1 de cada 7 argentinos tiene un problema de salud mental

El Gobierno nacional ha enviado un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental y, al leerlo, es inevitable que resuene la Bersuit: “Veo el futuro repetir el pasado / Veo un museo de grandes novedades”. La misma cantinela: los problemas estructurales de nuestro sistema sanitario se resuelven mágicamente modificando la letra de una ley.

Si nos enfocamos en el verdadero problema, vemos una realidad cruda: aproximadamente una de cada siete personas en nuestro país atraviesa un problema de salud mental y la gran mayoría no recibe la atención adecuada. No hay respuesta suficiente en los centros de salud, faltan profesionales capacitados en las guardias, escasean las camas en los hospitales generales, los psicofármacos no llegan a quienes los necesitan y los centros de día y las casas de medio camino son casi una excepción. 

Frente a este diagnóstico de abandono y falta de gestión, la propuesta oficial es cambiar la ley. Un "museo de grandes novedades" que solo sirve para desviar la atención de lo urgente: la implementación, el financiamiento y la voluntad política de los gobiernos nacional y provinciales.

¿Que cambiará en la futura Ley de Salud Mental que el gobierno prometió mandar al Congreso?

Dentro del listado de artículos que se pretenden modificar —en su mayoría innecesarios, algunos inocuos y otros claramente peligrosos— me concentraré en tres puntos que implican un retroceso alarmante y frente a los cuales propongo alternativas superadoras.

1. La claudicación frente al manicomio

El proyecto elimina la prohibición de crear nuevos hospitales monovalentes, lo que representa una claudicación ética y legal frente a la lógica del encierro. El manicomio no es una reliquia. Quienes sostienen que ya no existe, podrían acercarse a cualquiera de los más de 40 Hospitales psiquiátricos públicos o de los más de 100 privados. 

Según el último Censo Nacional, el promedio de internación es de 8 años (12 en el sector público y 4 en el privado). Son datos, algo que se supone debe ser utilizado para diseñar o modificar una política pública. El hospital psiquiátrico es una institución que, por definición, tiende a la cronificación y vulnera Derechos Humanos. La OMS y la OPS, en sus directrices de desinstitucionalización, son taxativos: el aislamiento no cura.

Pretender que solo un psiquiatra pueda decidir una internación es desconocer la complejidad psicosocial del padecimiento y, sobre todo, la geografía de nuestro país"

La propuesta: Los hospitales psiquiátricos deben sustituirse, no reformarse ni multiplicarse. La alternativa es clara y está presente en la normativa vigente a nivel internacional y nacional: la creación de una red de dispositivos comunitarios (casas de medio camino, centros de día, empresas sociales e internación en el hospital general) que garanticen la vida en sociedad.

2. El desmantelamiento presupuestario

Es quizás el punto más grave. El proyecto elimina la pauta del 10% del presupuesto de salud destinado a salud mental y quita la obligatoriedad de la asistencia financiera de Nación a las provincias. Sin recursos, cualquier ley es una cáscara vacía.

Modificar la ley para facilitar el aislamiento es una regresión que Argentina no puede permitirse"

La propuesta: En lugar de desfinanciar, la ley debería obligar al Estado Nacional a asumir su corresponsabilidad mediante un modelo de transferencias condicionadas. Tal como funciona en otros programas sanitarios exitosos, la Nación debe incentivar a las provincias transfiriendo fondos específicos sujetos al cumplimiento de objetivos de reforma: por cada proceso de externación o cada nuevo dispositivo comunitario creado, la provincia recibe financiamiento. Eso es el verdadero ejercicio de rectoría nacional y un federalismo sanitario real.

3. La burocratización de la urgencia

Pretender que solo un psiquiatra pueda decidir una internación es desconocer la complejidad psicosocial del padecimiento y, sobre todo, la geografía de nuestro país. Esta medida agrega una traba burocrática más, a las barreras geográficas existentes, dada la escasez de especialistas en la mayoría de las comunidades.

El hospital psiquiátrico es una institución que, por definición, tiende a la cronificación y vulnera derechos humanos: el aislamiento no cura"

La propuesta: El problema no es quién firma, sino cómo se atiende. La solución es capacitar y contratar. Debemos fortalecer los equipos interdisciplinarios en las guardias de los hospitales generales y contratar más especialistas para que lo que ya permite la ley actual —la intervención en crisis bajo criterios clínicos claros— se implemente de manera correcta y oportuna en todo el territorio.

Conclusión. La discusión semántica sobre "trastornos" o la flexibilización de internaciones son cortinas de humo que esconden un ajuste presupuestario. Modificar la ley para facilitar el aislamiento es una regresión que Argentina no puede permitirse. Lo que necesitamos no son "soluciones mágicas" escritas en un papel, sino la decisión política de pasar de los textos a la gestión, priorizando de una vez por todas la dignidad de los usuarios del sistema de salud mental, cuyos derechos continúan siendo vulnerados, y no pueden esperar más. El tiempo no para.