Milei, Caputo y las falsedades numéricas

En la historia de nuestra vida independiente fueron muchos los gobernantes que difundieron datos equivocados ocultaron realidades incómodas, tergiversaron cifras económicas o intentaron justificar sus errores mediante teorías que poco tenían que ver con lo que ocurría en la vida cotidiana de los argentinos. Tampoco faltaron presidentes de temperamento difícil, enfrentamientos violentos ni palabras desmesuradas. Domingo F. Sarmiento, por ejemplo, hizo del combate verbal una de las características de su personalidad pública y fue capaz de expresiones extremadamente duras contra quienes consideraba sus adversarios.

Pero aun teniendo en cuenta esos antecedentes, resulta difícil encontrar en nuestra historia presidencial un fenómeno comparable con el que protagoniza Javier Milei.

No se trata de un exabrupto ocasional pronunciado en medio de una discusión, de una frase desafortunada ni de la respuesta intempestiva de alguien sorprendido por una pregunta. Estamos ante una forma sistemática de comunicación política, desarrollada casi diariamente desde la Presidencia de la Nación y difundida a través de una utilización abrumadora de las redes sociales.

Periodistas, comunicadores, economistas, dirigentes políticos, legisladores y cualquiera que contradiga el relato gubernamental puede convertirse inmediatamente en destinatario de insultos, agravios y descalificaciones personales.Y no se trata solo de descalificaciones o alguna expresión subida de tono sino que utiliza un lenguaje soez y escatológico impropio de un jefe de Estado.

Milei ha calificado públicamente a periodistas como “basuras”, “mentirosos”, “extorsionadores” y “prostitutas de los políticos”; ha difundido la consigna de que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y ha reproducido desde su propia cuenta publicaciones agraviantes realizadas por funcionarios o seguidores. 

FOPEA registró, entre otros episodios, ataques individualizados contra numerosos periodistas y calificó ese comportamiento como parte de un patrón reiterado de discurso estigmatizante.Las periodistas mujeres tampoco quedaron al margen de esa violencia verbal. Han sido destinatarias de agravios personales y expresiones particularmente degradantes. 

El 30 de septiembre de 2026, Milei volvió a atacar desde su cuenta de X a la periodista Maru Duffard, a quien calificó, entre otras expresiones, de “zurda inmunda” y “basura corrupta”. También existen antecedentes documentados de ataques contra Julia Mengolini, Sofía Diamante, Débora Plager, Liliana Franco, María O’Donnell y otras comunicadoras.Pero quizás resulte todavía más preocupante que esa forma de comunicación no aparezca como un exceso que provoque incomodidad dentro del propio oficialismo.

Contrariamente a lo que podría suponerse, ministros, funcionarios, legisladores y militantes vinculados a La Libertad Avanza suelen reproducir, acompañar o celebrar esas expresiones, generando una suerte de legitimación colectiva del agravio como instrumento político. Lo que antiguamente hubiera obligado a un funcionario a dar explicaciones parece haberse incorporado a una nueva normalidad comunicacional donde la descalificación sustituye al argumento y el insulto pretende reemplazar la discusión de los hechos, lo que nos plantea una cuestión institucional mucho más profunda. 

El Presidente de la Nación no es simplemente un ciudadano que participa de una discusión en una red social. Representa al Estado argentino, ejerce la máxima magistratura de la República y dispone de una capacidad de difusión incomparablemente superior a la de cualquiera de aquellos a quienes agrede, y debido a eso existe una diferencia esencial entre la crítica que puede formular un periodista contra un gobierno y el ataque que desde la cúspide del poder estatal se dirige contra ese periodista.

Lo que es inadmisible es crear primero el punto máximo y después atribuirse como éxito extraordinario haber descendido desde él, omitiendo de dónde se partió"

FOPEA lo expresó con claridad al señalar que la crítica y la réplica forman parte del debate democrático, pero que el agravio proveniente de la máxima autoridad del Estado degrada la conversación pública y puede intimidar el ejercicio profesional del periodismo.Y existe además otro fenómeno, donde la violencia del lenguaje suele estar acompañada por una violencia parecida contra los hechos. 

