Chaco busca equiparar en dos años los salarios de jueces con el promedio nacional

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley para avanzar durante los próximos dos años hacia una equiparación de los salarios de magistrados y determinados funcionarios judiciales con la media nacional para cargos equivalentes.

La iniciativa busca dar una salida legislativa a un conflicto que lleva más de dos décadas y que tuvo su origen en la causa “Alonso de Martina”, iniciada en 2005 por magistrados que denunciaron que el deterioro de sus remuneraciones vulneraba la garantía constitucional de intangibilidad salarial.

Para cumplir con esas decisiones judiciales, el Ejecutivo propone crear un nuevo concepto remunerativo denominado “Intangibilidad”, que surgirá de la diferencia entre los haberes chaqueños y el promedio nacional correspondiente a funciones equivalentes.

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Cómo será la equiparación

El proyecto prevé una implementación progresiva en cuatro semestres. Durante el primer semestre podrá reconocerse hasta el 85% del porcentaje correspondiente; en el segundo, hasta el 90%; en el tercero, hasta el 95%; y en el cuarto se alcanzará el 100%.

La comparación se hará tomando como base el sueldo básico y la compensación jerárquica de cada cargo y utilizando los relevamientos de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).

Una vez completada la adecuación, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco (STJ) deberá realizar revisiones trimestrales para controlar la evolución de la brecha con la media nacional. El nuevo concepto será remunerativo y no bonificable, por lo que estará sujeto a aportes previsionales, aunque no necesariamente servirá como base para recalcular otros adicionales.

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A quiénes alcanzará

El régimen no abarcará a todo el Poder Judicial. Estará destinado a magistrados y funcionarios comprendidos en las sentencias sobre intangibilidad salarial. El STJ tendrá 30 días desde la publicación de la eventual ley para reglamentarla y determinar individualmente quiénes serán alcanzados.

Quienes pasen al nuevo sistema dejarán de percibir el “Adicional Remunerativo” y el “Ajuste por Revisión” previstos en la Ley 3424-A.

Para el resto de los trabajadores judiciales, en cambio, el proyecto no elimina esos conceptos. En los hechos, quedarían funcionando dos mecanismos distintos dentro de la estructura salarial del Poder Judicial.

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Un conflicto que llegó hasta la Corte Suprema

La causa “Alonso de Martina” comenzó en 2005. En 2014, un Superior Tribunal integrado especialmente hizo lugar al reclamo y ordenó avanzar sobre la diferencia salarial con cargos equivalentes de la Justicia Federal.

El expediente llegó después a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2019 reconoció que había existido un deterioro salarial suficiente para afectar la garantía de intangibilidad.

Sin embargo, el máximo tribunal sostuvo que el Poder Judicial provincial no podía fijar por sí mismo un régimen permanente de equiparación futura, porque la definición de las remuneraciones corresponde a los poderes políticos de la provincia.

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Ese antecedente explica uno de los puntos centrales del proyecto actual: que sea la Legislatura chaqueña la que establezca por ley el mecanismo de adecuación.

De la media regional a la nacional

Tras los fallos judiciales, Chaco avanzó con la Ley 3424-A, que creó mecanismos de recomposición que inicialmente tomaron como referencia la media salarial de las justicias del Nordeste.

Con el tiempo comenzó a discutirse el salto hacia la media nacional. En 2023 se conformó una comisión técnica para analizar ese avance y en 2024 un tribunal ad hoc intimó al Ejecutivo y a la Legislatura a instrumentar un mecanismo en esa dirección.

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Durante 2025, representantes judiciales volvieron a reclamar la aplicación del promedio nacional, mientras el Gobierno provincial advertía sobre las restricciones presupuestarias para implementarlo.

El esquema de cuatro semestres que ahora impulsa Zdero procura justamente distribuir ese impacto durante un período de dos años. Si la iniciativa es aprobada, el gasto será imputado al presupuesto del Poder Judicial de Chaco y la norma comenzará a regir desde el primer día del mes posterior a su publicación en el Boletín Oficial.