapa de la relación de Estados Unidos con el petróleo venezolano. La Casa Blanca dejó en claro que la administración considera que tiene hoy una “influencia máxima” sobre las autoridades interinas de Caracas y que la reunión con las petroleras es el primer paso para definir cómo se organizará el acceso de las compañías norteamericanas a los yacimientos venezolanos.

Según funcionarios del área energética, el objetivo es aprovechar una oportunidad histórica para reposicionar a Estados Unidos en un mercado del que se había retirado hace casi dos décadas. Trump presentó esta operación como una herramienta clave para bajar el precio de los combustibles en su país y aseguró que los fondos generados se destinarán a la compra de productos estadounidenses.

Del lado venezolano, la presidenta interina Delcy Rodríguez sostuvo que su gobierno mantiene el control del país y confirmó negociaciones con Washington a través de PDVSA. En la actualidad, Chevron es la única empresa estadounidense con licencia para operar en Venezuela, mientras que Exxon y ConocoPhillips se marcharon en 2007 tras negarse a ceder participación mayoritaria al Estado durante el gobierno de Hugo Chávez.

Aunque el Departamento de Energía relativizó los desafíos técnicos, los propios funcionarios admiten que reactivar una industria devastada por años de sanciones y desinversión no será sencillo. La producción venezolana representa hoy apenas el 1% del total mundial, y recuperar los niveles históricos demandará decenas de miles de millones de dólares.

Marco Rubio, el Secretario de Estado de Trump, informó a los medios el plan para el petróleo de Venezuela y expresó: “PDVSA no puede mover el petróleo a menos que nosotros lo permitamos. Ahora mismo no están generando ingresos con su petróleo porque estamos aplicando sanciones”.

Parte de los limitantes al desarrollo productivo del petróleo, hasta el momento, son las propias sanciones que Estados Unidos tenía sobre Venezuela. Ahora que Estados Unidos tendrá control de la producción y de la transición política del país, mediará sin competencia en las negociaciones para extraer el petróleo.

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Volviendo al Plan Marshall, fue un programa que apostó a fortalecer a los actores locales, reconstruir industrias nacionales y estimular el comercio entre países europeos. El esquema que hoy se proyecta sobre Venezuela, por el contrario, reemplaza a los jugadores nacionales por empresas estadounidenses que producen, venden y administran el flujo del crudo hacia su propio mercado.

Chevron fue la única petrolera estadounidense que logró mantenerse operativa en Venezuela gracias a una exención de las sanciones. La compañía, segundo mayor productor de crudo de Estados Unidos, llegó a concentrar alrededor del 25% de la producción venezolana y, en diciembre, importó más de 120.000 barriles diarios hacia el mercado norteamericano.

Con presencia en el país desde la década de 1920, Chevron participó en cinco proyectos de extracción como socio minoritario de PDVSA. Esa asociación se formalizó en 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez avanzó con la nacionalización del sector petrolero. Tras las sanciones de 2019, la administración Joe Biden habilitó en 2022 una licencia especial para que la empresa continuara operando, exención que Trump anuló y luego restableció en 2025.

En contraste, ExxonMobil y ConocoPhillips perdieron sus activos en Venezuela al rechazar las condiciones impuestas por Chávez, que exigían mayoría accionaria estatal. Ambas compañías recurrieron a tribunales internacionales y obtuvieron fallos millonarios a su favor. Frente al nuevo escenario, Exxon evitó pronunciarse, mientras que ConocoPhillips afirmó que sigue de cerca la situación sin anticipar decisiones de inversión.

En el segmento de refinación, varias compañías estadounidenses retomaron la compra de crudo venezolano en 2025, especialmente para refinerías adaptadas a petróleo pesado. Valero, Phillips 66, PBF, Chevron, Vitol y ExxonMobil figuran entre las firmas que realizaron adquisiciones, en un contexto donde las acciones del sector reaccionaron al alza tras los últimos acontecimientos. Aun así, especialistas advierten que una recuperación sostenida de la producción venezolana requerirá inversiones masivas y un proceso de varios años.

Trump anunció un primer cargamento “entre 30 y 50 millones de barriles”, que no mueve el amperímetro global, pero funciona como mensaje político: Trump dice “Ahora esto es mío, lo manejo yo”, y eso habilita a EEUU como organizador del desarrollo productivo. ¿Estas inversiones podrían tener, colateralmente, un daño sobre el RIGI argentino?