Así como se insulta al que pregunta, también se desacredita al que muestra una cifra incómoda; se cuestiona al organismo estadístico cuando sus números no sirven al relato oficial; se modifican las bases de comparación; se toman períodos cuidadosamente seleccionados y se presentan conclusiones que, observadas en su contexto, cuentan una realidad muy distinta.

De esa manera, el insulto y la manipulación del dato terminan formando parte de una misma construcción política: desacreditar primero a quien contradice y luego instalar como verdad aquello que conviene repetir. No pretendemos discutir ideologías, ni gustos personales, ni siquiera estilos presidenciales. Solo se trata de confrontar palabras con documentos. Lo que afirma Javier Milei con lo que informa el INDEC, lo que sostiene Luis Caputo con los datos de la Secretaría de Finanzas, y de esta forma ver las diferencias sustanciales entre lo que se proclama desde un escenario con lo que muestran las estadísticas oficiales. Cuando esa comparación se hace cuidadosamente, aparecen contradicciones demasiado importantes como para ser explicadas como simples errores, ya que una cosa es equivocarse en una cifra., y otra muy distinta es construir sistemáticamente una realidad mediante cifras seleccionadas, afirmaciones imposibles y datos que los propios organismos del Estado terminan desmintiendo.

Es lo que nos interesa explicar.

Existe una particularidad cada vez más evidente en el discurso económico del gobierno de Javier Milei. Cuando las estadísticas parecen acompañar el relato oficial, los números son exhibidos como verdades incontrovertibles. Pero cuando esos mismos números comienzan a mostrar pobreza creciente, caída de la actividad, retroceso industrial, pérdida de empleo o endeudamiento, entonces las estadísticas dejan súbitamente de ser confiables.

Si realmente la economía argentina hubiera crecido 16,4% durante el período considerado, sería difícil explicar lo que está informando el INDEC: durante el segundo trimestre 2026 PBI cayó 0,6% respecto del trimestre anterior"

No estamos hablando de informes elaborados por opositores, sindicatos o economistas enfrentados con el Gobierno. Estamos hablando, en buena medida, de datos del propio Estado nacional.

El último episodio resulta particularmente revelador.Ante números del INDEC que mostraron un deterioro de distintos indicadores, Milei sostuvo que los índices estaban “arrojando cualquier cosa”, lo que resulta una afirmación extraordinaria, porque el organismo estadístico depende del propio Poder Ejecutivo que él encabeza. Y los números que el Presidente cuestiona son inequívocos: la pobreza pasó del 28,2% en el segundo semestre de 2025 al 32,3% en el primer semestre de 2026. La indigencia, a su vez, alcanzó al 7,5% de las personas, lo que significa un aumento de 2.000.000 millones de pobres más.

Es decir que la pobreza, después de haber descendido desde su extraordinario pico de comienzos de la gestión Milei, volvió a aumentar cuatro puntos porcentuales en apenas seis meses, a esta realidad se sucede un enmascaramiento de la realidad cuando el Gobierno continúa repitiendo que sacó a “12 millones” —y Milei llegó a hablar de 14 millones— de argentinos de la pobreza. En varios meses dio distintas cifras, que fueron aumentando y fueron seguidas por el ministro Caputo, como si los datos del INDEC no mostraran que estaban mintiendo.

El problema es el punto elegido para comenzar la comparación.Para obtener esos números se compara la situación actual con el momento de mayor pobreza registrado cuando Milei ya gobernaba, después de la devaluación de diciembre de 2023 y del extraordinario aumento inicial de precios. Si en cambio se compara con el último trimestre de 2023, al finalizar la administración anterior, la diferencia es sustancialmente menor. 

Chequeos realizados sobre datos de la EPH mostraron precisamente que la cifra de los doce millones surge de seleccionar como base aquel pico posterior a la asunción de Milei. Entonces no se trata entonces de negar que la pobreza descendió después de aquel pico sino lo que es inadmisible es crear primero el punto máximo y después atribuirse como éxito extraordinario haber descendido desde él, omitiendo de dónde se partió, a lo que se suma que  hay un dato imposible de esconder: el último registro volvió a colocar a casi uno de cada tres argentinos bajo la línea de pobreza.

