Desaparición de Loan: el fuerte pedido de la familia a Javier Milei y la Corte Suprema
María Luisa Noguera y José Peña enviaron cartas al Presidente, la Corte Suprema y Casación para destrabar el proceso. Denuncian "limitaciones estructurales" y exigen la designación inmediata de jueces para hallar la verdad sobre su hijo.
La búsqueda de Loan Danilo Peña entra en una fase de máxima presión institucional. Sus padres, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, presentaron una serie de escritos ante las autoridades de mayor jerarquía de la Nación para denunciar la parálisis del proceso judicial por la sustracción del menor.
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En las misivas, dirigidas al presidente Javier Milei, a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Ministerio de Justicia, advierten que las "limitaciones estructurales" del sistema están alejando la posibilidad de encontrar al niño.
Un reclamo directo a la cúpula del poder
La familia Peña sostiene que la inmediata realización del juicio oral es la "única instancia capaz de provocar el quiebre de los imputados y obtener de ellos la verdad". Sin embargo, el debate se encuentra demorado debido a la falta de integración del tribunal interviniente por vacantes y problemas en las subrogancias.
Ante esta situación, solicitaron específicamente a la Cámara de Casación que ejerza su responsabilidad directa de garantizar la integración de los órganos jurisdiccionales, designando de manera urgente a jueces subrogantes o conjueces que permitan avanzar con el proceso sin que razones administrativas lo paralicen.
El pedido de un plazo de 60 días y recursos urgentes
Entre las peticiones más concretas y ambiciosas, los padres exigen que se fije un estándar temporal para que el juicio se inicie, desarrolle y finalice en un plazo máximo de 60 días corridos.
Para ello, solicitaron que el Estado garantice los recursos económicos, logísticos y técnicos indispensables para que el tribunal pueda sesionar de forma efectiva y sin interrupciones.
El reclamo se ampara legalmente en la Constitución Nacional y en la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando que la desaparición de un menor impone al Estado un "deber reforzado de diligencia".
Los padres concluyeron su pedido con un mensaje contundente a las autoridades: el funcionamiento judicial no puede detenerse por problemas internos, ya que en este juicio reside la única posibilidad real de conocer el destino de su hijo.
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