El agua no es un lujo ambientalista

En los debates públicos solemos repetir que “todo es economía”. La recesión, la inflación, el desempleo o las tensiones internacionales siguen siendo, sin duda, grandes disparadores de inestabilidad política. Pero el mundo del siglo XXI está mostrando algo más profundo: existen factores menos visibles que pueden alterar el clima político con la misma fuerza —o más— que cualquier indicador macroeconómico. Uno de ellos es el agua.

Durante mucho tiempo, la gestión del agua se consideró un asunto técnico, ajeno a la agenda política más caliente. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra lo contrario. Cuando el agua escasea, se contamina o se vuelve inaccesible, la política tiembla. Y cuando se gestiona bien, la política capitaliza.

Basta mirar algunos ejemplos recientes. En Estados Unidos, Joe Biden construyó parte de su campaña presidencial sobre la promesa de reemplazar todos los caños de plomo del país, después del trauma político que dejó la crisis de Flint. En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan dio sus primeros pasos hacia el liderazgo nacional apoyándose en la recuperación del Bósforo y el Cuerno de Oro, un hito urbano que redefinió su prestigio. 

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En Brasil, la gran sequía que golpeó São Paulo entre 2014 y 2015 erosionó la gestión de Dilma Rousseff, y el debate sobre el saneamiento —hoy convertido en política de Estado— se volvió un eje electoral permanente.

El agua también ha sido terreno fértil para promesas exitosas. 

Es un componente estructural de la economía, de la salud pública, de la producción, de la seguridad nacional y, cada vez más, de la legitimidad política"

En la India, Narendra Modi fortaleció su base política rural con el programa Jal Jeevan Mission, que promete llevar agua potable por cañería a millones de hogares. 

En Israel, la decisión estratégica de apostar por la desalinización masiva transformó su vulnerabilidad hídrica en un caso global de seguridad nacional y planificación a largo plazo.

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Al mismo tiempo, el agua puede convertirse en el detonante de crisis profundas. En México, la emergencia hídrica de Monterrey en 2022 tensó gobernadores y partidos, y abrió un debate nacional sobre la gestión del recurso. 

En Bolivia, la llamada “Guerra del Agua” de Cochabamba (2000) fue uno de los episodios que aceleró el ascenso político de Evo Morales. 

En Australia, los conflictos por el Murray–Darling Basin enfrentaron a agricultores, ambientalistas y gobiernos, influyendo en elecciones regionales y forzando reformas federales.

La conclusión es clara: el agua no es un asunto accesorio. No es un lujo ambientalista ni un tema para especialistas. Es un componente estructural de la economía, de la salud pública, de la producción, de la seguridad nacional y, cada vez más, de la legitimidad política. Las sequías alteran cuentas fiscales; las inundaciones reconfiguran territorios; los problemas de saneamiento erosionan confianzas; y las inversiones en infraestructura hídrica pueden construir liderazgo a largo plazo.

Argentina no es ajena a este fenómeno. Nuestras cuencas, nuestras ciudades vulnerables, nuestros sistemas de saneamiento y nuestras oportunidades productivas muestran que la agenda del agua no puede estar por fuera de la discusión central sobre desarrollo y modernización. Ignorarla es invitar a la próxima crisis.

Por eso, cuando debatimos reformas tributarias, laborales, productivas o institucionales, conviene recordar que no es solo la economía: es el agua también. Podemos discutir modelos, montos, prioridades y enfoques. Lo que no podemos es negarla.

El siglo XXI será, también, el siglo del agua. Y la política, aquí y en el mundo, tendrá que estar a la altura.

*Ceo Cámara Argentina del Agua, Médico Sanitarista M.N 117.793