Malvinas, Milei y los fuegos de artificio

Las cuestiones que, por su trascendencia histórica, deberían estar definitivamente a salvo de las necesidades electorales de cualquier gobierno, y Malvinas es una de ellas. No pertenece a Milei, ni a su gobierno, ni a ningún partido político. Es una causa nacional que atravesó generaciones, gobiernos civiles y militares, dictaduras y democracias, y que tiene fundamentos históricos y jurídicos que no necesitan ser reinventados cada vez que un presidente descubre la utilidad política de pronunciar la palabra soberanía.

Por eso, antes de dejarse impresionar por la escenografía, las palabras solemnes y los anuncios realizados por el presidente Milei el 3 de septiembre, conviene hacer algo elemental: revisar sus propios antecedentes, observar qué ocurrió efectivamente durante casi tres años de gobierno y, sobre todo, comprobar cuánto de lo anunciado es realmente nuevo y cuánto constituye la utilización tardía de instrumentos legales que la Argentina tiene desde hace más de una década, ya que una cosa son los discursos y otra muy distinta las políticas de Estado.

De los "votos con los pies" a la población implantada

Milei ayer sostuvo que los isleños, "al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación", lo que no es nada nuevo y coincide con la posición que la Argentina ha sostenido durante décadas: la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e insta a ambos gobiernos a negociar teniendo en cuenta los intereses —no los deseos ni una supuesta voluntad soberana— de los habitantes de las islas. Pero Milei no siempre se expresó con semejante claridad, ya que el 2 de abril de 2025 había afirmado: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros".

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La expresión no era menor. Hablar de que los isleños debían "elegir" ser argentinos colocaba nuevamente en el centro de la cuestión su voluntad, precisamente el argumento que Gran Bretaña utiliza desde hace décadas para sostener que son los kelpers quienes deben decidir el futuro de las islas. No significaba formalmente reconocer el derecho de autodeterminación, pero se aproximaba peligrosamente a la lógica británica del consentimiento como presupuesto de cualquier modificación del statu quo. Durante la campaña de 2023, Diana Mondino, que sería canciller, había expresado lo mismo, y Milei, durante el debate presidencial de ese año, se negó a contestar al respecto, eso sí, elogiando a Margaret Thatcher.

Cuando Gran Bretaña tenía "todo el derecho"

La contradicción se vuelve todavía más evidente si se recuerda la entrevista que Milei concedió a la BBC en mayo de 2024. Cuando le preguntaron por la visita del entonces canciller británico David Cameron a las Malvinas —una visita que el gobierno argentino había objetado formalmente—, Milei respondió: "... ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo".

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Naturalmente, sería incorrecto sostener que con esas palabras Milei reconoció jurídicamente la soberanía británica. No lo hizo. Pero sí legitimó políticamente el derecho de un alto funcionario británico a visitar el territorio ocupado basándose precisamente en que se encontraba "en manos del Reino Unido". Lo que constituye una importante diferencia, ya que reconocer la ocupación no significa el otorgamiento de derechos.

Mientras tanto, el gobierno británico no mostró semejantes sutilezas. Londres siguió afirmando durante toda la gestión de Milei que no tiene dudas respecto de su soberanía y que no negociará sobre ella sin la conformidad de los isleños. En junio de 2026 reiteró oficialmente ante la OEA que no puede existir negociación alguna sin el acuerdo y la participación de los habitantes de las islas.

La fascinación por Margaret Thatcher

A todo esto debe agregarse una particularidad difícil de comprender en un presidente argentino que pretende encabezar ahora una ofensiva en defensa de Malvinas: su reiterada admiración por Margaret Thatcher. No estamos hablando de una dirigente extranjera cualquiera, sino de la primera ministra británica que condujo políticamente la guerra de 1982, ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña y convirtió la victoria militar británica en uno de los grandes instrumentos de consolidación de su gobierno. Milei nunca ocultó su admiración por ella. La reiteró durante la campaña electoral, durante el debate presidencial y nuevamente como presidente en su entrevista con la BBC, donde también la ubicó junto a Ronald Reagan y Winston Churchill entre las figuras que admiraba.

