Para 2026, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tendrá un presupuesto de $ 4.725 millones, $ 868 millones menos que los vigentes en 2025. Esto representa una caída del 15,5%: en 2025 el dinero asignado al organismo asciende a los $ 5.593 millones. En términos reales (si se considera la inflación), estará 25 puntos por debajo de las estimaciones oficiales para el próximo ciclo.
La disminución en el presupuesto, si bien ocurre en el marco de un ajuste generalizado en áreas sensibles como la salud y la educación, tendría un fundamento que va más allá del superávit. Según un informe del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), el objetivo del avance del gobierno nacional sobre el INAI –que pasó, durante la actual gestión, de ser un organismo descentralizado a uno dependiente de la Jefatura de Gabinete– es el de liberar los territorios para la explotación y de esa manera allanar el camino para que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) encuentre un espacio donde desplegarse sin obstáculos.
“Sin dudas hay intereses económicos, ansias de negocios y beneficios diseñados para fortalecer a las corporaciones; pero lo que está en juego va mucho más allá del mero afán de lucro”, explica Silvina Ramírez, la autora del trabajo. “En el actual contexto político en Argentina, el gobierno nacional parece desatenderse de las competencias concurrentes y, apelando a un argumento que privilegia las autonomías provinciales, va dejando gradualmente cualquier accionar a las provincias, a la par que desfinancia o paraliza programas de órbita federal”, continúa.
Lo que fue presentado como un rediseño del organismo incluyó la eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) y del Programa de Fortalecimiento Comunitario. El primero era el encargado del reconocimiento de las personerías jurídicas a nivel nacional: “una herramienta política y un reconocimiento estatal a la existencia colectiva de los pueblos originarios como sujetos de derecho público”, detallan. El Gobierno dispuso en 2024 que, hasta tanto no se crearan o consolidaran registros provinciales, se suspenderían todos los trámites en curso.
El programa de Fortalecimiento Comunitario otorgaba fondos no reintegrables para “asesoramiento legal, contable, y subsidios para litigios y mensuras de tierra”.
Por otro lado, y a través del DNU 1083/2024 publicado en 9 de diciembre de 2024 en el Boletín Oficial, el Ejecutivo derogó la prórroga de la ley de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena (26.160), que resguardaba a las comunidades de los desalojos.
Lo cierto es que sin estos instrumentos las comunidades quedan desprotegidas frente a estas situaciones y a juicios en los que se dispute la tenencia de la tierra. Los territorios, remarcan, quedarían “despejados” para futuros desarrollos económicos.
Ahora la responsabilidad de registrar a las comunidades quedará en manos de las provincias, que ya tenían facultad para hacerlo, aunque con serios inconvenientes. El estudio afirma que en muchos distritos el reconocimiento estaba supeditado a intereses políticos y económicos. Por otro lado, y en base al relevamiento que hizo PERFIL sobre el proyecto de Presupuesto 2026, las transferencias previstas a las provincias en el marco de las actividades desarrolladas por el INAI aumentarán respecto a 2025, pero siguen muy por debajo de 2023, cuando las responsabilidades todavía eran compartidas.
Para 2023 al ítem “transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes” se destinaron $ 357 millones, de los que finalmente se ejecutaron $ 297 millones. En 2024 se le asignaron a este rubro un total de $ 341 millones, de los que se devengaron $ 175 millones. Finalmente, en 2025, se le consignó un total de $ 150 millones, de los que se gastaron $ 136 millones (menos aun que lo devengado en 2024).
En provincias como Mendoza, por ejemplo, todavía no se creó un registro local, aseguró a PERFIL Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena de identidad quechua-kolla de la Asociación Xumek. La especialista advirtió que la eliminación del registro nacional tiene un impacto directo sobre los juicios o litigios territoriales que se inicien de ahora en adelante: “la personería jurídica lo que tiene es un efecto tipo declarativo. Las comunidades indígenas no necesitan personería para ejercer sus derechos” a pesar de que en la práctica esto no se cumpla. “Últimamente los tribunales exigen personería jurídica a las comunidades para reconocerlas en el marco de procesos judiciales, que en la mayoría de los casos son por temas territoriales”. Las comunidades que iniciaron los trámites que no fueron resueltos antes del cierre del Renaci o aquellas que todavía no lo hayan iniciado, por lo general, no tienen en dónde comenzarlo: el resultado es que no se las reconoce como parte en procesos judiciales ni de instancias de consulta para, por ejemplo, la instalación de industrias extractivas en sus territorios.
En el informe citado también se mencionan algunos casos puntuales. En Tucumán (la provincia como mayor cantidad de personas que se reconocen como indígenas según el último censo de población), “los desalojos se multiplicaron, impulsados por un gobernador expresamente alineado al poder central, que, aprovechándose del contexto político, avanza sobre territorios ancestrales”. El artículo se refiere particularmente al caso de la comunidad Diaguita Indio Colalao. “En abril del corriente año cinco familias fueron desalojadas del paraje La Ovejería” con el objetivo de instalar un proyecto turístico que “se impone frente a comunidades que viven de su producción local –leche, quesillos— y que acreditan posesión con actas de nacimiento, defunciones, sitios sagrados y una permanencia continuada en el territorio”.