El crecimiento del 16,4% que no aparece en el PBI

El martes 29 de septiembre, Luis Caputo volvió a exhibir una impresionante colección de cifras durante el CFO Summit. Según el ministro, durante la gestión Milei la economía creció 16,4%, las exportaciones aumentaron 55%, el crédito privado 147%, las reservas netas US$ 23.000 millones y la deuda consolidada cayó US$ 11.000 millones.

El problema vuelve a ser cómo se construye la comparación. Si realmente la economía argentina hubiera crecido 16,4% durante el período considerado, sería difícil explicar lo que está informando el INDEC. El organismo acaba de señalar que durante el segundo trimestre de 2026 el PBI cayó 0,6% respecto del trimestre anterior, y en julio ocurrió algo todavía más significativo: el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 1,4% interanual y 2,9% respecto de junio en términos desestacionalizados.Además, mostró otras cifras, “avalancha las llamó”, que también están refutadas por el INDEC, aunque carece del pudor para ser más prudente y no articular  que se le puede mostrar que está mintiendo de manera descarada.

La industria manufacturera mostró en julio una caída interanual de 4,9%, y de 5% respecto del mes anterior. La construcción retrocedió 4,5% interanual y 4,6% mensual. Las ventas de supermercados, medidas a precios constantes, disminuyeron 2,1% respecto de julio de 2025, acumulando una caída del 2,7% durante los primeros siete meses del año.Todo esto no significa que la economía no haya recuperado parte de la brutal contracción inicial de 2024. 

Significa algo distinto: presentar como “crecimiento económico del 16,4%” una comparación cuidadosamente elegida entre determinados puntos de una serie no equivale a decir que el PBI argentino haya crecido 16,4% durante la gestión. Caputo debería saberlo mejor que nadie, pero siempre miente a sabiendas, aunque las cifras le muestren la torpeza con la que exhibe datos inconsistentes.

En cuanto al totem del superávit fiscal, presentado por el Gobierno como una de las grandes conquistas de su gestión, merece ser examinado más allá de la frialdad de las planillas contables. Porque un resultado positivo entre ingresos y gastos puede ser formalmente cierto y, al mismo tiempo, ocultar la forma en que fue construido.

No existe ninguna virtud económica especial en gastar menos si ese menor gasto se obtiene deteriorando salarios públicos, reduciendo en términos reales jubilaciones y prestaciones sociales, paralizando obras, demorando pagos o dejando sin ejecutar partidas que habían sido autorizadas precisamente para atender necesidades concretas de la sociedad. 

La propia Oficina de Presupuesto del Congreso señaló durante 2026 caídas reales en haberes, salarios públicos y prestaciones sociales como consecuencia de actualizaciones inferiores a la inflación. También registró una reducción real del gasto en numerosos programas sociales.Un Estado siempre puede mejorar artificialmente sus cuentas si deja de hacer aquello que está obligado a hacer. 

Puede postergar una obra, no reparar una ruta, diferir un pago, reducir una transferencia, licuar un salario o demorar una prestación. Contablemente, el gasto desaparece o se traslada hacia adelante; materialmente, el problema continúa existiendo y muchas veces se agrava.

Lo mismo ocurre con hospitales, universidades, organismos científicos o cualquier área en la que la subejecución presupuestaria permite mostrar mejores números presentes trasladando hacia el futuro costos que inevitablemente alguien tendrá que afrontar. 

Hay además un aspecto que suele quedar deliberadamente fuera del discurso oficial. Mientras se exige austeridad sobre salarios, jubilaciones y prestaciones, los intereses de la deuda continúan absorbiendo recursos crecientes. La OPC informó que durante los primeros siete meses de 2026 el pago de intereses aumentó 26,2% en términos reales, mientras se reducía el poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y remuneraciones estatales.