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Naturalmente, cualquier ciudadano puede admirar a quien quiera. Pero un presidente no es un ciudadano privado cuando habla públicamente. Y resulta cuanto menos desconcertante que quien ocupa la Presidencia de una Nación que mantiene una disputa territorial con el Reino Unido exteriorice reiteradamente su admiración por quien encarnó políticamente la guerra que terminó con más de mil argentinos muertos.

Casi tres años y ninguna negociación sobre soberanía

Ahora bien, más allá de las palabras, lo verdaderamente importante es preguntarse qué consiguió el gobierno de Javier Milei respecto del objetivo esencial establecido por la Constitución Nacional: recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional. Allí la respuesta es mucho menos espectacular que el discurso presidencial.

Durante la gestión de Milei hubo declaraciones multilaterales favorables a la reanudación del diálogo, protestas diplomáticas, contactos con funcionarios británicos, notas de desaliento a empresas que pretendían participar de actividades no autorizadas y conversaciones sobre cuestiones prácticas. El propio gobierno contabiliza 18 resoluciones o declaraciones internacionales de apoyo y más de 60 propuestas formales. Y en este aspecto nada cambió, porque Gran Bretaña jamás quiso sentarse a negociar nada. Es más, siempre reiteraron que su soberanía es innegociable.

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En febrero de 2024, cuando Mondino se reunió con David Cameron, ambas partes simplemente constataron que mantenían su desacuerdo sobre la cuestión. En septiembre de ese mismo año, Mondino y el canciller David Lammy acordaron avanzar en cuestiones humanitarias, conectividad y conservación pesquera bajo la conocida fórmula de salvaguarda de soberanía. Ninguno de esos contactos significó la reapertura de una negociación bilateral sobre la cuestión central.

En junio de 2025 el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas tuvo que volver a pedir —una vez más— que Argentina y Gran Bretaña reanudaran las negociaciones. Y en 2026 la representación argentina seguía expresando ante el mismo organismo su disposición a comenzar negociaciones sustantivas mientras reclamaba que Londres hiciera lo propio, lo que este nunca hizo, y allí quedó todo. Puras expresiones y la retórica habitual.

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Cuando Trump fue consultado sobre el tema, se limitó a decir que revisa todas las posiciones y que esta era "una de muchas". No anunció un cambio de política, no reconoció la soberanía argentina y tampoco comunicó que Estados Unidos abandonaría su posición tradicional respecto de la disputa. Milei ha tratado de torcer la intención de la frase, como si la misma significara un apoyo explícito a la Argentina, y no lo es. Convertir una frase ambigua de Trump en un triunfo de la diplomacia argentina es adelantarse a los acontecimientos.

La ley que Milei descubrió quince años después

Pero quizá lo más llamativo de los anuncios presidenciales tenga que ver con las sanciones a las empresas que participan de la explotación ilegal de nuestros recursos naturales en el área de Malvinas. Allí existe una historia que convenientemente parece haberse olvidado, porque Argentina ya cuenta con un régimen legal específico desde 2011.

Se trata de la Ley 26.659, conocida habitualmente como Ley Pino Solanas, originada en una iniciativa presentada en marzo de 2010 por "Pino" Solanas junto a otros diputados. El proyecto 0551-D-2010 establecía condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y buscaba impedir que empresas que actuaran sin autorización argentina en el área de Malvinas pudieran simultáneamente desarrollar actividades en el territorio continental del país. Se convirtió en ley el 16 de marzo de 2011. La citada norma prohibió que personas físicas o jurídicas que realizaran actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina mantuvieran determinadas relaciones económicas con el Estado y estableció inhabilitaciones para operar en el país. Dos años después, a través de la ley 26.915, sancionada en noviembre de 2013, se modificó la Ley 26.659 e incorporó penas de prisión de cinco a diez años para quienes realizaran exploración sin autorización y de diez a quince años para actividades de extracción, además de multas, decomisos e inhabilitaciones.

