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Desaparición de Loan: el fuerte pedido de la familia a Javier Milei y la Corte Suprema

María Luisa Noguera y José Peña enviaron cartas al Presidente, la Corte Suprema y Casación para destrabar el proceso. Denuncian "limitaciones estructurales" y exigen la designación inmediata de jueces para hallar la verdad sobre su hijo.

María Noguera y José Peña. Foto: Gentileza.

La búsqueda de Loan Danilo Peña entra en una fase de máxima presión institucional. Sus padres, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, presentaron una serie de escritos ante las autoridades de mayor jerarquía de la Nación para denunciar la parálisis del proceso judicial por la sustracción del menor.

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En las misivas, dirigidas al presidente Javier Milei, a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Ministerio de Justicia, advierten que las "limitaciones estructurales" del sistema están alejando la posibilidad de encontrar al niño.

Un reclamo directo a la cúpula del poder

La familia Peña sostiene que la inmediata realización del juicio oral es la "única instancia capaz de provocar el quiebre de los imputados y obtener de ellos la verdad". Sin embargo, el debate se encuentra demorado debido a la falta de integración del tribunal interviniente por vacantes y problemas en las subrogancias.

Ante esta situación, solicitaron específicamente a la Cámara de Casación que ejerza su responsabilidad directa de garantizar la integración de los órganos jurisdiccionales, designando de manera urgente a jueces subrogantes o conjueces que permitan avanzar con el proceso sin que razones administrativas lo paralicen.

El pedido de un plazo de 60 días y recursos urgentes

Entre las peticiones más concretas y ambiciosas, los padres exigen que se fije un estándar temporal para que el juicio se inicie, desarrolle y finalice en un plazo máximo de 60 días corridos.

Para ello, solicitaron que el Estado garantice los recursos económicos, logísticos y técnicos indispensables para que el tribunal pueda sesionar de forma efectiva y sin interrupciones.

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El reclamo se ampara legalmente en la Constitución Nacional y en la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando que la desaparición de un menor impone al Estado un "deber reforzado de diligencia".

Los padres concluyeron su pedido con un mensaje contundente a las autoridades: el funcionamiento judicial no puede detenerse por problemas internos, ya que en este juicio reside la única posibilidad real de conocer el destino de su hijo.