De manera que el problema nunca fue simplemente determinar si existe o no superávit. El interrogante fundamental es otro: quién paga ese superávit y qué obligaciones se dejan de cumplir para conseguirlo.Allí aparece quizás la ficción más importante de todas: presentar como eficiencia lo que muchas veces no es otra cosa que postergación del gasto, licuación de ingresos y transferencia de costos hacia la sociedad y hacia el futuro.

La deuda que "bajó"

Otro de los datos exhibidos por el ministro merece una consideración especial. Caputo afirmó que durante la administración Milei la deuda consolidada disminuyó aproximadamente US$ 11.000 millones.El número puede obtenerse utilizando una determinada metodología que consolida obligaciones del Tesoro y del Banco Central y descuenta movimientos entre organismos públicos. Pero sería necesario agregar inmediatamente otra cifra, que el ministro convenientemente no destacó.

Según información de la propia Secretaría de Finanzas, la deuda pública bruta alcanzó en agosto de 2026 los US$ 484.917 millones cuando solo en noviembre del 2025 era de US$ 445.985. Es decir: puede sostenerse técnicamente que determinado concepto de “deuda consolidada” disminuyó porque se computa el desarme de pasivos remunerados del Banco Central y otros movimientos internos.

Pero no hay manera de ocultar que la deuda bruta de la Administración Central aumentó y lo sigue haciendo, debiendo advertir que el gobierno no computa los intereses devengados que aumentaría las obligaciones a una suma mucho mayor. Y un solo ejemplo que es contundente:al termino del gobierno de Alberto Fernández la deuda con el FMI era de 40.000 millones de dólares, actualmente supero los 58.000 millones.

Además, hubo un significativo cambio en la composición del endeudamiento: mientras disminuyeron determinados pasivos intraestatales, aumentó la exposición con organismos internacionales y acreedores externos. Análisis basados en cifras oficiales ya habían señalado que la deuda bruta en moneda extranjera con privados y organismos aumentó durante la actual gestión.Por lo tanto, decir simplemente que “bajamos la deuda” resulta, cuanto menos, profundamente engañoso, por ser prudentes.

El empleo que tampoco acompaña el relato

Tampoco el mercado laboral muestra esa economía pujante que describen los discursos oficiales. La desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino muestran que en junio había 6,09 millones de asalariados privados registrados, con una nueva caída mensual del 0,1%.

La Encuesta de Indicadores Laborales del propio Gobierno registra, además, que el empleo privado relevado en los principales aglomerados urbanos cayó 1,1% interanual en julio.

Desde fines de 2023 hasta junio de 2026 la Argentina perdió más de 350.000 puestos de trabajo asalariados registrados. De ellos, casi 250.000 correspondieron al sector privado. Y esa caída fue parcialmente disimulada en las estadísticas generales por el crecimiento del monotributo, que no ofrece las mismas condiciones ni derechos que una relación laboral asalariada. 

Entre enero y agosto de 2026 hubo 744 expulsiones y 18.947 rechazos migratorios; durante 2025 se habían producido 772 expulsiones"

A lo que debemos agregar las más de 30.600 empresas desaparecidas, y muchas grandes que cada vez tienenmás dificultades. Es difícil conciliar esos números con la descripción de una expansión extraordinaria que muestra artificiosamente el gobierno. Puede haber sectores que crezcan —energía, minería, determinados segmentos agroexportadores— y efectivamente los hay. 

Pero una economía nacional no se mide seleccionando solamente los sectores exitosos y haciendo desaparecer aquellos que retroceden.Industria, construcción, comercio, empleo y consumo también forman parte de la economía argentina, y son los que más puestos de trabajo generan.

Los 30.000 “terroristas”

Pero quizás ninguna declaración reciente resulte tan extraordinaria como la realizada por Javier Milei cuando aseguró que durante 2025 se habían expulsado 10.000 “terroristas” y que solamente durante 2026 se habían deportado otros 20.000. 

No habló de sospechosos o de inmigrantes que fueran rechazados, o personas con problemas migratorios, sino de activistas que pensaban ejercer acciones violentas. Sin embargo, cuando se observan los registros oficiales aparece una realidad completamente diferente.

