Lo que un país no invierte en cultura empobrece a la sociedad
Al crear Charles De Gaulle, en Francia, el Ministerio de Asuntos Culturales al frente de André Malraux y, en Argentina, con el Instituto Nacional de Cinematografía y, luego, la Ley de Cine, ambos países demostraron que entregar “la cultura enteramente al mercado es una forma de empobrecerla”, sostiene el autor.
Hay una forma de hablar del ajuste cultural que lo presenta como una cuestión técnica, una línea presupuestaria que sube o baja según la coyuntura fiscal. Esa forma de hablar es, en sí misma, una posición política, porque despoja de intención lo que es, en los dos países que me interesa mirar aquí, una elección deliberada.
Ni en Francia ni en la Argentina el retroceso del Estado en materia cultural es un accidente contable.
Es la aplicación, con matices locales, de una misma ortodoxia, la que sostiene que el arte es un gasto discrecional y no una infraestructura, y que puede recortarse antes que cualquier otra cosa porque, a diferencia de un hospital o una escuela, su ausencia no se nota de inmediato.
Francia y la Argentina comparten, además, casi un siglo de intercambio cultural, desde las escalas de Saint-Exupéry en la Aeroposta Argentina hasta la revista Sur de Victoria Ocampo, desde los estudios de Astor Piazzolla con Nadia Boulanger hasta el acuerdo de coproducción cinematográfica de 1984. Esa historia común vuelve más incómoda, no menos, la pregunta de qué estamos dispuestos a dejar de sostener.
Conviene recordar de dónde vienen estas dos políticas culturales, porque ninguna de las dos nació de la nada, y ambas fueron, en su momento, una apuesta deliberada por sacar al arte de la lógica pura del mercado. En Francia, el gesto fundador tiene fecha, 1959, cuando el general De Gaulle crea un Ministerio de Asuntos Culturales y pone al frente a André Malraux.
En la Argentina, la intervención estatal en el cine tiene una genealogía paralela y casi contemporánea, con la creación del Instituto Nacional de Cinematografía y la posterior Ley de Cine. Dos países, dos historias, pero una misma convicción de origen, la de que dejar la cultura enteramente al mercado es una forma de empobrecerla.
Esa convicción es, precisamente, la que hoy se pone en duda de los dos lados del Atlántico, aunque con vocabularios distintos. En Francia nadie se declara enemigo de la excepción cultural, el ajuste avanza bajo el lenguaje neutro de la responsabilidad fiscal. En la Argentina, en cambio, el debate se formula de manera mucho más frontal y alcanza directamente al papel del Estado en la financiación de la cultura.
Lo interesante no es afirmar que ambos procesos son equivalentes, porque no lo son. Es observar cómo, a velocidades distintas, terminan afectando lo mismo. Primero los presupuestos, después los equipos, finalmente la capacidad misma de una institución para cumplir su misión.
El mercado no reemplaza lo que el Estado deja de sostener, lo selecciona. Cuando el fomento público se retira, no desaparece toda la producción cultural. Desaparece antes la que no puede financiarse sola, la película sin estrella conocida, el museo regional sin turismo internacional, el instituto de investigación histórica sin rédito inmediato. Lo que queda es una cultura cada vez más filtrada por la capacidad de pago y por la rentabilidad de corto plazo.
Esa selección tiene también un costo en términos de autonomía cultural. Una cinematografía, una red de museos o una política patrimonial no son solamente sectores de actividad. Son formas de decidir qué historias un país quiere contar, qué obras quiere conservar y quién tendrá todavía acceso a ellas cuando el mercado haya decidido que no son suficientemente rentables.
Vale la pena hacer explícita la pregunta que casi nunca se formula en esos términos. Si el Estado se retira, alguien más ocupa ese lugar, y ese alguien rara vez es anónimo.
Las grandes plataformas, las cadenas de distribución y los actores privados no tienen por qué perseguir los mismos objetivos que una política pública. Su lógica no es ilegítima, pero es otra.
Por eso la discusión no debería agotarse en saber cuánto cuesta sostener la cultura. La pregunta más difícil es qué clase de sociedad se construye cuando dejamos de hacerlo. Y qué parte de aquello que tardó décadas en levantarse estaremos dispuestos a reconstruir cuando descubramos que ya no está.
*secretario general de CFDT-Culture, sindicato francés de trabajadores del Ministerio de Cultura y de sus establecimientos públicos
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