El territorio nacional no puede estar en manos extranjeras

Asistimos a un momento histórico de profunda regresión civilizatoria. El proyecto de la mal llamada "ley de inviolabilidad de la propiedad privada" que el Poder Ejecutivo pretende aprobar no es más que la cristalización legislativa de un modelo de exclusión que pretende mercantilizar la existencia humana y subordinar los derechos fundamentales al altar del mercado. 

Como militante de los derechos humanos, como abogada que cree en el constitucionalismo social y en la justicia ambiental y como ciudadana que ha caminado los territorios y barrios populares de nuestra patria, no puedo callar ante este monumental retroceso jurídico y ético.

El discurso oficial nos vende esta normativa bajo el ropaje de la "seguridad jurídica" y la protección del esfuerzo individual. Es una trampa retórica perversa. Lo que en realidad consagra esta ley es una jerarquización arbitraria y violenta de los derechos, donde la propiedad concentrada se coloca por encima del derecho a la vivienda digna, al hábitat, a la soberanía alimentaria y a la vida misma.

Se consagra la protección del "objeto" por sobre el "sujeto", despojando a la propiedad de su necesaria, ineludible y constitucional función social y se consolida un modelo de extractivismo y despojo de nuestros bienes comunes y de nuestra soberanía nacional.

Miremos nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional que tanto costó incorporar en la reforma de 1994. El derecho a la propiedad existe, por supuesto, pero jamás fue concebido en nuestro bloque de constitucionalidad como un derecho absoluto ni ciego ante la realidad social. El Pacto de San José de Costa Rica es sumamente claro: el uso y el goce de los bienes pueden ser subordinados por la ley al interés social.

La propiedad concentrada se coloca por encima del derecho a la vivienda digna, al hábitat, a la soberanía alimentaria y a la vida misma"

Al ignorar esto, el actual gobierno ha diseñado una ley a la medida de los especuladores y de espaldas al pueblo. Lo más alarmante es el desamparo total de nuestro territorio: este proyecto elimina cualquier límite real a la extranjerización de la tierra, un proceso que ya tiene a más del 5% del territorio nacional en manos de corporaciones y magnates extranjeros —superando en zonas estratégicas y cordilleranas los máximos que pretendía regular la legislación histórica—.  

Veinte empresas y corporaciones concentran millones de hectáreas en Argentina, destacándose actores extranjeros como High Luck Group y el Grupo Benetton, junto a grandes grupos locales como Cresud e Integra Lithium. Esta concentración, sumada a la propuesta de "inviolabilidad absoluta de la propiedad privada", amenaza con profundizar la expulsión de pueblos originarios y la agricultura familiar, consolidando la extranjerización de la tierra. Al no fijar topes ni controles sobre quién compra, el proyecto promueve una entrega explícita de nuestra soberanía hídrica, alimentaria y fronteriza bajo el disfraz de captar inversiones.

Esta ley además penaliza la pobreza y criminaliza la legítima demanda por el acceso a un techo. En un país con un déficit habitacional estructural, asistimos a un fenómeno dramático de inquilinizacion forzada, donde más del 20% de la población nacional —y arriba del 40% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— se ve obligada a alquilar de por vida bajo condiciones leoninas, destinando hasta la mitad de sus ingresos a pagar un techo.

Al no fijar topes ni controles sobre quién compra, el proyecto promueve una entrega explícita de nuestra soberanía hídrica, alimentaria y fronteriza bajo el disfraz de captar inversiones"

Responder a este drama social con el endurecimiento penal y el desalojo exprés es un acto de crueldad institucionalizada. Autorizar expulsiones inmediatas sin una orden judicial firme, sin mediación social y sin alternativas de reubicación transforma al Estado en el brazo armado de los propietarios ausentistas. Afecta a inquilinos/as y ocupantes mediante la reducción a 3 días del plazo de intimación y la equiparación procesal de inquilinos con ocupantes ilegítimos, suprimiendo protecciones previas. Las ocupaciones o asentamientos informales no nacen del deseo de cometer un delito; nacen del dolor, del hacinamiento y del abandono de un Estado que renunció a regular el mercado inmobiliario. 