Según datos del Ministerio de Seguridad citados después de las declaraciones presidenciales, entre enero y agosto de 2026 hubo 744 expulsiones y 18.947 rechazos migratorios, fundamentalmente por incumplimientos documentales o requisitos de ingreso. Durante 2025 se habían producido 772 expulsiones, en numerosos casos relacionadas con delitos comunes. 

No aparece evidencia oficial de que esos miles de personas hayan sido terroristas.Más aún: el propio jefe de inteligencia había señalado que no existían amenazas terroristas concretas recientes contra la Argentina, mientras posteriormente desde el Gobierno se intentó relativizar la expresión presidencial hablando de “posibles amenazas”. 

Esto no es una diferencia menor, ya que una persona con problemas de documentos, o aún la que hubiera sido condenada por un delito común no puede ser equiparada a un terrorista. Confundir deliberadamente categorías tan distintas significaría convertir una estadística migratoria en una amenaza de seguridad nacional que los propios registros estatales no acreditan. 

Si efectivamente hubieran ingresado al país 30.000 terroristas en apenas dos años, estaríamos frente al mayor fracaso de inteligencia y seguridad de nuestra historia reciente, que exigiría explicar cómo entraron, a qué organizaciones pertenecían, qué operaciones preparaban, de qué países provenían y por qué no existen miles de causas judiciales relacionadas con semejante fenómeno.

Cuando los datos sirven y cuando molestan    

Hay aquí una metodología que se repite. Cuando baja la inflación, el INDEC es presentado como prueba indiscutible del éxito, pero cuando aumenta la pobreza, el Presidente cuestiona los indicadores Si la actividad rebota desde el pozo de la recesión inicial, se eligen dos extremos de la serie y se anuncia un crecimiento espectacular.Cuando después la economía vuelve a caer, se habla de “desaceleración”, utilizando siempre palabras que esconden la realidad.

Cuando se transfieren pasivos del Banco Central al Tesoro y se consolida la contabilidad estatal, se anuncia que bajó la deuda, pero cuando se observa el stock bruto, que en agosto llegó a US$ 484.917 millones, ese número desaparece del discurso. Cuando se rechaza el ingreso de extranjeros por razones migratorias, todos se convierten verbalmente en “terroristas”.

Cuando la pobreza cayó desde el máximo registrado ya bajo el propio gobierno, se afirma que doce o catorce millones de personas fueron rescatadas de ella, pero se omite que el último dato oficial volvió a elevarla al 32,3%.No se necesita construir ningún relato alternativo para advertir estas contradicciones, solo consultar las estadísticas del INDEC, y los datos de la página web del Ministerio de Economía que Luis Caputo parece que no consulta, y comparar lo que allí está escrito con lo que dicen públicamente el presidente y su ministro de Economía.

Los gobiernos pueden elegir sus cifras, sus fechas de comparación y los gráficos que mejor acompañen su relato. Lo que no pueden hacer es alterar la realidad por decreto, conferencia o propaganda.Detrás de los porcentajes que se difunden hay empleos perdidos, fábricas que producen menos, caída cada vez mayor del consumo, jubilaciones  y familias obligadas a resignar consumos esenciales.Las estadísticas pueden acomodarse durante un tiempo, pero la realidad, no. 

Cuando la distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana se vuelve demasiado grande, ya no está en discusión una metodología estadística: está en discusión la credibilidad de quienes gobiernan, Lo que no puede maquillarse para siempre es un país cuando empieza a mostrar, en cada fábrica cerrada, en cada empleo perdido, en cada jubilación deteriorada y en cada mesa familiar más vacía, el verdadero resultado de una política económica.

*Director del Observatorio de la Deuda Pública, historiador, autor de “Deuda o soberanía: Verdades ocultas sobre la dependencia” y “El FMI y la deuda. La Estructur de la dominación”, entre otras obras; profesor de la cátedra Deuda Externa, en la Facultad de Derecho (UBA)