Existe la hipótesis de que, si el plan para Venezuela aumenta la oferta regional, el precio internacional puede ceder y golpear el corazón del proyecto Vaca Muerta. La rentabilidad se vería mermada y el ritmo de inversión podría desacelerarse, más teniendo en cuenta que el fracking es un proceso complejo que requiere altos costos de inversión y, por lo tanto, depende de que el margen de ganancia sea mayor para justificarse.

Sin embargo, hay opiniones contrarias. Consultado por la producción, Carbajales sostuvo que el mercado global no se alterará aun si EEUU logra producir en Venezuela hasta 2,5/3 millones de barriles. Ya que esas cantidades adicionales no modifican la sobreoferta que ya existe y que seguirá escalando por los aportes de Guyana, Brasil, Argentina, más los recortes de la OPEP+. En el mismo sentido, Ali Moshiri, ex presidente de Chevron para América Latina, Medio Oriente y África, sostiene que una eventual recuperación del petróleo venezolano no tendrá impacto sobre Vaca Muerta.

Según explica el economista, la mayor parte del crudo que logre producir Venezuela irá directamente al mercado estadounidense y, aun en el mejor escenario, alcanzar 1,5 millones de barriles diarios demandará entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en un plazo de al menos 18 meses. Superar ese nivel es mucho más complejo: la infraestructura está devastada, con tanques, oleoductos y sistemas de almacenamiento parcialmente inutilizados, lo que traslada el cuello de botella del subsuelo a la superficie.

Para Moshiri, llevar la producción a 2,5 millones de barriles por día requeriría inversiones de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares y precios internacionales sensiblemente más altos, algo poco probable en un contexto de sobreoferta global y barril en torno a los 60 dólares.

En ese marco, descarta que Venezuela compita con la Argentina: Vaca Muerta, afirma, puede operar con break-even cercano a los 45 dólares cuando la infraestructura esté lista, mientras que el crudo pesado venezolano es específico para ciertas refinerías de Estados Unidos. “Hay que reconstruir tanques, ductos, todo. Eso lleva tiempo y capital”, resume.

Pero volviendo a las comparaciones, ambos modelos también generan debates sociales y políticos intensos, aunque por razones distintas. En Argentina, críticos del RIGI advierten sobre posibles excesos de concesiones a grandes capitales, la carga impositiva a mediano plazo y la transparencia en la selección de proyectos. La discusión gira en torno a cómo equilibrar incentivos con redistribución y un desarrollo equilibrado.

En el caso venezolano, la discusión es más profunda y está marcada por la legitimidad de Estados Unidos sobre el petróleo del territorio, la legalidad de la intervención estadounidense y las implicancias para la soberanía nacional y el derecho internacional. Con voces que acusan a Washington de apropiarse de los recursos venezolanos bajo pretextos de estabilidad y democratización. Además, claramente, agudizando las tensiones geopolíticas con otros países que tienen intereses en la región, como Rusia y China.

Las empresas que se adhieren al régimen de Argentina lo hacen tras evaluar riesgos y beneficios, con la libertad de decidir entrar al mercado o no. El gobierno libertario de Milei denuncia la falta de claridad jurídica que había bajo el kirchnerismo y pretende dar previsibilidad con el régimen de incentivo.

En Venezuela, las grandes compañías petroleras son invitadas a invertir bajo un escenario donde el control político y militar estadounidense define las reglas del juego, la garantía de sus inversiones y la previsibilidad termina recayendo sobre la fuerza militar estadounidense.

Volviendo a las comparaciones, el RIGI de Argentina quizás logre acomodarse e impulsar el desarrollo en algún grado, aunque parte de la desconfianza estructural en el propio país. No se apoya en planificación pública ni en política industrial, sino en la promesa de que el mercado sin intervención es siempre virtuoso. Sin embargo, hablamos de una ley sancionada por los organismos institucionales de la democracia argentina, que podrían redefinirla o reformarla en el futuro.

En Venezuela, el petróleo aparece administrado desde Washington como botín estratégico, con el discurso de ser una herramienta económica para la reconstrucción nacional. El ejemplo virtuoso sería el Plan Marshall, que apostó a fortalecer Estados soberanos. Si se lograra un equilibrio o una dinámica general que respete la soberanía venezolana, podría ser virtuoso.

Pero si se limita a saqueo y urgencias por las necesidades electorales del Partido Republicano, el resultado podría ser catastrófico. La reconstrucción política, democrática y soberana de Venezuela es crucial para que el desarrollo sea virtuoso, no un elemento que tiene que quedar en segundo plano para un futuro indefinido.

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