Una ministra de Chaco se quebró en un acto escolar y le pidió “paciencia” a docentes por la suspendida cláusula gatillo

El ciclo lectivo 2026 comenzó oficialmente este lunes en la E.E.P. Nº 132 de Isla del Cerrito, con un acto encabezado por el gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación, Sofía Naidenoff. La apertura se dio en un clima atravesado por la tensión salarial y la suspensión de la cláusula gatillo, mecanismo que actualizaba los sueldos docentes según la inflación.

Durante su discurso, Naidenoff se quebró al referirse a la situación económica y pidió comprensión al sector. “Estamos para acompañar en lo que ustedes necesiten”, expresó ante la comunidad educativa. También admitió el descontento por la medida y sostuvo que el escenario financiero actual condiciona las decisiones oficiales.

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Ordenamiento del sistema educativo

La ministra defendió el proceso de "reorganización administrativa" impulsado por la gestión provincial, con eje en la titularización docente. Según indicó, el ordenamiento del sistema es clave para mejorar las condiciones laborales y salariales a mediano plazo.

En ese marco, planteó que determinadas licencias y traslados generan impacto presupuestario y llamó a revisar esos mecanismos para redireccionar recursos. No obstante, aclaró que no se trata de eliminar derechos, sino de “ordenar prioridades” dentro de un contexto económico restrictivo.

Cláusula gatillo y contexto salarial

Al abordar la suspensión de la cláusula gatillo en Chaco, Naidenoff reconoció que la medida genera preocupación y explicó que en etapas anteriores se había podido afrontar el pago gracias a un mayor ingreso por coparticipación. Ahora, sostuvo, la provincia enfrenta un escenario diferente.

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El mensaje oficial contrastó con el clima que se vivió días atrás en Resistencia, donde gremios docentes realizaron una masiva movilización y ratificaron el no inicio de clases. Según pudo recolectar PERFIL NEA, el salario básico de un maestro de grado en la provincia es de $349.353 y, con el aumento anunciado, el incremento rondaría los $10.000, cifra que los sindicatos consideran insuficiente frente a la inflación acumulada.