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En los artificios del discurso de Milei y las disposiciones consecuentes, esto es particularmente significativo porque el decreto de Milei 868/2026 no parte de un vacío legal: invoca expresamente las leyes 26.659 y 26.915, estableciendo mecanismos para agilizar, coordinar y hacer más efectiva su aplicación. Obliga a organismos nacionales a comunicar posibles infracciones, fija plazos y articula controles administrativos. En ningún caso es la creación de un nuevo sistema de defensa de nuestros recursos, ya que la norma fundamental existía y lleva el nombre de alguien al que difícilmente pueda asociarse con las concepciones económicas, políticas y estratégicas de Javier Milei.

¿Qué hay realmente de nuevo?

El Gobierno anunció mayores sanciones contra las empresas que participan de la explotación ilegal de nuestros recursos en Malvinas, nuevos mecanismos de coordinación, inversiones militares en Tierra del Fuego y otras medidas que, en principio, pueden resultar útiles. Pero una cosa es reconocer esas decisiones y otra aceptar que se las presente como una novedad histórica.

La legislación fundamental para sancionar a las petroleras que operan ilegalmente en nuestra plataforma continental existe desde hace quince años. Las penas de prisión fueron incorporadas en 2013. La obligación de negociar con Gran Bretaña está planteada internacionalmente desde la Resolución 2065 de 1965. El carácter de población implantada de los isleños forma parte desde hace décadas de la posición argentina, y la Constitución Nacional establece desde 1994 que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable. ¿Cuál es entonces la novedad planteada en la espectacularidad si las normas ya existían? Y la urgencia sobre Sea Lion no apareció ayer.

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Malvinas y la oportunidad política

Varias encuestas vienen mostrando un deterioro de la imagen presidencial, de la confianza en la gestión y de las expectativas económicas, y de alguna manera el gobierno buscaba algún hecho significativo que, por lo menos, frenara ese deterioro, usando una causa que ha sido un emblema de nuestra soberanía. Y ante tanta hojarasca mileísta es inevitable preguntarse por qué un gobierno que durante casi tres años no consiguió que Gran Bretaña aceptara siquiera abrir una negociación sobre soberanía, que relativizó la visita de un canciller británico a las islas, que habló de que algún día los malvinenses podrían "votarnos con los pies" y cuyo presidente nunca ocultó su admiración por Margaret Thatcher, descubre súbitamente una retórica encendida sobre soberanía cuando las encuestas empiezan a mostrar un desgaste cada vez más evidente.

Los fuegos de artificio

Malvinas necesita algo mucho más serio que discursos, proclamas y una retórica que no hace mella en el gobierno británico, que reiteradamente enfatiza sus derechos sobre las islas. Necesita una política exterior persistente, alianzas regionales, presencia efectiva en el Atlántico Sur, desarrollo naval, científico y pesquero, control de nuestros espacios marítimos y aplicación rigurosa de las leyes contra quienes explotan ilegalmente nuestros recursos.

Pino Solanas impulsó esas leyes cuando defender la soberanía sobre los recursos naturales no era una consigna circunstancial. Antes había denunciado la prórroga de Cerro Dragón, cuando nadie se atrevía a hacerlo, y habló de Malvinas sin cadenas nacionales, escenografías ni campañas publicitarias, porque tenía convicciones mantenidas desde siempre en sus luchas políticas.

Porque después de casi tres años de gobierno existe un dato que ningún discurso puede ocultar: Gran Bretaña no cedió un centímetro, no aceptó discutir la soberanía y continúa avanzando sobre los recursos naturales de las islas y sus aguas circundantes. Esa es la realidad, y todo lo demás son hechos administrativos irrelevantes, propaganda y retórica, ya que la soberanía es otra cosa.

Malvinas no puede convertirse en una bengala electoral que se enciende cuando caen las encuestas. Porque los fuegos de artificio hacen ruido, iluminan durante unos segundos y después se apagan. Y cuando el humo desaparece, las islas siguen ocupadas, los británicos siguen explotando nuestros recursos y la soberanía argentina continúa esperando algo mucho más difícil que un discurso: una verdadera política de Estado.

(*) Director del Observatorio de la deuda pública