Afecta a inquilinos/as y ocupantes mediante la reducción a 3 días del plazo de intimación y la equiparación procesal de inquilinos con ocupantes ilegítimos"

Esta ley consagra una trampa jurídica planificada y de un profundo racismo institucional. El Estado argentino arrastra una deuda histórica: las provincias jamás han terminado de regularizar los títulos de propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Ahora, tras la nefasta derogación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial que frenaba las expulsiones, este proyecto de inviolabilidad viene a cerrar el cepo del despojo. Al expandir ciegamente la figura de la "usurpación", se acusa a las comunidades de ocupar ilegalmente su propio territorio ancestral. 

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Lo vemos hoy con dolor en casos recientes: el desalojo de la comunidad mapuche Lof Paillako en Chubut, la violenta represión y expulsión de familias de la comunidad diaguita en Las Pailas (Cachi), la entrega exprés por parte de la Legislatura salteña de tierras de la comunidad Lule a un club privado de rugby, o el constante asedio judicial sobre la comunidad Mbya guaraní Puente Quemado II en Misiones. A todos ellos, que tienen el amparo de la preexistencia étnica en el artículo 75 inciso 17 de nuestra Constitución, se los trata como intrusos comunes. El proyecto actual no busca proteger "la propiedad"; busca legalizar el saqueo de los territorios no titulados para entregárselos limpios al negocio inmobiliario y minero.

Al expandir ciegamente la figura de la "usurpación", se acusa a las comunidades de ocupar ilegalmente su propio territorio ancestral"

Tampoco podemos soslayar el impacto ambiental que esta ley profundiza. Bajo la bandera ecofeminista que defendemos con convicción, sabemos que la noción antropocéntrica, extractivista y absolutista de la propiedad privada es la que destruye nuestros bienes comunes. La flexibilización de estas normas convive de forma cómplice con la alarmante ola de incendios intencionales, donde más del 95% de los fuegos son provocados por la actividad humana con claros fines de especulación inmobiliaria y agro-ganadera.

La mayor perversión del proyecto actual es la derogación de las leyes de protección de fuego, aquellas que impedían taxativamente cambiar el destino del suelo o realizar desarrollos inmobiliarios en los predios quemados por un período de entre 30 y 60 años. Al eliminar estos plazos y límites temporales al extractivismo, el Congreso le está otorgando impunidad legal a los ecocidas: ahora, quemar un bosque nativo o un humedal es el paso previo y legal para montar un barrio privado o un monocultivo. Se premia el delito ambiental con la garantía absoluta de la propiedad privada.

¿Quiénes son las principales víctimas de los desalojos violentos y de la falta de acceso al hábitat? Las mujeres, las diversidades y las infancias. Son las mujeres indígenas y lideresas ambientales en los territorios y las madres jefas de hogar quienes sostienen las ollas populares, quienes resisten en los barrios autoconstruidos y quienes sufren en carne propia la violencia de un sistema que las expulsa a las periferias sin servicios básicos, sin agua potable y sin dignidad. Una ley de propiedad que no contempla la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres y las infancias es una ley que consolida la violencia machista y económica.

Nos queda la organización comunitaria, la movilización y la batalla judicial. Exigimos una audiencia pública por las implicancias ambientales que tiene el proyecto y la consulta libre e informada de los Pueblos originarios.  Llegado el caso, impugnaremos esta ley en los tribunales y recurriremos si hace falta a los organismos internacionales. 

La verdadera seguridad jurídica es aquella que garantiza que los argentinos/as podamos seguir tomando decisiones soberanas en nuestro territorio. No permitiremos que nos arrebaten la utopía de una sociedad justa y un ambiente sano. La propiedad privada debe democratizarse, tener límites claros basados en el bien común y estar siempre supeditada al equilibro con la naturaleza y el respeto de la dignidad humana. 

Una ley no puede borrar de un plumazo los derechos conquistados con décadas de lucha. Seguiremos de pie, defendiendo la vida, el hábitat popular y la justicia ecológica, social y de género de frente a quienes pretenden convertir a los derechos en privilegios para unos pocos.

*Doctora en Derecho, Profesora titular de Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UBA), presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos